SALARIO MÍNIMO

Anualmente presenciamos el espectáculo que rodea la fijación del salario mínimo.  Es una de las pocas oportunidades que tienen los dirigentes sindicales para mostrar su peso y justificar su existencia.  Por tanto, esos dirigentes se oponen a una fijación automática del salario mínimo, ya que eso les restaría protagonismo y hasta cuestionaría su necesidad.  Este año al menos se ha logrado fijar el alza por varios años, lo cual es un avance importante que debemos aplaudir.  Sin embargo, cabe preguntar: ¿es la fijación del salario mínimo una prioridad para Honduras?  ¿Produce solo beneficios u ocasiona daños?  Si ocasionara daños, ¿estamos seguros que los beneficios superan los daños?  Las respuestas a estas interrogantes no son tan claras y contundentes como las lectoras podrían suponer.  Permítanme explicar por qué.

En primer lugar, parece razonable suponer que la medida, es decir, al alza del salario mínimo, sería positiva si los beneficiados fueran más que los afectados negativamente.  A algunos lectores les podrá parecer extraño que un alza al salario mínimo afecte negativamente a algunas personas, pero en efecto así es.  Esto ocurre porque el alza hace menos atractiva la creación de empleos formales, ya que la operación de una nueva empresa resulta ser más cara.  Los inversionistas optan por invertir en otro país, o deciden automatizar más sus operaciones, lo cual genera menos puestos de trabajo.  Si en Honduras no hemos logrado emplear a todas las personas que año a año se suman a la fuerza laboral, entonces cualquier medida que afecte la generación de empleo tiene un impacto negativo.

Sin embargo, el impacto negativo sobre la generación de empleo se da también por otra vía.  Aquellas empresas que pueden reubicar sus operaciones, tarde o temprano lo harán para reducir sus costos.  Si no me equivoco, en estos momentos el salario mínimo hondureño es casi el doble del nicaragüense, sin que la productividad de nuestra mano de obra sea el doble de la nicaragüense.  Resulta entonces evidente que más y más empresas se reubicarán a Nicaragua, ya que las ventajas de permanecer en Honduras (básicamente la cercanía a Puerto Cortés) no compensarán la diferencia en el costo de la mano de obra.  En resumen, el alza en el salario mínimo reducirá la generación de nuevos puestos de trabajo y además llevará al cierre de algunas empresas.  Ambos factores impactarán negativamente a los hondureños.

Por otro lado, si el sector informal es grande, como ocurre en nuestro caso, la situación se complica aún más.  Recordemos que en dicho sector los trabajadores no reciben el salario mínimo, ni el pago de vacaciones, horas extras, auxilio de cesantía, seguro social, etc.  Nuestros desempleados, y quienes faenan en el sector informal, son quienes más necesitan de nuestro apoyo y atención y a la vez son los olvidados e ignorados, particularmente en la fijación del salario mínimo.  Pareciera por tanto razonable suponer que la batalla contra el desempleo y la informalidad debería ser nuestra primera prioridad, y que la fijación del salario mínimo debería hacerse considerando el impacto que tendrá en ambos.  En el párrafo anterior nos referimos al impacto negativo que el alza en el salario mínimo tiene sobre el desempleo, y resulta que lo aumenta.  Lo mismo ocurre con el sector informal.  Cada vez que sube el salario mínimo se vuelve más difícil que quienes laboran en el sector informal puedan lograr un puesto de trabajo en el sector formal.

No cabe duda que quienes trabajan en el sector formal disfrutan de mejores condiciones de trabajo que quienes están desempleados o sobreviven en el sector informal. Siendo esto así, pareciera que quienes están en peor situación debieran ser nuestra prioridad.  Esto no quiere decir que no debe aumentarse el salario mínimo; sin embargo, previo a tomar una decisión se debería contar con una medición del impacto que dicho aumento tendrá sobre la generación de empleo y sobre el crecimiento del sector informal.

No perdamos de vista que, al menos en el pasado reciente, la falta de empleo (a la cual contribuye el alza en el salario mínimo) ha propiciado la migración de nuestros compatriotas a otros países, especialmente hacia Estados Unidos.  La migración se ha convertido en la variable de ajuste, en la válvula de escape a nuestras políticas equivocadas.  Sin embargo, cada día es más difícil migrar y eso implica que habrá más jóvenes desempleados en nuestro país, con el consecuente deterioro del clima social y de la seguridad ciudadana.

Al final, como en muchos otros casos, hemos optado por sacrificar los intereses de los más pobres y desprotegidos por privilegiar a otros que disfrutan de mejores condiciones simplemente por razones políticas.  Después de todo, los grupos organizados presionan y hacen ruido.  La pena es que sucumbamos ante la presión de esos grupos sin siquiera debatir los temas racional e inteligentemente.  Lo más irónico del caso es que el llamado “salario mínimo” no es el salario mínimo que se paga en el país.  Si lo duda, pregunte a los desempleados o a quienes tienen que laborar en el sector informal.

INPREMA

En mi última columna del año pasado ofrecí referirme al tema del INPREMA, y ahora cumplo con lo prometido.  En resumen, los estudios actuariales demuestran que la situación del INPREMA es insostenible, y que, peor aún, si todas las personas que cumplen con los requisitos para acogerse a una pensión optaran por hacerlo, el INPREMA caería en la insolvencia.  En pocas palabras, no contaría con los recursos necesarios para pagar las pensiones de todos los pensionados.  Se trata, por tanto, no de un tema académico y cuyas consecuencias podrían afectarnos dentro de varias décadas, si no de un problema urgente que puede afectarnos negativamente a todos.  Al final, la pregunta es si las consecuencias de este desastre administrativos deben asumirlas los beneficiarios del sistema, o si el resto de nosotros, los hondureños que nada tenemos que ver en este descalabro, debemos pagar los platos rotos.  De más está decir que los dirigentes magisteriales, acostumbrados a pasarle la factura al pueblo, una vez más quieren que el gobierno, es decir, el resto de nosotros, carguemos con esta cuenta, y si no alzamos nuestra voz, seguramente que así será.  Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto?  Permítame, estimada lectora, tratar de explicar la génesis y la evolución del problema.

Los sistemas de pensión tradicionales (a diferencia de los nuevos sistemas originados en el modelo adoptado por Chile en los últimos 20 o 30 años) se basan en que las pensiones de los retirados se pagan con las contribuciones de quienes todavía están empleados y contribuyen al sistema.  Hay cinco variables fundamentales que determinan la viabilidad del sistema.  La relación entre el número de pensionados y el número de empleados (contribuyentes activos), el monto de las contribuciones de los empleados, el monto de las pensiones, la edad de retiro y la longevidad de los retirados.  Resulta evidente que entre más alta sea la relación entre retirados y contribuyentes activos, menos viable será el sistema.  Para ilustrar, si se supone que la aportación de cada contribuyente es igual a mitad de la pensión que recibe cada retirado, entonces claramente que el sistema caerá en la insolvencia si el número de retirados es más que la mitad del número de contribuyentes.  Esta situación se complica aún más si el monto de las contribuciones es bajo y el monto de las pensiones es alto.  Igualmente, el problema se agrava si la edad de retiro es baja (ya que más personas pueden acogerse al retiro) y si la longevidad de los pensionados se incrementa.  Todas estas variables son tomadas en cuenta para determinar los montos de las contribuciones, los montos de las pensiones y la edad de retiro.  Los cálculos se basan en premisas empleadas en cuanto a la relación entre contribuyentes y pensionados y en cuanto a la longevidad de los pensionados.  Como se trata de supuestos y premisas, resulta evidente que los cálculos de las contribuciones, de las pensiones y de la edad de retiro deben ser revisados periódicamente para asegurar la viabilidad del sistema.  Esto es precisamente lo que ha ocurrido en varios países europeos, donde el principal impulsor de la revisión ha sido el notable incremento habido en la longevidad de las personas.  Claramente que las contribuciones y las pensiones serán diferentes si los pensionados viven, en promedio, cinco años más después de su retiro, que si viven diez o quince años más.

El caso del INPREMA es afectado por todos estos factores.  La expectativa de vida de los hondureños ha venido creciendo con el paso del tiempo.  Este factor haría necesaria la revisión de las contribuciones, las pensiones y la edad de retiro.  Sin embargo, en el caso nuestro la situación se ve agravada por la incompetencia en la administración del INPREMA.  Con las excepciones del caso, los políticos y los dirigentes magisteriales han acelerado el deterioro del INPREMA.  En realidad, la responsabilidad recae casi exclusivamente en los dirigentes magisteriales ya que los políticos no pueden actuar sin la aquiescencia de dichos dirigentes.  Se ha tratado de un contubernio maligno que ha redundado en el debilitamiento del INPREMA, y por esa razón, entre otras, resulta justo que el problema sea resuelto sin afectar a los hondureños que no tenemos participación en el tema.  Sería una tremenda injusticia que quienes ni siquiera tienen acceso a un plan de retiro, es decir, la mayoría de nuestra población, vea que los impuestos que pagan son usados para beneficiar a los privilegiados maestros y para solucionar un problema generado por la dirigencia magisterial.

Para concluir, cabe enfatizar que el propósito de un plan de pensiones es precisamente financiar las pensiones de los participantes.  Su propósito no es financiar planes de vivienda, ni préstamos personales.  De hecho, en otros países se restringe el tipo de inversiones que puede hacer un fondo de pensiones y solo se permite que hagan las inversiones más seguras, las cuales no incluyen proyectos de vivienda, ni préstamos personales.  En nuestro país, los dirigentes magisteriales y algunos políticos han favorecido ese tipo de actividades porque, según ellos, eso les genera simpatía entre sus agremiados, particularmente cuando los contribuyentes numéricamente son más que los pensionados.  Según ellos, esos proyectos tienen tasas de retorno más altas que las inversiones más seguras, pero olvidan que el retorno tiene una relación directa con el riesgo.  Cuando los préstamos para vivienda o los préstamos personales caen en mora, los sacrificados, por supuesto, son los pensionados.  No resulta difícil ver como estas actividades populistas terminan sepultando el plan de pensiones.

Todavía resta por ver si la legislación aprobada por el Congreso se ciñe a lo que fue propuesto por la Comisión Interventora.  A mi juicio, las nuevas autoridades del INPREMA deberían resultar de un concurso de méritos que promueva una Junta Nominadora de la Sociedad Civil.  Si la selección de las autoridades se deja en manos de políticos y dirigentes magisteriales habremos ganado una batalla, más no la guerra.  Ojalá que por lo menos en esta ocasión el Congreso haya hecho bien su trabajo.