La semana pasada recibimos con agrado una buena noticia y con preocupación dos malas noticias. Permítanme comenzar con las malas noticias. Primero, la Corporación de la Cuenta del Desafío del Milenio decidió que no merecemos, en este momento, una segunda donación. Segundo, el Congreso decidió elevar a sesenta dólares la tasa que pagamos por salir del país por vía aérea, una cifra sin precedentes y que se debe a la decisión, equivocada a mi juicio, de trasladar el aeropuerto de Tegucigalpa a Palmerola. Ahora la buena noticia. El Congreso aprobó las reformas a la ley del INPREMA, con lo cual, suponiendo que se respetó el proyecto de ley que presentó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se podrá hacer frente a un serio problema que pudo haber dañado las finanzas nacionales e incrementado los impuestos que pagamos. Permítanme explicar en más detalle.
Durante la Administración Maduro nuestro país logró obtener una donación de $215 millones de la Cuenta del Desafío del Milenio del gobierno de los Estados Unidos. Fuimos el segundo país en obtener la donación, y el primero en completar las obras financiadas por ella. De acuerdo a todos los informes elaborados, el desempeño hondureño fue extraordinario y ha sido presentado como modelo mundial. Esto debe ser motivo de satisfacción y orgullo y debe llevarnos a felicitar a quienes dirigieron la unidad ejecutora. Como señalan los diferentes informes, la trayectoria es particularmente impresionante si se recuerda que se dio en el contexto de cuatro Administraciones públicas en Honduras, desde la presidida por el Presidente Maduro hasta la rectorada por el Presidente Lobo. La estructura que se diseñó para ejecutar el proyecto resultó ser tan sólida que pudo resistir los embates por manipularla y politizarla habidos durante la Administración Zelaya. Sin embargo, en esa misma Administración comenzó el deterioro de los indicadores que la Corporación de la Cuenta del Milenio utiliza para decidir si un país califica o no para recibir una donación. Ya en el segundo año de la gestión de esa Administración se había deteriorado el indicador que se refiere a la percepción de corrupción al grado que la donación casi fue cancelada. En efecto, el indicador de percepción de corrupción debe ubicarse por arriba de la media del valor alcanzado por los países elegibles y lamentablemente ese indicador todavía no ha mejorado lo suficiente como para que califiquemos para una segunda donación. Es una mala noticia, pero entiendo que la actual Administración está comprometida con el mejoramiento de los indicadores y eso podría permitir que el próximo año se revise nuestra situación y, con esfuerzo y dedicación, tal vez podamos entonces calificar y recibir una segunda donación.
El subir la tasa aeroportuaria a sesenta dólares es un golpe fuerte al bolsillo de los pasajeros y debo suponer que tiene su origen en la ampliación al contrato de concesión de nuestros aeropuertos, que ahora incluye la construcción de una terminal de pasajeros en Palmerola. La pregunta, por supuesto, es ¿por qué Palmerola? Tendremos un aeropuerto muy lejano de la ciudad que sirve. Si no estoy equivocado, tendremos, con una sola excepción, la distancia más larga en todo el continente. Ya las lectoras podrán imaginarse el gasto en combustible en el transporte por automóvil desde y hacia Palmerola. Por otro lado, la decisión tomada llevará al cierre de Toncontín, convirtiendo a Tegucigalpa en la única capital sin aeropuerto y generando el desempleo de quienes laboran allí. Lo peor es que esto no redundará en tarifas aéreas más bajas. Será tan, o más, caro viajar de Palmerola que de Toncontín. Si no estoy equivocado, los estudios hechos señalaban que lo lógico era convertir a San Pedro Sula en el principal aeropuerto del país. Después de todo, hoy en día por ese aeropuerto viaja el doble del número de pasajeros que viajan por Tegucigalpa. Por ello las tarifas son más bajas si se viaja por San Pedro Sula. Si se hubiera optado por limitar el tamaño de las naves que viajan a Toncontín, manteniendo el aeropuerto abierto para cierto tipo de aeronaves, y estipulado que el resto debería utilizar el aeropuerto de San Pedro Sula, entonces las tarifas aplicables a San Pedro habrían bajado más al aumentar el número de viajeros. Esa reducción hubiera permitido que quienes viajan desde Tegucigalpa por vía aérea, haciendo escala en San Pedro, pagaran aproximadamente lo mismo que pagan ahora. El país se hubiera beneficiado, y además no hubiera sido necesaria otra contratación directa que, como reiteradamente hemos dicho afecta la percepción de corrupción y por ende impide nuestro acceso a donaciones y préstamos.
El traslado del aeropuerto a Palmerola no tiene lógica, ni sentido, salvo que sea el inicio del desplazamiento de Tegucigalpa hacia Comayagua. Todos conocemos las dificultades que plantea el desarrollo de la infraestructura de Tegucigalpa, particularmente la dotación de agua potable. Por esa razón, no deja de tener sentido promover la descentralización y el traslado de parte de las entidades del gobierno hacia otras ciudades y regiones, y en ese contexto, el traslado del aeropuerto podría ser el inicio del éxodo. Cuando me tocó fungir como Secretario del Despacho de la Presidencia propuse a diputados amigos que trasladáramos el Congreso a Comayagua. Estaba seguro que podríamos obtener apoyo para construir un centro legislativo de primer orden en Comayagua, de diseño colonial y con suficiente espacio para facilitar las labores legislativas, incluyendo oficinas para cada diputado y para sus asesores. Lamentablemente, no hubo entusiasmo por la idea y tuve que abandonarla, pero tal vez ahora estemos presenciando una rectificación. Si así fuera, el traslado del aeropuerto podría tener sentido; caso contrario, el balance neto será negativo para el país.
En cuanto a la buena noticia, la referente a la aprobación de las reformas a la ley del INPREMA, permítanme, por favor, analizarla la próxima semana.
