BARBAS EN REMOJO

Hace ya varios meses que el realismo comenzó a imponerse por doquier.  Primero fue en Grecia, y luego continuó en Irlanda, España, Reino Unido y varios países más.  Esos países descubrieron que los beneficios que habían otorgado a los trabajadores, tanto públicos como privados, excedían lo que realmente podían pagar.  Cabían tan sólo dos posibilidades: o subían los impuestos a los ciudadanos, o reducían los beneficios.  El alza de impuestos resultó imposible.  Después de todo, las economías han pasado por una severa recesión, y además los contribuyentes sienten que ya pagan lo suficiente.  No hubo por tanto más alternativa que reducir beneficios y, en algunos casos, sueldos.  Los beneficios más afectados son las pensiones que los empleados recibirán al momento de retirarse.  De hecho, se ha aumentado la contribución de los empleados a los fondos de pensiones y se ha incrementado la edad de retiro.  Si esto ha ocurrido en las economías más ricas del mundo, es razonable suponer que algo similar debe ocurrir en nuestras economías, donde, sin ser ricos, hemos padecido de políticos irresponsables que han otorgado beneficios impagables a gremios privilegiados.  En nuestro caso, no queda más que poner las barbas en remojo.  Veamos por qué.

Después de lo acontecido en Europa, el escenario se ha trasladado a los Estados Unidos de América, donde hace varios años el entonces Presidente Carter, con el apoyo del Congreso, eliminó la negociación colectiva para los empleados federales.  Sin embargo, los empleados de los Estados y de los municipios conservaron ese derecho y procedieron a negociar beneficios que ahora tienen a los Estados y municipios a punto de declararse en bancarrota para evitar cumplir con lo pactado.  Para evitar llegar a ese extremo, y reconociendo la renuencia de los votantes a aceptar más impuestos, el Gobernador del Estado de Wisconsin ha logrado que, a pesar de las protestas y manifestaciones de los empleados, el Congreso de ese Estado apruebe una ley por medio de la cual se restringe el derecho de los empleados estatales a negociar colectivamente.  Solo podrán negociar colectivamente sus aumentos salariales, siempre y cuando el aumento no exceda el alza en el costo de la vida.  Además, se ha aprobado un incremento en la contribución que en adelante deberán hacer los empleados a su plan de retiro. 

En la discusión que se ha suscitado en torno al tema, muchos se han preguntado por qué se ha llegado a esta situación.  Es decir, ¿por qué en el caso de los empleados públicos se otorgó beneficios que ahora resultan impagables?  La respuesta, como seguramente algunas de las lectoras adivinarán, reside en los incentivos que se dan en las negociaciones del sector público.  De un lado está el sindicato cuyo incentivo es incrementar las contribuciones que recibe de los trabajadores y eso es función directa de los sueldos que estos reciban.  Por lo tanto, los aumentos de sueldos y beneficios son un poderoso incentivo para asegurar la riqueza y fortaleza del sindicato.  Del otro lado están los políticos que administran las empresas públicas, los Estados o los municipios, cuyo incentivo (con honrosas excepciones) es ser populares para ascender a otras posiciones más importantes.  Además, los recursos que administran no son de ellos, por lo que, generalmente, se vuelven generosos con los dineros de los contribuyentes (el llamado “problema del principal y el agente”).  Para colmo de males, usualmente las consecuencias de su irresponsabilidad se materializan varios años en el futuro, cuando ellos ya no estarán en las posiciones actuales, evitando por tanto que se les responsabilice por su mala administración.  Esta asimetría en los incentivos hace que la negociación colectiva tenga consecuencias dañinas para la sociedad.

Visto esto, cabe preguntar ¿cuál es nuestra situación?  Como el lector apreciará, esta situación nos retrata perfectamente.  Vea si no como los sindicatos han carcomido las empresas para las cuales trabajan. Con honrosas excepciones, los administradores han entregado los bienes del pueblo a los sindicalistas, acordando prebendas absurdas.  Recuerdo un contrato colectivo de Hondutel en el cual la Administración aceptó que, “de ser posible”, construiría un zoológico para beneficio de los empleados.  ¿Y qué decir de los tristemente célebres estatutos?  ¿Y de la crisis que enfrenta el Inprema?  Estamos frente a la misma situación y solo cabe preguntar cómo se resolverá.  ¿Se tomará más de nuestros recursos para favorecer a los ya privilegiados maestros, perjudicando primero a los pobres, y luego al resto de nosotros con el alza de impuestos que se producirá tarde o temprano?  ¿Se procederá como reclama la lógica y la justicia, aumentando la aportación de los maestros al fondo de pensiones e incrementando la edad de retiro?

Recuerdo que cuando la Administración Maduro decidió enfrentar a la dirigencia magisterial varios de los políticos de nuestro partido nos criticaban duramente, exigiendo que cediéramos y otorgáramos lo que esa dirigencia exigía.  Nos acusaban de no ser políticos, de no entender la necesidad de congraciarse con los maestros, de poner en riesgo la próxima elección, entre otras cosas.  Según ellos, si se cedía tendríamos paz y tranquilidad y todo marcharía sobre ruedas. 

Nuestra posición era que el Estatuto era impagable y que había que enfrentar la situación.  Varios años han pasado.  La Administración Zelaya les otorgó todo lo que pidieron, y aún así los maestros estuvieron siempre en la calle porque “no se les cumplía su Estatuto”.  Ahora el problema ya no solo es el tema de sueldos, sino que de pensiones también.  El problema es ahora más grande.  Me pregunto, ¿qué dirán ahora esos sabios políticos?  Pero como no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante, es posible que ahora se pueda generar la voluntad para derogar los estatutos y para poner orden en los institutos de pensiones, estableciendo cuotas razonables y fijando una edad de retiro congruente con nuestra expectativa de vida.  Ojalá que Dios ilumine a nuestros políticos para que actúen en congruencia con el bien común.