INPREMA

En mi última columna del año pasado ofrecí referirme al tema del INPREMA, y ahora cumplo con lo prometido.  En resumen, los estudios actuariales demuestran que la situación del INPREMA es insostenible, y que, peor aún, si todas las personas que cumplen con los requisitos para acogerse a una pensión optaran por hacerlo, el INPREMA caería en la insolvencia.  En pocas palabras, no contaría con los recursos necesarios para pagar las pensiones de todos los pensionados.  Se trata, por tanto, no de un tema académico y cuyas consecuencias podrían afectarnos dentro de varias décadas, si no de un problema urgente que puede afectarnos negativamente a todos.  Al final, la pregunta es si las consecuencias de este desastre administrativos deben asumirlas los beneficiarios del sistema, o si el resto de nosotros, los hondureños que nada tenemos que ver en este descalabro, debemos pagar los platos rotos.  De más está decir que los dirigentes magisteriales, acostumbrados a pasarle la factura al pueblo, una vez más quieren que el gobierno, es decir, el resto de nosotros, carguemos con esta cuenta, y si no alzamos nuestra voz, seguramente que así será.  Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto?  Permítame, estimada lectora, tratar de explicar la génesis y la evolución del problema.

Los sistemas de pensión tradicionales (a diferencia de los nuevos sistemas originados en el modelo adoptado por Chile en los últimos 20 o 30 años) se basan en que las pensiones de los retirados se pagan con las contribuciones de quienes todavía están empleados y contribuyen al sistema.  Hay cinco variables fundamentales que determinan la viabilidad del sistema.  La relación entre el número de pensionados y el número de empleados (contribuyentes activos), el monto de las contribuciones de los empleados, el monto de las pensiones, la edad de retiro y la longevidad de los retirados.  Resulta evidente que entre más alta sea la relación entre retirados y contribuyentes activos, menos viable será el sistema.  Para ilustrar, si se supone que la aportación de cada contribuyente es igual a mitad de la pensión que recibe cada retirado, entonces claramente que el sistema caerá en la insolvencia si el número de retirados es más que la mitad del número de contribuyentes.  Esta situación se complica aún más si el monto de las contribuciones es bajo y el monto de las pensiones es alto.  Igualmente, el problema se agrava si la edad de retiro es baja (ya que más personas pueden acogerse al retiro) y si la longevidad de los pensionados se incrementa.  Todas estas variables son tomadas en cuenta para determinar los montos de las contribuciones, los montos de las pensiones y la edad de retiro.  Los cálculos se basan en premisas empleadas en cuanto a la relación entre contribuyentes y pensionados y en cuanto a la longevidad de los pensionados.  Como se trata de supuestos y premisas, resulta evidente que los cálculos de las contribuciones, de las pensiones y de la edad de retiro deben ser revisados periódicamente para asegurar la viabilidad del sistema.  Esto es precisamente lo que ha ocurrido en varios países europeos, donde el principal impulsor de la revisión ha sido el notable incremento habido en la longevidad de las personas.  Claramente que las contribuciones y las pensiones serán diferentes si los pensionados viven, en promedio, cinco años más después de su retiro, que si viven diez o quince años más.

El caso del INPREMA es afectado por todos estos factores.  La expectativa de vida de los hondureños ha venido creciendo con el paso del tiempo.  Este factor haría necesaria la revisión de las contribuciones, las pensiones y la edad de retiro.  Sin embargo, en el caso nuestro la situación se ve agravada por la incompetencia en la administración del INPREMA.  Con las excepciones del caso, los políticos y los dirigentes magisteriales han acelerado el deterioro del INPREMA.  En realidad, la responsabilidad recae casi exclusivamente en los dirigentes magisteriales ya que los políticos no pueden actuar sin la aquiescencia de dichos dirigentes.  Se ha tratado de un contubernio maligno que ha redundado en el debilitamiento del INPREMA, y por esa razón, entre otras, resulta justo que el problema sea resuelto sin afectar a los hondureños que no tenemos participación en el tema.  Sería una tremenda injusticia que quienes ni siquiera tienen acceso a un plan de retiro, es decir, la mayoría de nuestra población, vea que los impuestos que pagan son usados para beneficiar a los privilegiados maestros y para solucionar un problema generado por la dirigencia magisterial.

Para concluir, cabe enfatizar que el propósito de un plan de pensiones es precisamente financiar las pensiones de los participantes.  Su propósito no es financiar planes de vivienda, ni préstamos personales.  De hecho, en otros países se restringe el tipo de inversiones que puede hacer un fondo de pensiones y solo se permite que hagan las inversiones más seguras, las cuales no incluyen proyectos de vivienda, ni préstamos personales.  En nuestro país, los dirigentes magisteriales y algunos políticos han favorecido ese tipo de actividades porque, según ellos, eso les genera simpatía entre sus agremiados, particularmente cuando los contribuyentes numéricamente son más que los pensionados.  Según ellos, esos proyectos tienen tasas de retorno más altas que las inversiones más seguras, pero olvidan que el retorno tiene una relación directa con el riesgo.  Cuando los préstamos para vivienda o los préstamos personales caen en mora, los sacrificados, por supuesto, son los pensionados.  No resulta difícil ver como estas actividades populistas terminan sepultando el plan de pensiones.

Todavía resta por ver si la legislación aprobada por el Congreso se ciñe a lo que fue propuesto por la Comisión Interventora.  A mi juicio, las nuevas autoridades del INPREMA deberían resultar de un concurso de méritos que promueva una Junta Nominadora de la Sociedad Civil.  Si la selección de las autoridades se deja en manos de políticos y dirigentes magisteriales habremos ganado una batalla, más no la guerra.  Ojalá que por lo menos en esta ocasión el Congreso haya hecho bien su trabajo.