Recientemente la
Administración Hernández Alvarado completó los primeros cien días de su
gestión. Si bien es cierto que cien días
es un tiempo muy corto para juzgar a la Administración, resulta muy difícil
resistir la tentación de hacerlo. Así
que con la venia de las lectoras, me permitiré caer en la tentación.
En primer lugar,
veamos los logros de la Administración. El más importante, a mi juicio, es el
optimismo que ha logrado infundirle a la población. Es innegable que los hondureños sienten que
el país ha tomado un nuevo, y auspicioso, rumbo. Si bien algunos argüirán que no hay razones
objetivas que justifiquen el optimismo, la realidad es que la población así lo
percibe y siente y eso genera un enorme capital político que usado con valentía
y sabiduría por el Presidente permitiría hacer cambios significativos y
positivos para la nación. Solo el tiempo
nos dirá si dicho capital fue bien empleado, o si fue dilapidado en aventuras
políticas narcisistas, o si simplemente fue preservado sin usar en aras de
mantener intacta la imagen popular del Presidente.
En segundo lugar, es
incontestable que el Presidente transmite la imagen de una persona que sabe lo
que debe hacer y que toma decisiones firmes y oportunas. Esta imagen contrasta positivamente con la
imagen de incompetencia e inanición que proyectaron las últimas
Administraciones. La extradición de una
persona supuestamente ligada al narcotráfico ha permitido pensar que ahora contamos
con la voluntad y los instrumentos para combatir ese cáncer. Además, la firme posición expresada en cuanto
a la protección de nuestro espacio aéreo y la búsqueda de un consenso regional
para diseñar una nueva estrategia de combate al narcotráfico que se base en la
responsabilidad compartida, principalmente de los países productores y
consumidores, también han sido recibidas con beneplácito por la población.
Finalmente, la
denuncia e investigación de la corrupción en el IHSS también marca un hito
positivo que la población ve como el inicio de una nueva etapa en la lucha
contra la corrupción.
En el ámbito económico
la situación es menos clara. Si bien
algunos contratos para la generación de energía térmica fueron renegociados
favorablemente, la situación de la ENEE sigue siendo muy grave y
deficitaria. Por otro lado, no se ha
planteado una solución al problema de HONDUTEL, por lo que dicha empresa
continuará agravando el déficit fiscal del sector público. Se dice que las medidas tomadas para reducir
el tamaño del gobierno producirán cuantiosos ahorros, pero las últimas
proyecciones del BCH muestran un elevado déficit, 5.3% del PIB, para este
año. Ese déficit generará más presión sobre la deuda pública y
las tasas de interés. Esto a su vez
reducirá la ya famélica tasa de crecimiento de nuestra economía, con el
consecuente impacto negativo sobre la creación de nuevas plazas de
trabajo. Por supuesto que la situación
será más grave todavía si, como sostienen algunos, las proyecciones del BCH
pecan de optimistas. De cualquier forma,
lo que resulta incontrovertible es que el retorno a una economía sana sigue
siendo una tarea pendiente y urgente y que muestra poco avance en estos
primeros cien días. Esta tarea no se
considerará completa hasta que se cuente con un nuevo programa con el Fondo, lo
cual podría ocurrir en el segundo semestre del año, siempre y cuando para
entonces pueda mostrarse un significativo avance en la reducción del déficit
fiscal. En resumen, este es un tema irresuelto
que habrá de ser evaluado al juzgar los resultados del primer año de gobierno.
Por otro lado, a pesar
del optimismo que prevalece, todavía no es evidente que estemos ganando la
lucha contra la inseguridad y la corrupción.
La ciudadanía todavía no percibe una reducción en el crimen y la violencia
y el problema no se resolverá presentando cifras preparadas por la Secretaría
de Seguridad porque carecen totalmente de credibilidad. La ruta necesariamente pasa porque el éxito
del esfuerzo de la Administración se refleje en las cifras del Observatorio de
la Violencia de la UNAH. Por otro lado, si el caso del IHSS se cierra sin
castigar a los culpables, el pueblo se sentirá defraudado y la imagen del
Presidente sufrirá terriblemente. En
lugar de haber propinado un duro golpe a la corrupción, la popularidad del Presidente
y del gobierno habrá sufrido un tremendo revés.
Finalmente, queda
también por atender las graves amenazas
a la gobernanza. Los últimos
acontecimientos en el Congreso Nacional podrían presagiar el inicio de una
etapa caótica y anárquica. Entendemos
que, al menos parcialmente, estamos frente al eterno dilema de las sociedades
democráticas, cuál es ¿cómo lidiar, sin vulnerar sus derechos ciudadanos, con quienes
utilizan los espacios que les brinda la democracia para destruirla? No es fácil tratar con aquellos que desdeñan e ignoran las reglas necesarias para
una pacífica y democrática convivencia y cuyo propósito es tomar el poder y para
luego establecer un régimen autoritario.
Sin embargo, compete a la Administración encontrar el camino para
preservar la gobernanza y fortalecer la democracia y el estado de derecho. Nuevamente, será a finales de año, o después,
que veremos cuan exitosa ha sido la Administración enfrentando este reto.
En resumen, hemos
visto algunas señales positivas que han generado mucho optimismo. No obstante, quedan pendientes formidables
retos en el ámbito macroeconómico, en la lucha contra la inseguridad, la
violencia y la corrupción, y en la preservación de la gobernanza y el fortalecimiento
de la democracia y el estado de derecho.
Para juzgar el éxito en estas tareas habrá que darle tiempo al tiempo.
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