EXONERACIONES Y CONTRADICCIONES

Recientemente tanto el titular del Poder Ejecutivo, como el del Poder Legislativo, anunciaron que se procederá a revisar las exenciones existentes para reducirlas a lo que sea congruente con las prioridades nacionales.  En principio, la idea es razonable ya que busca asegurar la equidad en el pago de los impuestos, es decir, que todos paguemos los impuestos que nos corresponde y que solamente se otorgue una exención cuando claramente eso convenga a los intereses nacionales.  He dicho “en principio” porque, como siempre, mucho depende de cómo se proceda.  Si se procede violentando el estado de derecho, entonces el daño que se ocasiona es más grave que la posible ganancia de la cancelación de alguna exención.  Permítanme explicar por qué.

En el caso que nos ocupa el Congreso comenzó por suspender las exoneraciones, con algunas salvedades, por sesenta días, mientras las revisa y decide cuales deberán ser canceladas.  Nótese que, para comenzar, el Congreso asumió una tarea propia del Ejecutivo.  Si se respetara el ámbito de acción de los diferentes poderes del estado, competiría al Ejecutivo analizar las exenciones existentes, y con base a un análisis apegado a ley, preparar un proyecto de ley para reglamentarlas apropiadamente y luego enviar dicho proyecto al Legislativo a fin de que este lo apruebe.  Pero ignoremos por ahora la manifiesta intención del Legislativo de convertirse en el único poder del estado (a lo que me referiré en el próximo artículo) y continuemos analizando lo actuado por el Congreso.  En lugar de proceder como indicaría la lógica, es decir, analizar para luego actuar, decidieron proceder ilógicamente, es decir, actuar para luego analizar.  En efecto, eso es lo que implica suspender las exoneraciones mientras investigan y analizan.  Pero en realidad, la situación es peor aún, pues si el mismo poder Legislativo, en una decisión tomada años atrás otorgó, en legal y correcta forma, una exoneración por un determinado período de tiempo, no puede el mismo poder Legislativo luego, unilateral y caprichosamente, “suspender” dicha exoneración antes de que expire el plazo original.  Salvo que se hubiesen presentado circunstancias impredecibles y extraordinarias, el estado de derecho exigiría el respeto a las reglas del juego previamente establecidas.  Proceder de otra forma en efecto implica atentar en contra, y en efecto destruir, el estado de derecho.  En condiciones normales, cuando existe la independencia de poderes, los afectados podrían recurrir a los tribunales y exigir el respeto a lo pactado con el estado, pero cuando el legislativo ha subordinado al poder Judicial, en efecto los privados somos sometidos a un estado de indefensión absoluta.  En estos casos, la única defensa para un inversionista simplemente es no invertir en el país, con lo cual se genera menos puestos de trabajo y la economía crece más lentamente.  En otras palabras, el Congreso se convierte en el enemigo y el verdugo de los desempleados y los pobres, ya que los condena a permanecer en su precaria situación.

Pero la situación es todavía peor y más contradictoria, ya que la racionalización de las exoneraciones al final tiene como propósito generar más recursos para el estado.  Sin embargo, la mejor forma de incrementar los ingresos del estado es lograr que la economía crezca más rápidamente, ya que cuando esto ocurre más personas trabajan, más negocios son rentables, y por tanto pagan más impuestos.  En el caso que nos ocupa, el Congreso ha actuado de forma tal que lo que pretende hacer con la mano izquierda, es decir, aumentar los ingresos del estado, lo destruye con la derecha.  El proceso que ha emprendido para socavar la institucionalidad y el estado de derecho está minando el desarrollo económico nacional y fomentando la pobreza.  Esas son las contradicciones en las que ha caído el Congreso.

Los entendidos en la materia postulan que la fortaleza del estado de derecho puede medirse por la frecuencia con que los privados ganan los juicios que promueven contra el estado.  En nuestro caso, los magistrados fueron ilegalmente destituidos precisamente porque se atrevieron a fallar en contra de los deseos del poder Ejecutivo y del poder Legislativo.  Es razonable suponer que quienes ahora conforman la Corte Suprema entienden muy bien su limitado ámbito judicial y no se atrevan a oponerse a los deseos de quienes presiden los verdaderos poderes del estado.  Esto seguramente no pasará desapercibido por quienes anualmente miden la fortaleza del estado de derecho, y es de suponer que nuestra evaluación sufrirá.  Nuevamente, esto tendrá consecuencias negativas para la generación de empleo y el crecimiento económico ya que la Cuenta del Reto del Milenio usa esas evaluaciones para otorgar sus donaciones, y el Banco Mundial para definir el monto total anual de apoyo a nuestro país.  El Congreso sostiene que busca generar empleo por medio de las regiones especiales de desarrollo, o ciudades modelo, pero ¿quién invertirá en un país donde el Congreso irrespeta el estado de derecho y ha destruido los pesos y contrapesos indispensables para limitar el poder y asegurar la democracia?  Si se está tan comprometido con la generación de empleo, ¿por qué tomar medidas que desalientan la inversión y reducen la asistencia externa para el país?  En efecto, además de revisar las exenciones, el Congreso debería urgentemente corregir las contradicciones en las que ha caído.