OTRA CUMBRE

El recién pasado fin de semana n se reunieron  los presidentes de los países de nuestro continente  en Cartagena, Colombia, en otra cumbre más.  En esta ocasión, y aunque no está en la “agenda oficial” de la cumbre, discutirán la fallida lucha contra las drogas que por años ha impulsado Estados Unidos, y la propuesta para despenalizar las drogas.  Nadie espera cambios radicales en la política vigente, pero al menos, gracias a los presidentes Santos y Pérez Molina, se comenzará un nuevo diálogo y eso permite alimentar las esperanzas.  Como ha sido demostrado reiteradamente, en el Oriente Medio y otros lugares, la Administración Obama ha abdicado el liderazgo y se caracteriza por seguir, en lugar de encabezar, la lucha por el cambio.  Por tal razón, y porque la actual estrategia para combatir las drogas desangra solo a nuestros países, no debemos esperar cambios inmediatos.  Sin embargo, debemos continuar en la lucha para que se adopte una política racional y que tenga visos de éxitos.  Para nosotros se trata, literalmente, de un asunto de vida o muerte, de sobrevivir como estado de derecho, o de convertirnos en un estado fallido, en un narco estado.

La semana anterior asistí a una mesa redonda patrocinada por el Diálogo Interamericano, donde participaron cuatro expositores conocedores del tema. 

De sus presentaciones pude entender que los vientos del cambio soplan en Estados Unidos.  Sin embargo, son los estados, y no el gobierno federal, los que impulsan el cambio.  El gobierno federal se opone y dificulta el proceso, pero como en otros casos, todo indica que la Administración Obama terminará siguiendo el camino que han emprendido los estados.  Resulta que en varios de los estados se ha despenalizado el uso de la marihuana “para fines medicinales”, pero la experiencia indica que lo único que se necesita para obtener una receta es solicitarla a ciertos médicos.  Esto, por supuesto, lleva a inquirir en cuanto al origen de la marihuana que venden, y resulta que en algunos de los estados ya se ha autorizado la siembra y cosecha de la planta, siempre y cuando sea para la venta a los centros de venta de la marihuana para uso medicinal.  Por ahora el número de estados que ha procedido de esta manera es pequeño, pero a medida que se gana experiencia, otros estados han comenzado el proceso para poner en vigencia planes similares.  Todo parece indicar que pronto la idea será adoptada por la mayoría de los estados, y el gobierno federal deberá cambiar su posición, ya que si los estados adoptan esta medida, el gobierno federal no puede hacer absolutamente nada, salvo que el producto se venda a otro estado.  Mientras el negocio sea intraestatal, y no interestatal, la constitución protege a los estados y el gobierno federal no tiene jurisdicción.

Siendo esto así, es de suponer que a corto plazo el negocio del tráfico de marihuana desaparecerá.  Resultará mucho más fácil, seguro y barato comprar legalmente la marihuana producida en el estado que introducirla ilegalmente por la frontera con México.  Pero los beneficios para nosotros no terminan acá.

Si se demuestra que la despenalización de la marihuana rinde frutos positivos, es decir, elimina o reduce significativamente el tráfico y la violencia asociada, entonces lo obvio y lógico es preguntarse si no se podría aplicar el mismo enfoque a otras drogas.  La distribución controlada de las drogas, igual que ocurre con el alcohol y los cigarrillos, y en alguna medida de la marihuana, y el establecimiento de programas de rehabilitación para los interesados pareciera ser una opción razonable y útil.

En realidad, la política vigente también afecta a Estados Unidos, aunque pareciera no importarles.  De hecho, ningún otro país del mundo tiene el nivel de encarcelamiento per cápita que tiene Estados Unidos.  El problema no es tanto de asesinatos y violencia, sino de cárceles que revientan y que implican un alto costo para la sociedad.  Aunque la mayoría de los detenidos por el tráfico o consumo de droga sea pobre, negro o hispano, y por tanto preocupe menos a quienes detentan el poder, el proceso resulta sumamente costoso y requiere que anualmente se construyan más cárceles.  Cuando esto no se hace, los jueces obligan a los estados a que liberan a algunos de los presos a fin de que el hacinamiento en las cárceles no llegue a niveles alarmantes.

Pareciera que podríamos estar acercándonos a que concluyamos que la política que ha impulsado Estados Unidos no tiene sentido y que se vuelve necesario explorar otras opciones.  Esperemos que los presidentes del continente se sumen a la iniciativa de Santos y Pérez Molina y que de esa forma podamos iniciar el proceso para recuperar nuestro país, nuestra soberanía y nuestra paz.  Como he dicho antes, para nosotros este es un asunto de vida o muerte.