INPREMA

En mi última columna del año pasado ofrecí referirme al tema del INPREMA, y ahora cumplo con lo prometido.  En resumen, los estudios actuariales demuestran que la situación del INPREMA es insostenible, y que, peor aún, si todas las personas que cumplen con los requisitos para acogerse a una pensión optaran por hacerlo, el INPREMA caería en la insolvencia.  En pocas palabras, no contaría con los recursos necesarios para pagar las pensiones de todos los pensionados.  Se trata, por tanto, no de un tema académico y cuyas consecuencias podrían afectarnos dentro de varias décadas, si no de un problema urgente que puede afectarnos negativamente a todos.  Al final, la pregunta es si las consecuencias de este desastre administrativos deben asumirlas los beneficiarios del sistema, o si el resto de nosotros, los hondureños que nada tenemos que ver en este descalabro, debemos pagar los platos rotos.  De más está decir que los dirigentes magisteriales, acostumbrados a pasarle la factura al pueblo, una vez más quieren que el gobierno, es decir, el resto de nosotros, carguemos con esta cuenta, y si no alzamos nuestra voz, seguramente que así será.  Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto?  Permítame, estimada lectora, tratar de explicar la génesis y la evolución del problema.

Los sistemas de pensión tradicionales (a diferencia de los nuevos sistemas originados en el modelo adoptado por Chile en los últimos 20 o 30 años) se basan en que las pensiones de los retirados se pagan con las contribuciones de quienes todavía están empleados y contribuyen al sistema.  Hay cinco variables fundamentales que determinan la viabilidad del sistema.  La relación entre el número de pensionados y el número de empleados (contribuyentes activos), el monto de las contribuciones de los empleados, el monto de las pensiones, la edad de retiro y la longevidad de los retirados.  Resulta evidente que entre más alta sea la relación entre retirados y contribuyentes activos, menos viable será el sistema.  Para ilustrar, si se supone que la aportación de cada contribuyente es igual a mitad de la pensión que recibe cada retirado, entonces claramente que el sistema caerá en la insolvencia si el número de retirados es más que la mitad del número de contribuyentes.  Esta situación se complica aún más si el monto de las contribuciones es bajo y el monto de las pensiones es alto.  Igualmente, el problema se agrava si la edad de retiro es baja (ya que más personas pueden acogerse al retiro) y si la longevidad de los pensionados se incrementa.  Todas estas variables son tomadas en cuenta para determinar los montos de las contribuciones, los montos de las pensiones y la edad de retiro.  Los cálculos se basan en premisas empleadas en cuanto a la relación entre contribuyentes y pensionados y en cuanto a la longevidad de los pensionados.  Como se trata de supuestos y premisas, resulta evidente que los cálculos de las contribuciones, de las pensiones y de la edad de retiro deben ser revisados periódicamente para asegurar la viabilidad del sistema.  Esto es precisamente lo que ha ocurrido en varios países europeos, donde el principal impulsor de la revisión ha sido el notable incremento habido en la longevidad de las personas.  Claramente que las contribuciones y las pensiones serán diferentes si los pensionados viven, en promedio, cinco años más después de su retiro, que si viven diez o quince años más.

El caso del INPREMA es afectado por todos estos factores.  La expectativa de vida de los hondureños ha venido creciendo con el paso del tiempo.  Este factor haría necesaria la revisión de las contribuciones, las pensiones y la edad de retiro.  Sin embargo, en el caso nuestro la situación se ve agravada por la incompetencia en la administración del INPREMA.  Con las excepciones del caso, los políticos y los dirigentes magisteriales han acelerado el deterioro del INPREMA.  En realidad, la responsabilidad recae casi exclusivamente en los dirigentes magisteriales ya que los políticos no pueden actuar sin la aquiescencia de dichos dirigentes.  Se ha tratado de un contubernio maligno que ha redundado en el debilitamiento del INPREMA, y por esa razón, entre otras, resulta justo que el problema sea resuelto sin afectar a los hondureños que no tenemos participación en el tema.  Sería una tremenda injusticia que quienes ni siquiera tienen acceso a un plan de retiro, es decir, la mayoría de nuestra población, vea que los impuestos que pagan son usados para beneficiar a los privilegiados maestros y para solucionar un problema generado por la dirigencia magisterial.

Para concluir, cabe enfatizar que el propósito de un plan de pensiones es precisamente financiar las pensiones de los participantes.  Su propósito no es financiar planes de vivienda, ni préstamos personales.  De hecho, en otros países se restringe el tipo de inversiones que puede hacer un fondo de pensiones y solo se permite que hagan las inversiones más seguras, las cuales no incluyen proyectos de vivienda, ni préstamos personales.  En nuestro país, los dirigentes magisteriales y algunos políticos han favorecido ese tipo de actividades porque, según ellos, eso les genera simpatía entre sus agremiados, particularmente cuando los contribuyentes numéricamente son más que los pensionados.  Según ellos, esos proyectos tienen tasas de retorno más altas que las inversiones más seguras, pero olvidan que el retorno tiene una relación directa con el riesgo.  Cuando los préstamos para vivienda o los préstamos personales caen en mora, los sacrificados, por supuesto, son los pensionados.  No resulta difícil ver como estas actividades populistas terminan sepultando el plan de pensiones.

Todavía resta por ver si la legislación aprobada por el Congreso se ciñe a lo que fue propuesto por la Comisión Interventora.  A mi juicio, las nuevas autoridades del INPREMA deberían resultar de un concurso de méritos que promueva una Junta Nominadora de la Sociedad Civil.  Si la selección de las autoridades se deja en manos de políticos y dirigentes magisteriales habremos ganado una batalla, más no la guerra.  Ojalá que por lo menos en esta ocasión el Congreso haya hecho bien su trabajo.

BUENA NOTICIA, MALA NOTICIA

La semana pasada recibimos con agrado una buena noticia y con preocupación dos malas noticias.  Permítanme comenzar con las malas noticias.  Primero, la Corporación de la Cuenta del Desafío del Milenio decidió que no merecemos, en este momento, una segunda donación.  Segundo, el Congreso decidió elevar a sesenta dólares la tasa que pagamos por salir del país por vía aérea, una cifra sin precedentes y que se debe a la decisión, equivocada a mi juicio, de trasladar el aeropuerto de Tegucigalpa a Palmerola.  Ahora la buena noticia.  El Congreso aprobó las reformas a la ley del INPREMA, con lo cual, suponiendo que se respetó el proyecto de ley que presentó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se podrá hacer frente a un serio problema que pudo haber dañado las finanzas nacionales e incrementado los impuestos que pagamos.  Permítanme explicar en más detalle.

Durante la Administración Maduro nuestro país logró obtener una donación de $215 millones de la Cuenta del Desafío del Milenio del gobierno de los Estados Unidos.  Fuimos el segundo país en obtener la donación, y el primero en completar las obras financiadas por ella.  De acuerdo a todos los informes elaborados, el desempeño hondureño fue extraordinario y ha sido presentado como modelo mundial.  Esto debe ser motivo de satisfacción y orgullo y debe llevarnos a felicitar a quienes dirigieron la unidad ejecutora.  Como señalan los diferentes informes, la trayectoria es particularmente impresionante si se recuerda que se dio en el contexto de cuatro Administraciones públicas en Honduras, desde la presidida por el Presidente Maduro hasta la rectorada por el Presidente Lobo.  La estructura que se diseñó para ejecutar el proyecto resultó ser tan sólida que pudo resistir los embates por manipularla y politizarla habidos durante la Administración Zelaya.  Sin embargo, en esa misma Administración comenzó el deterioro de los indicadores que la Corporación de la Cuenta del Milenio utiliza para decidir si un país califica o no para recibir una donación.  Ya en el segundo año de la gestión de esa Administración se había deteriorado el indicador que se refiere a la percepción de corrupción al grado que la donación casi fue cancelada.  En efecto, el indicador de percepción de corrupción debe ubicarse por arriba de la media del valor alcanzado por los países elegibles y lamentablemente ese indicador todavía no ha mejorado lo suficiente como para que califiquemos para una segunda donación.  Es una mala noticia, pero entiendo que la actual Administración está comprometida con el mejoramiento de los indicadores y eso podría permitir que el próximo año se revise nuestra situación y, con esfuerzo y dedicación, tal vez podamos entonces calificar y recibir una segunda donación.

El subir la tasa aeroportuaria a sesenta dólares es un golpe fuerte al bolsillo de los pasajeros y debo suponer que tiene su origen en la ampliación al contrato de concesión de nuestros aeropuertos, que ahora incluye la construcción de una terminal de pasajeros en Palmerola.  La pregunta, por supuesto, es ¿por qué Palmerola?  Tendremos un aeropuerto muy lejano de la ciudad que sirve.  Si no estoy equivocado, tendremos, con una sola excepción, la distancia más larga en todo el continente.  Ya las lectoras podrán imaginarse el gasto en combustible en el transporte por automóvil desde y hacia Palmerola.  Por otro lado, la decisión tomada llevará al cierre de Toncontín, convirtiendo a Tegucigalpa en la única capital sin aeropuerto y generando el desempleo de quienes laboran allí.  Lo peor es que esto no redundará en tarifas aéreas más bajas.  Será tan, o más, caro viajar de Palmerola que de Toncontín.  Si no estoy equivocado, los estudios hechos señalaban que lo lógico era convertir a San Pedro Sula en el principal aeropuerto del país.  Después de todo, hoy en día por ese aeropuerto viaja el doble del número de pasajeros que viajan por Tegucigalpa.  Por ello las tarifas son más bajas si se viaja por San Pedro Sula.  Si se hubiera optado por limitar el tamaño de las naves que viajan a Toncontín, manteniendo el aeropuerto abierto para cierto tipo de aeronaves, y estipulado que el resto debería utilizar el aeropuerto de San Pedro Sula, entonces las tarifas aplicables a San Pedro habrían bajado más al aumentar el número de viajeros.  Esa reducción hubiera permitido que quienes viajan desde Tegucigalpa por vía aérea, haciendo escala en San Pedro, pagaran aproximadamente lo mismo que pagan ahora.  El país se hubiera beneficiado, y además no hubiera sido necesaria otra contratación directa que, como reiteradamente hemos dicho afecta la percepción de corrupción y por ende impide nuestro acceso a donaciones y préstamos.

El traslado del aeropuerto a Palmerola no tiene lógica, ni sentido, salvo que sea el inicio del desplazamiento de Tegucigalpa hacia Comayagua.  Todos conocemos las dificultades que plantea el desarrollo de la infraestructura de Tegucigalpa, particularmente la dotación de agua potable.  Por esa razón, no deja de tener sentido promover la descentralización y el traslado de parte de las entidades del gobierno hacia otras ciudades y regiones, y en ese contexto, el traslado del aeropuerto podría ser el inicio del éxodo.  Cuando me tocó fungir como Secretario del Despacho de la Presidencia propuse a diputados amigos que trasladáramos el Congreso a Comayagua.  Estaba seguro que podríamos obtener apoyo para construir un centro legislativo de primer orden en Comayagua, de diseño colonial y con suficiente espacio para facilitar las labores legislativas, incluyendo oficinas para cada diputado y para sus asesores.  Lamentablemente, no hubo entusiasmo por la idea y tuve que abandonarla, pero tal vez ahora estemos presenciando una rectificación.  Si así fuera, el traslado del aeropuerto podría tener sentido; caso contrario, el balance neto será negativo para el país.

En cuanto a la buena noticia, la referente a la aprobación de las reformas a la ley del INPREMA, permítanme, por favor, analizarla la próxima semana.