El domingo 6
concluyeron las elecciones presidenciales en Costa Rica con una holgada
victoria del candidato del Partido Acción Ciudadana, PAC, don Luis Guillermo
Solís. El PAC es un partido de reciente
creación y su triunfo marca una recomposición de las fuerzas políticas en Costa
Rica. Ahora vemos que el otrora poderoso
Partido de Liberación Nacional, PLN, fundado a mediados del siglo pasado por el
ícono costarricense, don Pepe Figueres, ha sufrido una devastadora derrota y eso
parece marcar el fin de los partidos tradicionales. Esos partidos, el Partido Unidad Social Cristiana
y el Partido Liberación Nacional, podrían recomponerse y recuperar el espacio
político. Sin embargo, es innegable que,
al menos en el futuro inmediato, tendrán que superar difíciles obstáculos para
no desaparecer del todo. Habiendo dicho
esto, ¿qué lecciones nos deja esta transición política y cómo podría afectar al
resto de la región?
Lo que salta a la
vista es que los partidos políticos que no se modernizan, que no responden a
los anhelos de la ciudadanía, y que no son incluyentes perecen o al menos se
tornan irrelevantes. El caso
costarricense resulta interesante debido a que los indicadores sociales son muy
buenos, la economía ha crecido a pesar de mostrar un alto déficit fiscal (un
poco menos que el seis por ciento), y el país todavía capta recursos en los
mercados de capital a treinta años y al siete por ciento. La pobreza es baja y la pobreza extrema más
baja aún. Pese a eso, el gobierno de la
Presidente Chinchilla ha sido percibido como inepto y corrupto, y eso ha
bastado para que la ciudadanía abandone al PLN, un partido al cual se le
atribuye muchas de las reformas que enorgullecen a los ticos, como la abolición
de las fuerzas armadas y la estatización de la banca, por mencionar solamente
un par. En la primera vuelta electoral,
el PAC superó ligeramente a Liberación, pero en la segunda vuelta todos
aquellos que no habían votado por Liberación decidieron votar en su contra y a
favor del PAC. Al final Liberación se
quedó con su voto duro, huérfano del apoyo del resto de los votantes. Fue un golpe apabullante que envía un
poderoso mensaje a los políticos ticos.
A diferencia de otros
países del área, Costa Rica no es un país polarizado y su modelo de desarrollo
se basa en la iniciativa privada y en una importante participación del Estado
en la vida económica del país. La politización de sus empresas y organizaciones
estatales es baja, la meritocracia juega un importante papel en el servicio
público y el respeto al estado de derecho, sin bien no perfecto, es
generalizado y justipreciado. Visto esto
así, parece poco probable que se dé un brusco cambio en la conducción del
país. Pareciera que la tarea más
importante del Presidente electo será infundir ánimo y optimismo en la
población, combatir enérgicamente la corrupción y reducir el déficit fiscal, lo
cual obligará a incrementar los ingresos o a reducir el gasto. En este último tema se nota preocupación en
los círculos empresariales ya que el Presidente electo ha manifestado que el
tema del déficit fiscal lo atenderá el segundo año de su gobierno, y los
entendidos piensan que eso sólo llevará a un empeoramiento de lo que ya ven
como un déficit insostenible.
Al final, el reto
inmediato para el nuevo Presidente será la difícil situación que encontrará en
la composición de la Asamblea Legislativa, donde su partido cuenta con tan solo
trece de diputados de un total de cincuenta y siete. De hecho, Liberación Nacional contará con más
diputados, dieciocho, mientras que el Frente Amplio, un partido de izquierda,
tendrá nueve y la Unidad Social Cristiana ocho. El resto, nueve diputados, están distribuidos en cinco
partidos políticos. En otras palabras,
para conformar la mayoría, y salvo que cuente con el apoyo de Liberación, el
PAC deberá buscar el respaldo de al menos dos partidos políticos. Seguramente que esta situación, más
complicada que la nuestra, pondrá a prueba la habilidad política del
Presidente, particularmente en lo referente a poner orden en las finanzas
públicas y en lo concerniente al endeudamiento externo.
Para el resto de
nosotros, la primera lección debe ser la urgencia de transformar nuestros
partidos políticos, volviéndolos más incluyentes y más conocedores de las
aspiraciones y anhelos de los votantes.
Igualmente urgente e importante es emprender cuanto antes las reformas
políticas electorales, incluyendo la adopción de la segunda vuelta, la
reducción del número de diputados, la eliminación de los diputados suplentes, y
la adopción de los distritos electorales uninominales. En nuestro caso, y a diferencia de Costa
Rica, los indicadores sociales y de pobreza hacen pensar que existe un ambiente
propicio para el surgimiento de caudillos populistas. Ya vivimos una tragedia al haber caído en
manos de uno de esos caciques y nos costó mucho superar el error. Nuestros políticos deben verse en el espejo
de Costa Rica y entender que nuestra situación es mucho más frágil. Adoptemos las reformas electorales
oportunamente. No tropecemos dos veces
en la misma piedra.
La segunda lección
debe ser la importancia y necesidad de combatir la corrupción. Es evidente que la paciencia de nuestros
pueblos se ha agotado, aún en aquellos casos en los cuales los indicadores
sociales son envidiables y aún cuando el ingreso per cápita se ubique entre los
más altos en América Latina. Hasta este
momento nuestra población percibe que la Administración Hernández ha emprendido
la lucha contra la corrupción. El caso
del Seguro Social se ha vuelto emblemático y la población espera
impacientemente su desenlace. Con su
accionar la Administración ha puesto en juego su credibilidad. Además, por primera vez la Embajada de
Estados Unidos ha decidido adoptar un papel público y activo en un caso de
corrupción. Ojalá que nuestros
operadores de justicia estén a la altura de las circunstancias y jueguen a
cabalidad su papel, que se siga con transparencia el debido proceso y que el
fallo sea oportuno y apegado a la ley.
Si al final la población se siente defraudada se habrá propiciado un
ambiente de pesimismo y derrotismo y sentando las bases para completar el
desprestigio de nuestras instituciones, de nuestros gobernantes, y de los
partidos políticos tradicionales.
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