Por diversas razones no he podido escribir mis artículos semanales, pero lo que he visto y leído recientemente me han motivado para retomar esta tarea. Me refiero a diferentes publicaciones que nos describen como el país más violento del continente, o en el mejor de los casos, como el segundo país más violento, así como a otras publicaciones que nos presentan como una nación poco amigable a la inversión, y por tanto a la generación de empleo. En ambos temas, en efecto vamos de mal en peor.
En cuanto a la violencia y la delincuencia, cada día nos trae noticias espeluznantes y desesperantes. El asesinato del hijo de la Rectora ha golpeado la conciencia nacional, y el impacto sobre la colectividad será aún peor si en efecto se prueba que hay elementos de la policía nacional involucrados en ese execrable acto. La combinación del narcotráfico, las maras y la delincuencia común se han convertido en un peso insoportable sobre la sociedad. Los impuestos de guerra, que antes afectaban solamente a las colonias marginales, ahora han ampliado su radio de influencia hasta llegar al centro de la ciudad. La impresión de la ciudadanía es que el sistema de seguridad nacional ha colapsado. El incremento de la delincuencia ha sido tan grande que han rebasado con creces la capacidad de las fuerzas de seguridad. Como resultado, impera un clima de impunidad del delito que invita a que más personas delincan, con la seguridad de que no serán atrapados, o que si lo son, quedarán en libertad rápidamente.
A mi juicio, el problema se agravó con el recrudecimiento de las actividades del narcotráfico. Sus actos delictivos, horribles e impactantes, han servido para poner en evidencia la incapacidad de nuestras fuerzas de seguridad, y esto a la vez, ha envalentonado a los pandilleros y a los delincuentes comunes. A mi entender, el problema del narcotráfico no tendrá solución a menos que Estados Unidos decida que el problema no solo es de suministro y tráfico, y que también se debe enfrentar la demanda en los países consumidores. Sin embargo, no veo la voluntad política en Estados Unidos para hacer esto, por lo que lo único que podemos hacer es exigir que Estados Unidos asigne suficiente recursos para impedir que la droga ingrese a nuestro país. Que en efecto les resulte mejor a los narcotraficantes enviar la droga por otra ruta. Paralelo a esto, debemos retomar el control del territorio nacional, procurando, si fuera necesario, la ayuda internacional. Si no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, entonces busquemos cascos azules o lo que se necesite, para retomar el control de nuestro territorio. Que no se me diga que eso vulneraría nuestra soberanía. Hay formas de manejar ese aspecto. En todo caso, si perdemos el control de nuestro territorio, si no podemos proteger la vida y los derechos de nuestros ciudadanos, ¿podemos realmente hablar de ser un país soberano? ¿Podemos siquiera pretender ser un país?
El torbellino de la violencia obviamente acarrea la violación de los derechos humanos. En nuestro caso preocupa sobremanera el asesinato de periodistas. Nuevamente las noticias son patéticas. Leía esta mañana que ahora somos uno de los países más peligrosos, en todo el mundo, para el ejercicio del periodismo. Lo peor en este caso, además de las muertes, por supuesto, es el temor que genera entre los periodistas, y la tendencia a la autocensura para evitar ser víctima. En otras palabras, se limita o se pierde la libertad de expresión e información, ambos pilares la para existencia de una nación soberana y democrática.
Al final, me parece que debemos repensar nuestro enfoque en cuanto a la lucha contra la delincuencia y el crimen. A mi juicio, el problema no se resolverá simplemente asignándole más presupuesto a la Secretaría de Seguridad. Hay que reconsiderar el enfoque, ya que el concepto de una policía nacional ha ya agotado todas sus posibilidades. Siento que se necesita una policía comunitaria, cercana y ligada a su comunidad, y eso implica municipalizar la policía, conservando una policía nacional dedicada únicamente a la investigación de ciertos delitos, como el narcotráfico y el secuestro. Todo lo demás debería dejarse en manos de las municipalidades. De hecho, algunas de ellas, como la de Puerto Cortés, decidieron desde hace algún tiempo, tomar cartas en el asunto, pero sus esfuerzos se han visto limitados y coartados por las limitaciones que nuestra legislación le impone a la policía municipal. Me parece que ese es el modelo que debemos seguir y que es la única manera de generar la confianza en las personas y la comunidad. Caso contrario, seguiremos inmersos en una situación en la cual los ciudadanos desconfían de la policía, y más que un aliado, ven un enemigo potencial en ella. En este mismo orden de cosas, me parece que la policía de investigación nacional debería estar bajo el mando del Ministerio Público.
Entiendo que algunas de estas decisiones no son fáciles de tomar. Hay muchos beneficiarios del sistema imperante y ellos serían los perdedores, en caso de optar por una reforma profunda de nuestro sistema de seguridad. Seguramente que las lectoras podrán identificar fácilmente a los actuales beneficiarios. Por supuesto que una reforma exitosa haría que la gran mayoría de los hondureños ganemos. Por esa razón me parece urgente que comencemos un diálogo nacional sobre este tema, y que igualmente de manera urgente implantemos las decisiones que resulten de nuestro diálogo. En cuanto al tema de la pérdida de terreno para atraer la inversión y generar empleo, me referiré a ello la próxima semana. Suficiente preocupación tenemos ya con el tema de la inseguridad.
