REFORMAS ELECTORALES

Cada cuatro años, cuando se aproxima el ciclo electoral se debate la conveniencia de adoptar ciertas reformas políticas, supuestamente para volver más incluyente y legítimo el proceso electoral.  A mi entender, las reformas pueden ser clasificadas en dos grupos, las reformas políticas, es decir aquellas que responden a las aspiraciones de la ciudadanía, y las reformas politiqueras, es decir, aquellas que responden exclusivamente a los intereses de los políticos.  Es evidente que las importantes son las reformas del primer grupo, pero lamentablemente las que típicamente se debaten son las del segundo grupo.  Permítanme explicar en más detalle.

Comencemos por establecer cuál debe ser el propósito de una reforma política.  En general, el propósito debe ser el mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de parte de los actores políticos.  Esto implica impulsar reformas que fortalezcan los lazos entre el representante y los representados, y por ende debilitar los vínculos entre el representante y los jefes políticos de los partidos.  En pocas palabras, que el representante, sea diputado o alcalde o regidor, se sienta más obligado con quienes votamos por él o ella, que con los jefes políticos de los partidos.  Esto, por supuesto, implica a su vez debilitar el poder de los políticos y fortalecer el del elector, de la sociedad y del pueblo.  Por esta razón, este tipo de reforma es adversado por los políticos profesionales y solo se da cuando el pueblo las reclama e impulsa, o cuando llega al poder un estadista visionario, cosa que solo ocurre excepcionalmente.

Algunas de las reformas que han sido enarboladas en Honduras, como la elección  de diputados o alcaldes de tal forma que no coincidan con las elecciones presidenciales, no contribuyen en absoluto a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.  Esta, por tanto, merece ser clasificada como una reforma politiquera que tan solo responde al interés de algunos políticos.  Es una copia del sistema estadounidense que ignora que en ese sistema la transparencia y rendición de cuentas se da mediante el uso de distritos electorales uninominales.  Una vez tomada la decisión de establecer distritos uninominales, que es la verdadera reforma política, entonces podría considerarse celebrar elecciones cada dos años (que a mi juicio solo contribuiría a exacerbar el gasto en propaganda electoral y a sumirnos en un clima continuo de propaganda y efervescencia politiquera).

Las verdaderas reformas políticas por tanto son aquellas que fortalecen el poder de la ciudadanía y debilitan el poder de los políticos profesionales.  Estas incluyen la elección por distritos electorales uninominales para los diputados y para los regidores, la prohibición a que el Presidente del Congreso pueda, mientras ocupa ese cargo, aspirar a la Presidencia de la República, y a la reforma del Tribunal Supremo Electoral para que sea dirigido por magistrados propuestos por una comisión nominadora de la sociedad civil.  Estas tres reformas cambiarían radicalmente el sistema político hondureño y permitirían que florezca un verdadero sistema democrático.

Por supuesto que el proceso de reforma no termina allí.  Habría que además modificar el Reglamento Interno del Congreso para eliminar el poder irrestricto que tiene su presidente y así democratizar ese organismo.  Es irónico que el Congreso, supuestamente la máxima expresión de nuestra democracia, sea una tiranía, sin transparencia y sin rendición de cuentas.  Es el único órgano del Estado que no desglosa su presupuesto, que no rinde cuentas sobre su uso y que nunca ha sido auditado.

Finalmente, habría que involucrar a la sociedad en las decisiones más importantes del país, por medio de juntas nominadoras, por ejemplo, en la selección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de la Comisión de Fomento a la Competencia, de la Comisión de Acceso a la Información, del Banco Central, Comisión Supervisora de Bancos, CONATEL, Comisión de Energía, y otras tantas organizaciones que hemos creado.  Además de fomentar la transparencia y rendición de cuentas, esto reduciría la corrupción y eliminaría el nombramiento de personas ineptas en cargos públicos simplemente por politiquería.

Entiendo que nada de esto será fácil porque implica reducir el poder de los políticos profesionales, pero en cualquier caso debemos entender cuáles son las reformas políticas y cuáles las politiqueras.  De otra manera, nos arriesgamos a que nos den atol con el dedo.  Todos recordamos las reformas positivas que lideró el Presidente Lobo cuando fue Presidente del Congreso.  El sistema abierto con fotografía para la elección de diputados se lo debemos a él.  Por esa razón cabe abrigar la esperanza que el continuará propiciando las reformas políticas y no las politiqueras.  Si lo hace, la historia se lo reconocerá.  Caso contrario, habremos dilapidado otra oportunidad para democratizar y modernizar nuestra nación.

CELEBRACIÓN

La semana pasada comenzó mal, pero terminó bien.  De hecho, debemos celebrar y felicitar a los diputados y al Ejecutivo.  La salida del Cuerpo de Paz de Honduras fue una muy mala noticia que se dio a inicios de la semana y que confirma, ante el resto del mundo, que Estados Unidos nos ve como un país muy peligroso para la visita o permanencia de sus ciudadanos.  No cuesta mucho imaginar el impacto que esta decisión tendrá sobre el turismo y la inversión extranjera.  Esa noticia fue un duro golpe al país, pero tal vez haya servido para que los políticos despertaran y comenzaran a tomar las medidas que el pueblo reclama.  Es difícil no pensar que esa decisión motivó, al menos parcialmente, la reforma constitucional que permitirá la extradición de los narcotraficantes y de quienes financien el terrorismo.

Esa reforma constitucional marca un hito muy importante y debemos felicitar a los diputados por haberla tomado.  Sin embargo, hubiera sido preferible una reforma que también permita la extradición por otras razones.  Por ejemplo, resultará difícil que el país se niegue a extraditar a una persona acusada de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional para que sea juzgada en dicha Corte.  Es evidente que no habría defensa posible frente a la comunidad internacional y que, al igual que ahora, la presión nos hará capitular.  De cualquier forma, la reforma recién aprobada, y que deberá ser ratificada en la siguiente legislatura, es un buen paso en la dirección correcta, que permitirá avanzar en la lucha contra el narcotráfico.  Seguramente que Alfredo Landaverde aprobaría esta reforma, y de hecho la reforma puede verse como un homenaje póstumo a Alfredo.

Igualmente resulta alentador saber que se ha decidido no ampliar el contrato de SEMEH.  Cuando nació ese tristemente célebre contrato en la Administración Flores, escribí un artículo criticándolo por innecesario, costoso y por haberse otorgado sin que mediara una licitación pública internacional.  El tiempo ha demostrado que tenía razón.  El contrato se venció hacia el final de la Administración Maduro, pero infortunadamente el Congreso decidió, unilateralmente, prorrogarlo por seis años más.  Ahora llega a su fin, y al parecer, no habrá ampliación.  Muy buena noticia, aunque lamentablemente llega tarde.  Después de diez años de vigencia el contrato no ha producido beneficios para la ENEE, ni para los consumidores, pero si cuantiosas ganancias para los dueños del contrato.  En efecto, se ha dado una importante transferencia de recursos de los clientes de la ENEE a los accionistas de la empresa.  Al final, y como diría mi madre, es mejor tarde que nunca.

Ahora habrá que encontrar al sustituto de SEMEH, para lo cual se ha propuesto que los empleados de la ENEE constituyan una cooperativa y que se les otorgue el contrato a ellos, lo cual es una buena idea, excepto que deberían competir con otros en una licitación pública internacional.  De otra forma, ¿cómo se puede establecer un precio razonable por los servicios prestados?  Si se usa el contrato de SEMEH como referencia, ¿qué garantía tenemos de que lo que se cobraba en ese contrato es razonable?  Después de todo, y como he mencionado antes, ese contrato no nació de una licitación pública.

De cualquier forma, y antes de tomar esa decisión, se debe analizar si en realidad el servicio que prestaba SEMEH es necesario.  La telefonía celular nos ha demostrado el éxito del prepago y el mismo sistema puede usarse en el sector eléctrico.  Si se contara con medidores de prepago, la lectura y facturación serían actividades innecesarias.  Su eliminación redundaría en ahorros a la ENEE que podrían reflejarse en la tarifa.  Además, se volvería innecesario exigir un depósito a los clientes y de hecho la ENEE debería devolver los depósitos que tiene de sus clientes.  Finalmente, cesarían los reclamos por lecturas erróneas, lo cual también redundaría en ahorro para la ENEE.  Claramente que en este caso sería fundamental contar con medidores bien calibrados, lo cual debería ser responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía, con participación de representantes de los consumidores.  En el caso de los usuarios grandes, estos deberían contar con telemedición, y de hecho algunos ya la tienen.  En resumen, la tecnología indica que la lectura tradicional de medidores, así como la facturación, tienen una vida útil limitada y que luego pasarán a ser actividades obsoletas.  Medidores de prepago y la telemedición para los clientes grandes debería ser la meta para la ENEE, y la contratación de una empresa para sustituir a SEMEH debería ser tan solo un paso temporal y de corta vida para implantar la solución definitiva.

En resumen, la semana recién pasada fue una buena semana para los hondureños.  Celebremos y demos a César el mérito que le corresponde.  Resta, por supuesto, que se depure la policía con participación de instituciones internacionales (y no solo de personajes internacionales) y que se amplíe el ámbito de competencia de la policía municipal.  Sigamos insistiendo.  Lo acontecido la semana pasada debe alentarnos para continuar en la lucha.

SALARIO MÍNIMO

Anualmente presenciamos el espectáculo que rodea la fijación del salario mínimo.  Es una de las pocas oportunidades que tienen los dirigentes sindicales para mostrar su peso y justificar su existencia.  Por tanto, esos dirigentes se oponen a una fijación automática del salario mínimo, ya que eso les restaría protagonismo y hasta cuestionaría su necesidad.  Este año al menos se ha logrado fijar el alza por varios años, lo cual es un avance importante que debemos aplaudir.  Sin embargo, cabe preguntar: ¿es la fijación del salario mínimo una prioridad para Honduras?  ¿Produce solo beneficios u ocasiona daños?  Si ocasionara daños, ¿estamos seguros que los beneficios superan los daños?  Las respuestas a estas interrogantes no son tan claras y contundentes como las lectoras podrían suponer.  Permítanme explicar por qué.

En primer lugar, parece razonable suponer que la medida, es decir, al alza del salario mínimo, sería positiva si los beneficiados fueran más que los afectados negativamente.  A algunos lectores les podrá parecer extraño que un alza al salario mínimo afecte negativamente a algunas personas, pero en efecto así es.  Esto ocurre porque el alza hace menos atractiva la creación de empleos formales, ya que la operación de una nueva empresa resulta ser más cara.  Los inversionistas optan por invertir en otro país, o deciden automatizar más sus operaciones, lo cual genera menos puestos de trabajo.  Si en Honduras no hemos logrado emplear a todas las personas que año a año se suman a la fuerza laboral, entonces cualquier medida que afecte la generación de empleo tiene un impacto negativo.

Sin embargo, el impacto negativo sobre la generación de empleo se da también por otra vía.  Aquellas empresas que pueden reubicar sus operaciones, tarde o temprano lo harán para reducir sus costos.  Si no me equivoco, en estos momentos el salario mínimo hondureño es casi el doble del nicaragüense, sin que la productividad de nuestra mano de obra sea el doble de la nicaragüense.  Resulta entonces evidente que más y más empresas se reubicarán a Nicaragua, ya que las ventajas de permanecer en Honduras (básicamente la cercanía a Puerto Cortés) no compensarán la diferencia en el costo de la mano de obra.  En resumen, el alza en el salario mínimo reducirá la generación de nuevos puestos de trabajo y además llevará al cierre de algunas empresas.  Ambos factores impactarán negativamente a los hondureños.

Por otro lado, si el sector informal es grande, como ocurre en nuestro caso, la situación se complica aún más.  Recordemos que en dicho sector los trabajadores no reciben el salario mínimo, ni el pago de vacaciones, horas extras, auxilio de cesantía, seguro social, etc.  Nuestros desempleados, y quienes faenan en el sector informal, son quienes más necesitan de nuestro apoyo y atención y a la vez son los olvidados e ignorados, particularmente en la fijación del salario mínimo.  Pareciera por tanto razonable suponer que la batalla contra el desempleo y la informalidad debería ser nuestra primera prioridad, y que la fijación del salario mínimo debería hacerse considerando el impacto que tendrá en ambos.  En el párrafo anterior nos referimos al impacto negativo que el alza en el salario mínimo tiene sobre el desempleo, y resulta que lo aumenta.  Lo mismo ocurre con el sector informal.  Cada vez que sube el salario mínimo se vuelve más difícil que quienes laboran en el sector informal puedan lograr un puesto de trabajo en el sector formal.

No cabe duda que quienes trabajan en el sector formal disfrutan de mejores condiciones de trabajo que quienes están desempleados o sobreviven en el sector informal. Siendo esto así, pareciera que quienes están en peor situación debieran ser nuestra prioridad.  Esto no quiere decir que no debe aumentarse el salario mínimo; sin embargo, previo a tomar una decisión se debería contar con una medición del impacto que dicho aumento tendrá sobre la generación de empleo y sobre el crecimiento del sector informal.

No perdamos de vista que, al menos en el pasado reciente, la falta de empleo (a la cual contribuye el alza en el salario mínimo) ha propiciado la migración de nuestros compatriotas a otros países, especialmente hacia Estados Unidos.  La migración se ha convertido en la variable de ajuste, en la válvula de escape a nuestras políticas equivocadas.  Sin embargo, cada día es más difícil migrar y eso implica que habrá más jóvenes desempleados en nuestro país, con el consecuente deterioro del clima social y de la seguridad ciudadana.

Al final, como en muchos otros casos, hemos optado por sacrificar los intereses de los más pobres y desprotegidos por privilegiar a otros que disfrutan de mejores condiciones simplemente por razones políticas.  Después de todo, los grupos organizados presionan y hacen ruido.  La pena es que sucumbamos ante la presión de esos grupos sin siquiera debatir los temas racional e inteligentemente.  Lo más irónico del caso es que el llamado “salario mínimo” no es el salario mínimo que se paga en el país.  Si lo duda, pregunte a los desempleados o a quienes tienen que laborar en el sector informal.

INPREMA

En mi última columna del año pasado ofrecí referirme al tema del INPREMA, y ahora cumplo con lo prometido.  En resumen, los estudios actuariales demuestran que la situación del INPREMA es insostenible, y que, peor aún, si todas las personas que cumplen con los requisitos para acogerse a una pensión optaran por hacerlo, el INPREMA caería en la insolvencia.  En pocas palabras, no contaría con los recursos necesarios para pagar las pensiones de todos los pensionados.  Se trata, por tanto, no de un tema académico y cuyas consecuencias podrían afectarnos dentro de varias décadas, si no de un problema urgente que puede afectarnos negativamente a todos.  Al final, la pregunta es si las consecuencias de este desastre administrativos deben asumirlas los beneficiarios del sistema, o si el resto de nosotros, los hondureños que nada tenemos que ver en este descalabro, debemos pagar los platos rotos.  De más está decir que los dirigentes magisteriales, acostumbrados a pasarle la factura al pueblo, una vez más quieren que el gobierno, es decir, el resto de nosotros, carguemos con esta cuenta, y si no alzamos nuestra voz, seguramente que así será.  Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto?  Permítame, estimada lectora, tratar de explicar la génesis y la evolución del problema.

Los sistemas de pensión tradicionales (a diferencia de los nuevos sistemas originados en el modelo adoptado por Chile en los últimos 20 o 30 años) se basan en que las pensiones de los retirados se pagan con las contribuciones de quienes todavía están empleados y contribuyen al sistema.  Hay cinco variables fundamentales que determinan la viabilidad del sistema.  La relación entre el número de pensionados y el número de empleados (contribuyentes activos), el monto de las contribuciones de los empleados, el monto de las pensiones, la edad de retiro y la longevidad de los retirados.  Resulta evidente que entre más alta sea la relación entre retirados y contribuyentes activos, menos viable será el sistema.  Para ilustrar, si se supone que la aportación de cada contribuyente es igual a mitad de la pensión que recibe cada retirado, entonces claramente que el sistema caerá en la insolvencia si el número de retirados es más que la mitad del número de contribuyentes.  Esta situación se complica aún más si el monto de las contribuciones es bajo y el monto de las pensiones es alto.  Igualmente, el problema se agrava si la edad de retiro es baja (ya que más personas pueden acogerse al retiro) y si la longevidad de los pensionados se incrementa.  Todas estas variables son tomadas en cuenta para determinar los montos de las contribuciones, los montos de las pensiones y la edad de retiro.  Los cálculos se basan en premisas empleadas en cuanto a la relación entre contribuyentes y pensionados y en cuanto a la longevidad de los pensionados.  Como se trata de supuestos y premisas, resulta evidente que los cálculos de las contribuciones, de las pensiones y de la edad de retiro deben ser revisados periódicamente para asegurar la viabilidad del sistema.  Esto es precisamente lo que ha ocurrido en varios países europeos, donde el principal impulsor de la revisión ha sido el notable incremento habido en la longevidad de las personas.  Claramente que las contribuciones y las pensiones serán diferentes si los pensionados viven, en promedio, cinco años más después de su retiro, que si viven diez o quince años más.

El caso del INPREMA es afectado por todos estos factores.  La expectativa de vida de los hondureños ha venido creciendo con el paso del tiempo.  Este factor haría necesaria la revisión de las contribuciones, las pensiones y la edad de retiro.  Sin embargo, en el caso nuestro la situación se ve agravada por la incompetencia en la administración del INPREMA.  Con las excepciones del caso, los políticos y los dirigentes magisteriales han acelerado el deterioro del INPREMA.  En realidad, la responsabilidad recae casi exclusivamente en los dirigentes magisteriales ya que los políticos no pueden actuar sin la aquiescencia de dichos dirigentes.  Se ha tratado de un contubernio maligno que ha redundado en el debilitamiento del INPREMA, y por esa razón, entre otras, resulta justo que el problema sea resuelto sin afectar a los hondureños que no tenemos participación en el tema.  Sería una tremenda injusticia que quienes ni siquiera tienen acceso a un plan de retiro, es decir, la mayoría de nuestra población, vea que los impuestos que pagan son usados para beneficiar a los privilegiados maestros y para solucionar un problema generado por la dirigencia magisterial.

Para concluir, cabe enfatizar que el propósito de un plan de pensiones es precisamente financiar las pensiones de los participantes.  Su propósito no es financiar planes de vivienda, ni préstamos personales.  De hecho, en otros países se restringe el tipo de inversiones que puede hacer un fondo de pensiones y solo se permite que hagan las inversiones más seguras, las cuales no incluyen proyectos de vivienda, ni préstamos personales.  En nuestro país, los dirigentes magisteriales y algunos políticos han favorecido ese tipo de actividades porque, según ellos, eso les genera simpatía entre sus agremiados, particularmente cuando los contribuyentes numéricamente son más que los pensionados.  Según ellos, esos proyectos tienen tasas de retorno más altas que las inversiones más seguras, pero olvidan que el retorno tiene una relación directa con el riesgo.  Cuando los préstamos para vivienda o los préstamos personales caen en mora, los sacrificados, por supuesto, son los pensionados.  No resulta difícil ver como estas actividades populistas terminan sepultando el plan de pensiones.

Todavía resta por ver si la legislación aprobada por el Congreso se ciñe a lo que fue propuesto por la Comisión Interventora.  A mi juicio, las nuevas autoridades del INPREMA deberían resultar de un concurso de méritos que promueva una Junta Nominadora de la Sociedad Civil.  Si la selección de las autoridades se deja en manos de políticos y dirigentes magisteriales habremos ganado una batalla, más no la guerra.  Ojalá que por lo menos en esta ocasión el Congreso haya hecho bien su trabajo.