Cada cuatro años, cuando se aproxima el ciclo electoral se debate la conveniencia de adoptar ciertas reformas políticas, supuestamente para volver más incluyente y legítimo el proceso electoral. A mi entender, las reformas pueden ser clasificadas en dos grupos, las reformas políticas, es decir aquellas que responden a las aspiraciones de la ciudadanía, y las reformas politiqueras, es decir, aquellas que responden exclusivamente a los intereses de los políticos. Es evidente que las importantes son las reformas del primer grupo, pero lamentablemente las que típicamente se debaten son las del segundo grupo. Permítanme explicar en más detalle.
Comencemos por establecer cuál debe ser el propósito de una reforma política. En general, el propósito debe ser el mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de parte de los actores políticos. Esto implica impulsar reformas que fortalezcan los lazos entre el representante y los representados, y por ende debilitar los vínculos entre el representante y los jefes políticos de los partidos. En pocas palabras, que el representante, sea diputado o alcalde o regidor, se sienta más obligado con quienes votamos por él o ella, que con los jefes políticos de los partidos. Esto, por supuesto, implica a su vez debilitar el poder de los políticos y fortalecer el del elector, de la sociedad y del pueblo. Por esta razón, este tipo de reforma es adversado por los políticos profesionales y solo se da cuando el pueblo las reclama e impulsa, o cuando llega al poder un estadista visionario, cosa que solo ocurre excepcionalmente.
Algunas de las reformas que han sido enarboladas en Honduras, como la elección de diputados o alcaldes de tal forma que no coincidan con las elecciones presidenciales, no contribuyen en absoluto a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta, por tanto, merece ser clasificada como una reforma politiquera que tan solo responde al interés de algunos políticos. Es una copia del sistema estadounidense que ignora que en ese sistema la transparencia y rendición de cuentas se da mediante el uso de distritos electorales uninominales. Una vez tomada la decisión de establecer distritos uninominales, que es la verdadera reforma política, entonces podría considerarse celebrar elecciones cada dos años (que a mi juicio solo contribuiría a exacerbar el gasto en propaganda electoral y a sumirnos en un clima continuo de propaganda y efervescencia politiquera).
Las verdaderas reformas políticas por tanto son aquellas que fortalecen el poder de la ciudadanía y debilitan el poder de los políticos profesionales. Estas incluyen la elección por distritos electorales uninominales para los diputados y para los regidores, la prohibición a que el Presidente del Congreso pueda, mientras ocupa ese cargo, aspirar a la Presidencia de la República, y a la reforma del Tribunal Supremo Electoral para que sea dirigido por magistrados propuestos por una comisión nominadora de la sociedad civil. Estas tres reformas cambiarían radicalmente el sistema político hondureño y permitirían que florezca un verdadero sistema democrático.
Por supuesto que el proceso de reforma no termina allí. Habría que además modificar el Reglamento Interno del Congreso para eliminar el poder irrestricto que tiene su presidente y así democratizar ese organismo. Es irónico que el Congreso, supuestamente la máxima expresión de nuestra democracia, sea una tiranía, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Es el único órgano del Estado que no desglosa su presupuesto, que no rinde cuentas sobre su uso y que nunca ha sido auditado.
Finalmente, habría que involucrar a la sociedad en las decisiones más importantes del país, por medio de juntas nominadoras, por ejemplo, en la selección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de la Comisión de Fomento a la Competencia, de la Comisión de Acceso a la Información, del Banco Central, Comisión Supervisora de Bancos, CONATEL, Comisión de Energía, y otras tantas organizaciones que hemos creado. Además de fomentar la transparencia y rendición de cuentas, esto reduciría la corrupción y eliminaría el nombramiento de personas ineptas en cargos públicos simplemente por politiquería.
Entiendo que nada de esto será fácil porque implica reducir el poder de los políticos profesionales, pero en cualquier caso debemos entender cuáles son las reformas políticas y cuáles las politiqueras. De otra manera, nos arriesgamos a que nos den atol con el dedo. Todos recordamos las reformas positivas que lideró el Presidente Lobo cuando fue Presidente del Congreso. El sistema abierto con fotografía para la elección de diputados se lo debemos a él. Por esa razón cabe abrigar la esperanza que el continuará propiciando las reformas políticas y no las politiqueras. Si lo hace, la historia se lo reconocerá. Caso contrario, habremos dilapidado otra oportunidad para democratizar y modernizar nuestra nación.
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