BARBAS EN REMOJO

Hace ya varios meses que el realismo comenzó a imponerse por doquier.  Primero fue en Grecia, y luego continuó en Irlanda, España, Reino Unido y varios países más.  Esos países descubrieron que los beneficios que habían otorgado a los trabajadores, tanto públicos como privados, excedían lo que realmente podían pagar.  Cabían tan sólo dos posibilidades: o subían los impuestos a los ciudadanos, o reducían los beneficios.  El alza de impuestos resultó imposible.  Después de todo, las economías han pasado por una severa recesión, y además los contribuyentes sienten que ya pagan lo suficiente.  No hubo por tanto más alternativa que reducir beneficios y, en algunos casos, sueldos.  Los beneficios más afectados son las pensiones que los empleados recibirán al momento de retirarse.  De hecho, se ha aumentado la contribución de los empleados a los fondos de pensiones y se ha incrementado la edad de retiro.  Si esto ha ocurrido en las economías más ricas del mundo, es razonable suponer que algo similar debe ocurrir en nuestras economías, donde, sin ser ricos, hemos padecido de políticos irresponsables que han otorgado beneficios impagables a gremios privilegiados.  En nuestro caso, no queda más que poner las barbas en remojo.  Veamos por qué.

Después de lo acontecido en Europa, el escenario se ha trasladado a los Estados Unidos de América, donde hace varios años el entonces Presidente Carter, con el apoyo del Congreso, eliminó la negociación colectiva para los empleados federales.  Sin embargo, los empleados de los Estados y de los municipios conservaron ese derecho y procedieron a negociar beneficios que ahora tienen a los Estados y municipios a punto de declararse en bancarrota para evitar cumplir con lo pactado.  Para evitar llegar a ese extremo, y reconociendo la renuencia de los votantes a aceptar más impuestos, el Gobernador del Estado de Wisconsin ha logrado que, a pesar de las protestas y manifestaciones de los empleados, el Congreso de ese Estado apruebe una ley por medio de la cual se restringe el derecho de los empleados estatales a negociar colectivamente.  Solo podrán negociar colectivamente sus aumentos salariales, siempre y cuando el aumento no exceda el alza en el costo de la vida.  Además, se ha aprobado un incremento en la contribución que en adelante deberán hacer los empleados a su plan de retiro. 

En la discusión que se ha suscitado en torno al tema, muchos se han preguntado por qué se ha llegado a esta situación.  Es decir, ¿por qué en el caso de los empleados públicos se otorgó beneficios que ahora resultan impagables?  La respuesta, como seguramente algunas de las lectoras adivinarán, reside en los incentivos que se dan en las negociaciones del sector público.  De un lado está el sindicato cuyo incentivo es incrementar las contribuciones que recibe de los trabajadores y eso es función directa de los sueldos que estos reciban.  Por lo tanto, los aumentos de sueldos y beneficios son un poderoso incentivo para asegurar la riqueza y fortaleza del sindicato.  Del otro lado están los políticos que administran las empresas públicas, los Estados o los municipios, cuyo incentivo (con honrosas excepciones) es ser populares para ascender a otras posiciones más importantes.  Además, los recursos que administran no son de ellos, por lo que, generalmente, se vuelven generosos con los dineros de los contribuyentes (el llamado “problema del principal y el agente”).  Para colmo de males, usualmente las consecuencias de su irresponsabilidad se materializan varios años en el futuro, cuando ellos ya no estarán en las posiciones actuales, evitando por tanto que se les responsabilice por su mala administración.  Esta asimetría en los incentivos hace que la negociación colectiva tenga consecuencias dañinas para la sociedad.

Visto esto, cabe preguntar ¿cuál es nuestra situación?  Como el lector apreciará, esta situación nos retrata perfectamente.  Vea si no como los sindicatos han carcomido las empresas para las cuales trabajan. Con honrosas excepciones, los administradores han entregado los bienes del pueblo a los sindicalistas, acordando prebendas absurdas.  Recuerdo un contrato colectivo de Hondutel en el cual la Administración aceptó que, “de ser posible”, construiría un zoológico para beneficio de los empleados.  ¿Y qué decir de los tristemente célebres estatutos?  ¿Y de la crisis que enfrenta el Inprema?  Estamos frente a la misma situación y solo cabe preguntar cómo se resolverá.  ¿Se tomará más de nuestros recursos para favorecer a los ya privilegiados maestros, perjudicando primero a los pobres, y luego al resto de nosotros con el alza de impuestos que se producirá tarde o temprano?  ¿Se procederá como reclama la lógica y la justicia, aumentando la aportación de los maestros al fondo de pensiones e incrementando la edad de retiro?

Recuerdo que cuando la Administración Maduro decidió enfrentar a la dirigencia magisterial varios de los políticos de nuestro partido nos criticaban duramente, exigiendo que cediéramos y otorgáramos lo que esa dirigencia exigía.  Nos acusaban de no ser políticos, de no entender la necesidad de congraciarse con los maestros, de poner en riesgo la próxima elección, entre otras cosas.  Según ellos, si se cedía tendríamos paz y tranquilidad y todo marcharía sobre ruedas. 

Nuestra posición era que el Estatuto era impagable y que había que enfrentar la situación.  Varios años han pasado.  La Administración Zelaya les otorgó todo lo que pidieron, y aún así los maestros estuvieron siempre en la calle porque “no se les cumplía su Estatuto”.  Ahora el problema ya no solo es el tema de sueldos, sino que de pensiones también.  El problema es ahora más grande.  Me pregunto, ¿qué dirán ahora esos sabios políticos?  Pero como no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante, es posible que ahora se pueda generar la voluntad para derogar los estatutos y para poner orden en los institutos de pensiones, estableciendo cuotas razonables y fijando una edad de retiro congruente con nuestra expectativa de vida.  Ojalá que Dios ilumine a nuestros políticos para que actúen en congruencia con el bien común.

CIUDADES MODELO

Mucho se ha dicho recientemente de las ciudades modelo, particularmente a raíz del éxito económico de Hong Kong y de las “zonas económicas especiales” de China.  En el primer caso se trata de un enclave en territorio costero chino, donde la adopción de reglas especiales, tales como una economía abierta, prudencia macroeconómica, leyes laborales flexibles, en resumen en lo que algunos peyorativamente llaman “neoliberalismo” ha producido un éxito extraordinario en cuanto a nivel y calidad de vida, así como respeto a los derechos de sus ciudadanos. El segundo caso fue producto del proceso gradual de apertura económica decidido por Deng Xiaoping.  Quien entonces dirigía a China decidió que lo prudente era establecer zonas especiales a las cuales se les permitiría experimentar con sus propios regímenes, a las cuales se les otorgaría un fuero especial, para ver que resultaba mejor para las condiciones chinas.  Una vez que se demostrara que un conjunto de reglas resultaba exitoso, entonces podría ampliarse su ámbito, hasta que eventualmente abarcara a todo el territorio chino.  En otras palabras, en lugar de imponer un sistema a toda la nación, arriesgando en el proceso la selección de un sistema que no fuera el adecuado para las circunstancias chinas, decidió que era preferible permitir que se experimentara hasta encontrar la mejor opción tomando en cuenta la cultura, costumbres e idiosincrasia china.  Después de casi treinta años, la historia demuestra el gran éxito que han tenido las “zonas económicas especiales” en China, y el traslado del modelo a otras regiones chinas no se hizo esperar.  Ahora otros países buscan replicar el proceso, entre ellos Honduras.  Pero, ¿será eso conveniente?  ¿Si fuera conveniente, será posible o fácil?  Analicemos un poco la situación para que cada quien cuente con elementos de juicio para llegar a su propia conclusión.

La experiencia china ha sido exitosa, pero probablemente habría quedado en China de no ser por el ex profesor de la Universidad de Stanford, y ex emprendedor exitoso, Paul Romer.  Paul está convencido que las “meta reglas”, las reglas sobre reglas, son la clave del desarrollo.  Piensa que más que buenas políticas, lo que se requiere son buenas reglas para impulsar el despegue económico.  Paul ve en la experiencia china, en las “ciudades modelo”, o más correctamente en las “ciudades con fuero”, el modelo para experimentar e identificar lo que favorece el desarrollo en diferentes países, para luego ampliar el ámbito de aplicación de ese modelo exitoso a todo el país.  La premisa implícita en esta propuesta es que un modelo que ha demostrado su éxito en el país encontrará menos resistencia para su adopción en otras partes del país.  Evidentemente que es más fácil que la población acepte cambios en las reglas bajo las cuales opera cuando en otra parte del propio país se puede evidenciar el éxito que acompaña la adopción de reglas diferentes.

Paul además piensa que Hong Kong y las zonas económicas especiales en China ponen de relieve la importancia de las economías de escala.  Basado en la experiencia de Hong Kong piensa en un área de mil kilómetros cuadrados y una población de diez millones de personas.  Además piensa en un puerto y un aeropuerto adyacentes y de características y dimensiones propias de un país de primer mundo.  Nuevamente pensando en Hong Kong, concluye que la economía giraría en torno a la manufactura de producto s de alto valor agregado y servicios sofisticados de gran demanda mundial.  Esto, sin embargo, implica una fuerza laboral muy calificada y de alto nivel y calidad educativa.  En otras palabras, en la mayoría de los países esto implicaría importar la mayor parte de la mano de obra necesaria.

El proceso de experimentación implícito en esta idea implica que el fuero de la ciudad incluiría la adopción de su propia legislación laboral, de su propia moneda, de su propio sistema educativo, de su propio sistema legal (que podría incluso ser el de la Ley Común), de sus propios tribunales y policía.  En fin, para que realmente pueda experimentarse, el fuero debería ser tan amplio como sea posible.

Visto esto así, ¿cuáles serían los problemas que enfrentaría esta propuesta en nuestro país?  En primer lugar, nuestra xenofobia y nuestro temor y la resistencia al cambio.  En segundo lugar, los intereses creados y grupos fácticos de poder, incluyendo a los gremios que gozan de prebendas, estatutos y “conquistas”.  A estos seguramente les preocupará que se demuestre el éxito de un sistema donde sus estatutos, códigos y “conquistas” brillan por su ausencia.  Sin embargo, más importante y difícil aún resultará generar la confianza necesaria para que inversionistas internacionales se decidan a invertir en nuestro país.

Recordemos que los inversionistas participarán en proyectos de infraestructura de larga maduración y que tienen “altos costos de salida”, es decir, que en estos casos es difícil poder vender y recuperar las inversiones si el negocio no resulta debido a cambios en las reglas, en el fuero, de la ciudad.  Si un inversionista extranjero invirtiera, por ejemplo, en la construcción del sistema de distribución de agua de la ciudad, difícilmente podrá venderlo rápidamente y recuperar su inversión.  En China, el cambio de las reglas no preocupa.  Después de todo, el régimen impone su voluntad y parece estar consolidado.  El cambio de sistema no preocupa a nadie, al menos no en este momento.  En nuestro caso, con gobiernos que duran cuatro años, con los concomitantes bruscos cambios de reglas y políticas, la situación es diferente.  Si bien la legislación recientemente adoptada requiere la celebración de un referéndum previo al cambio del fuero de una ciudad, el referéndum no es vinculante, por lo que el Congreso, con el asentimiento de las dos terceras partes de los diputados, puede abrogar o modificar el fuero previamente otorgado.  En estas circunstancias, ¿habrá interesados en arriesgar centenares de millones de dólares invirtiendo en nuestro país en un emprendimiento sin precedentes?

Me parece encomiable que un grupo de hondureños piensen en grande y se atrevan a proponer un verdadero cambio de paradigma.  A mi juicio, es innegable que el país necesita despertar y encaminarse por la senda de la transformación.  El empeñarnos en mantener el status quo, por hacer cambios al margen, solo producirá leves e incrementales mejorías en nuestro nivel de vida.  Debemos superar nuestros sesgos, nuestras tradiciones y ataduras cuasi-coloniales.  La propuesta de las ciudades con fuero debería por lo menos obligarnos a hacer un examen de conciencia.  Si al menos lograra eso, la propuesta y su debate habría sido positiva.  Y quien sabe.  Tal vez haya valientes que se decidan a invertir en nuestro país a pesar del clima de incertidumbre que conlleva nuestro sistema político.