INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La semana recién pasada los periódicos resaltaban que en el 2011 la inversión extranjera directa alcanzó su más alto nivel histórico en América Latina.  En Centro América, donde esa inversión es fija, es decir en fábricas y no en instrumentos financieros, Honduras logró un poco más de mil millones de dólares, menos que la mitad de la inversión recibida por Panamá y Costa Rica.  La inversión en Honduras, si bien pudo haber sido más alta en condiciones normales, es impresionante si se recuerda la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo.  Si se tiene en cuenta las noticias negativas que surgen cotidianamente de nuestro país, referentes a narcotráfico, violencia, delincuencia, incendios en cárceles, corrupción, etc., el nivel alcanzado por la inversión extranjera directa es poco menos que extraordinario.  Esta inversión genera empleos en el sector formal y así produce riqueza y bienestar.  Siendo esto así, resulta evidente que nuestros gobernantes deberían hacer lo que esté a su alcance para que nuestro país pueda captar montos cada vez más importantes de inversión extranjera.  Pero, ¿qué debemos hacer para lograr esto?

En pocas palabras, lo que se requiere es fortalecer el estado de derecho.  Esto comienza por fortalecer el sistema judicial y el sistema de seguridad.  Eso, a mi entender, explica por qué Costa Rica y Panamá reciben más del doble de lo que nosotros recibimos.  Si logramos recuperar el control de nuestro territorio, si se reduce la criminalidad y la violencia, si cesa la impunidad, rápidamente notaríamos que más y más recursos llegan a nuestro país y crean más empleos en el sector formal.  Para el cese de la impunidad necesitamos un sistema judicial honesto, despolitizado y eficaz.  Afortunadamente la adopción de la Junta Nominadora para proponer a los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha llevado a la despolitización de la Corte.  Prueba de ello son los ataques que recibe de los políticos, quienes han llegado a amenazar con destituir a los magistrados y con la creación de un Tribunal Constitucional.  Para continuar con este proceso de despolitización, la Ley de la Judicatura deberá ser reformada para ampliar la participación de la sociedad civil en la selección, evaluación y promoción de los jueces, eliminando la participación de los políticos y reduciendo la participación de otros actores como la misma Corte Suprema y el Colegio de Abogados.

Por supuesto quela depuración y profesionalización de la policía es parte integral del proceso de fortalecer el estado de derecho, y entre más pronto se logre esto, mejor.  Como ya hemos propuesto en otros artículos, nos parece imprescindible la participación de organizaciones extranjeras de reconocido prestigio en el proceso de depuración.  Solo así gozará este proceso de credibilidad y legitimidad.  Igualmente pensamos que, una vez depurada la policía, sus nuevos integrantes deben someterse periódicamente a la prueba del polígrafo administrada por una organización extranjera de reconocida experiencia y capacidad en el tema.  Solo así lograremos recuperar la confianza de la ciudadanía, pieza clave para el éxito del proceso de reforma.

Además de lo anteriormente propuesto, que es de cualquier forma reclamado por una sociedad que ansía vivir en paz, es necesario mejorar la competitividad de nuestro país.  Debemos facilitar que los inversionistas, nacionales y extranjeros, puedan proceder con sus negocios legítimos con un mínimo de trabas y requisitos.  Lamentablemente, hemos venido retrocediendo en el análisis anual que prepara el Banco Mundial para evaluar la facilidad con que los inversionistas pueden desplegar sus actividades (el informe conocido como Doing Business).   Para mejorar la competitividad del país se requiere reactivar la comisión nacional de competitividad que anteriormente operaba con el apoyo de FIDE.  Solo si hacemos un esfuerzo decidido y consciente podremos eliminar, o al menos reducir al mínimo indispensable, los trámites, obstáculos y corrupción que afectan a los inversionistas.  Por supuesto que la competitividad del país también mejorará con el fortalecimiento del estado de derecho, pero se requiere más que eso, y por eso es fundamental la reactivación de la comisión nacional de competitividad.  En el pasado esa comisión funcionó bien y logró eliminar trabas y reducir el papeleo, pero no logró completar su tarea, así que ahora su reactivación es necesaria y urgente.

Por supuesto que resta más por hacer para no solo atraer más inversión, sino que para lograr también empleos de mejor calidad.  Para esto es necesario elevar nuestro nivel de escolaridad y ampliar los programas de nutrición infantil (que mejoran la capacidad intelectual de quienes participan en ellos) y en general facilitar el acceso a programas de salud de calidad.  No obstante, estos son esfuerzos que producen resultados en el mediano y largo plazo, a diferencia del fortalecimiento del estado de derecho y de mejoras a la competitividad del país, ya que estos últimos producen resultados en el corto plazo.  Al final, se requiere de ambos esfuerzos, de los que producen resultados en el corto plazo, así como de aquellos que producen resultados en el mediano y largo plazo.  Lo que debe resultar evidente es que cuanto antes comencemos, mejor.