Recientemente el
proyecto para implantar las regiones especiales de desarrollo, otrora conocido
como Ciudades Modelo, Ciudades con Fuero Especial, Zonas Económicas de
Desarrollo, sufrió un duro revés. El
grupo de personalidades extranjeras que habían aceptado vigilar y asegurar la
transparencia del proceso envió una carta al Presidente de la República
desligándose del proyecto. Al parecer,
el grupo nunca fue convocado a reuniones y por tanto no han tenido
participación alguna en el proyecto. La
gota que derramó el vaso fue la reciente adjudicación de un contrato a una empresa
que desarrollaría la infraestructura de la primera región especial de
desarrollo en una zona aledaña a Omoa.
Si, como dice el grupo, no se les ha tomado en cuenta, pero a la vez se ha
ya adjudicado un contrato, pareciera razonable que busquen desligarse del
proyecto, ya que de otra forma alguien podría pensar que ellos han avalado lo
hasta ahora actuado. El golpe ha sido
duro, y si a eso se agrega otros acontecimientos, uno tendría que concluir que
el proyecto tiene un futuro muy incierto, o que se encamina al fracaso. Veamos por qué.
En primer lugar llama
la atención los múltiples recursos de inconstitucionalidad que se han planteado
a la Corte Suprema de Justicia en contra del proyecto. A esto se debe agregar que, según dicen los
interesados, existe ya un dictamen del Ministerio Público que sostiene que la
legislación aprobada para dar vida al proyecto violenta nuestra constitución. Si bien la Corte tiene la última palabra, una
opinión desfavorable del Ministerio Público es sin duda perjudicial al
proyecto. Dada la incertidumbre que
generan los recursos de inconstitucionalidad, resulta difícil entender la firma
de un contrato con una firma para el desarrollo de la infraestructura de la
primera región. Lo prudente hubiera sido
esperar el fallo de la Corte y luego actuar de manera congruente con el
fallo. ¿Qué sucederá con el contrato si
la Corte invalida todo lo actuado?
¿Quedará protegido el estado, o tendremos que encarar una demanda del
contratista? ¿Estamos frente a un pasivo
contingente que vendrá a lastimar las raquíticas arcas del estado? Estas son algunas de las preguntas que
seguramente se hizo el grupo de personalidades extranjeras, y que para
tranquilidad de todos, deberían ser respondidas por quienes impulsan el
proyecto.
En segundo lugar, se
ha ya formulado una acusación en la Fiscalía en contra de los diputados que
apoyaron la legislación que dio vida al proyecto. Como resultado de esto, es de esperar que
muchos de aquellos que inicialmente apoyaron la iniciativa ahora se retracten y
dejen solos a quienes han venido impulsando el proyecto. Un proyecto huérfano de apoyo en el Congreso
difícilmente podrá salir adelante.
En tercer lugar, se ha
minado la confianza de la población. Si
bien la opinión pública no ha jugado un papel importante en el proyecto a la
fecha, el retiro del grupo de personalidades extranjeras y la adjudicación de
un contrato mientras penden sobre el proyecto varios recursos de
inconstitucionalidad despertarán la suspicacia de la población y volverán
impopular el proyecto. Un proyecto
impopular y abandonado por los diputados fomenta un clima propicio para un
fallo favorable a uno de los tantos recursos de inconstitucionalidad. Por todas estas razones concluyo que el
proyecto parece estar condenado al fracaso.
Sin perjuicio de lo
anterior, es una pena que por errores en el proceso perderemos la oportunidad
de ver si este concepto, que ha sido muy exitoso en China, pudiera funcionar en nuestro país. Si se descarta la posibilidad de recurrir a
cambios radicales, pero confinados al área que se les asigna, no queda más
alternativa que aceptar que nuestro desarrollo debe basarse en cambios
graduales e incrementales en todo el ámbito nacional. Si nos negamos la oportunidad de experimentar
y ser radicalmente innovadores, entonces debemos resignarnos a un proceso lento
y poco innovador.
Por otro lado, la
experiencia también demuestra que si se desea impulsar un proceso innovador y
de alto riesgo, la transparencia es fundamental y obligatoria. No es posible conducir un proceso de este
tipo con la misma opacidad con que se manejan los temas en el Congreso
Nacional. Ojalá que por lo menos nos
quede esta enseñanza como herencia del proyecto de las regiones especiales de
desarrollo.
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