Nuestro país está
efectivamente de luto y es hora de colgar los listones negros. El Congreso, en un acto inconstitucional,
ilegal, infundado e injustificado decidió destituir a cuatro magistrados de la
Sala de lo Constitucional. Con ello ha
violentado nuestra forma de gobierno basada, según nuestra Constitución, en
tres poderes complementarios e iguales. Como
ningún poder está supeditado a los otros, y debido a que los funcionarios
públicos no tienen más atribuciones que las que explícitamente les confiere la
ley, la destitución de los magistrados es nula y no debe acatarse. Se trata de un acto ilegal e inválido que los
magistrados supuestamente destituidos no deben acatar. Deben continuar asistiendo a sus labores y
desempañándolas como si nada hubiera ocurrido.
No deben aceptar que se violente y destruya el estado de derecho. De otra forma nuestra institucionalidad
sufriría un grave retroceso.
