RETROCESO Y DESESPERANZA

Nuestro país está efectivamente de luto y es hora de colgar los listones negros.  El Congreso, en un acto inconstitucional, ilegal, infundado e injustificado decidió destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.  Con ello ha violentado nuestra forma de gobierno basada, según nuestra Constitución, en tres poderes complementarios e iguales.  Como ningún poder está supeditado a los otros, y debido a que los funcionarios públicos no tienen más atribuciones que las que explícitamente les confiere la ley, la destitución de los magistrados es nula y no debe acatarse.  Se trata de un acto ilegal e inválido que los magistrados supuestamente destituidos no deben acatar.  Deben continuar asistiendo a sus labores y desempañándolas como si nada hubiera ocurrido.  No deben aceptar que se violente y destruya el estado de derecho.  De otra forma nuestra institucionalidad sufriría un grave retroceso.

Desde que se reformó la Constitución para despolitizar el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, el poder judicial ha venido siendo el blanco de los políticos, quienes pretender restablecer el poder que una vez tuvieron sobre los magistrados.  Tan solo una Administración, la Administración Maduro, no buscó erosionar el poder judicial.  El resto, comenzando con la Administración Flores, y siguiendo con las más recientes, han buscado debilitar el poder judicial.  Algunos han llegado a aducir que los magistrados no apoyan sus proyectos de desarrollo, y otros a implicar que no colaboran en la lucha contra el crimen organizado.  Peor aún, algunos insinúan que los magistrados con sus fallos le abren espacios a la violencia y el crimen, sin por supuesto aportar prueba alguna.  Se trata de una campaña de desprestigio que apela al ansia de paz y tranquilidad de la población, y que ante el fracaso de las estrategias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, está presta a creer en otras explicaciones, por muy inverosímiles que sean.

La realidad es que en un estado de derecho, en un país desarrollado, el papel del sistema judicial es asegurar la aplicación correcta e igual de la ley a todos los ciudadanos, además de velar porque el ordenamiento jurídico sea consistente y coherente con la Constitución de la República.  La tarea del poder judicial no es la lucha contra la pobreza, ni el fomento del desarrollo económico, ni el combate a la delincuencia.  Esas son tareas que competen a los otros poderes del estado, y su fracaso en estas obligaciones no debe dar pie para injusta y alevosamente criticar a la Corte.  La Corte contribuye al combate a la pobreza, al desarrollo económico y a la lucha contra la delincuencia precisamente al aplicar la ley correcta e igualmente a todos y al asegurarse que la legislación que se promulga sea constitucional, es decir, compatible con nuestra constitución.  De no ser así, la Corte está obligada a fallar en contra, sin importar el fin que se persiga.  Para la Corte, al igual que para los ciudadanos bien formados, el fin simplemente no justifica los medios.

Por supuesto que las decisiones de la Corte no son siempre populares y en particular siempre dejan a una de las partes alegando que no se impartió justicia.  Yo recuerdo muy bien la decepción que me ocasionó el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma que aprobó el Congreso para evitar que el presidente del Congreso pudiera simultáneamente ser candidato a la presidencia de la República.  Sin embargo, entendí que la Corte no se pronunciaba sobre la conveniencia o no del asunto de fondo, sino que simplemente concluía que el procedimiento que se había utilizado para lograr el fin ansiado era incompatible con nuestra Constitución.  En otras palabras, que las cosas deben hacerse bien, y en este caso en particular, sin violentar disposiciones constitucionales.

No puedo cerrar sin agradecer al reducido número de diputados nacionalistas que se opusieron al festinado acto, así como al grupo, más nutrido, de liberales que también lo hicieron.  Mi reconocimiento especial para el PINU ya que todos sus diputados votaron en contra.  Como algunos lectores recordarán, el PINU nació después de la guerra del 69, buscando actuar como la conciencia nacional en el rescate de la patria.  En este caso han en efecto sido la conciencia de quienes amamos el estado de derecho.  En cuanto a la DC y la UD, continúan siendo pedestales del partido en el poder.

Hay quienes aseveran que el acto del Congreso fue un acto preventivo surgido del temor que la Sala de lo Constitucional fallara a favor del recurso que supuestamente presentaría Ricardo Álvarez impugnando el resultado de las elecciones internas.  Ojalá que eso no sea así, ya que entonces la pretendida destitución se basaría en actos en los que supuestamente la Sala incurriría.  Ya puede imaginarse la lectora las consecuencias de un sistema de justicia basado en condenas por actos en los que supuestamente podríamos incurrir.  Esa sería la base para la más oprobiosa dictadura.

La lógica nos indica que los políticos muestran sus mejores cualidades cuando están en campaña, cuando buscan agradarnos para lograr nuestro apoyo y nuestro voto.  Siendo eso así, lo recién ocurrido debería servir como una poderosa alarma.  Si ahora, cuando buscan complacernos, actúan así, piense usted como podrían actuar cuando ya tengan el poder y no necesiten nuestro voto.  Nuestra arma en este momento es la protesta pacífica y más adelante será nuestro voto.  Usémoslo con cuidado y con criterio.  No recompensemos a quienes pisotean el estado de derecho.  No permitamos que nos suman en la desesperanza.  Nuestro futuro está en nuestras manos.  ¡No nos quedemos callados!  ¡No permitamos que nos conviertan en el hazmerreir de las naciones civilizadas!