COLAPSANDO

La semana recién pasada concluyó con el asesinato del Fiscal Chávez, una de las personas más importantes en la lucha contra el narcotráfico.  Un duro golpe contra el estado y contra todos y cada uno de nosotros.  El Fiscal se une a una lista de notables hondureños que han caído en la batalla contra los traficantes de drogas.  Entre ellos recuerdo a Arístides González y a Alfredo Landaverde.  Cuando un estado permite, indiferente e incapaz, que sus más connotados personajes sean asesinados sin que se capture y castigue a los autores intelectuales y materiales, debe concluirse que el estado está colapsando.  Con mucho dolor debemos aceptar que nos estamos convirtiendo en un estado fallido.  Permítanme explicar por qué.

La razón primordialmente para alienar o limitar algunos de nuestros derechos a favor del estado es para que este a cambio proteja nuestras vidas  y nuestros bienes.  Cuando el estado fracasa en esa tarea pierde toda legitimidad y razón de ser.  En nuestro caso es evidente que el estado no puede proteger la vida de las personas que se han dedicado a la lucha contra el narcotráfico, es decir, a fortalecer la capacidad del estado para proteger la vida de los ciudadanos.  Cuando esos emblemáticos ciudadanos son asesinados sin que eso tenga repercusión alguna sobre los asesinos, se entroniza un estado de impunidad cuyo efecto alcanza más allá de la lucha contra el narcotráfico.  Aquellos que pudieran contemplar delinquir se percatan de la incapacidad del estado para capturar y castigar a quienes asesinan a nuestras figuras icónicas.  Si aún en esos casos el estado muestra su incapacidad y debilidad, ¿qué pensar de las consecuencias que pueden sufrir aquellos que atentan contra la vida o la propiedad de una ciudadana común y corriente?  La impunidad se convierte en una vorágine incontrolable que se alimenta de su propio crecimiento hasta que el número de delitos alcanza tal nivel que se vuelve materialmente imposible para el estado investigar y castigar la mayoría de ellos.  El sistema comienza a colapsar y eventualmente colapsa.  Nuestro sistema está ya colapsando y de seguir así pronto colapsará totalmente y nos convertiremos en un estado fallido.

La situación se complica aún más cuando la población no confía, por razones válidas, en la policía.  Si la población no participa en la lucha contra la delincuencia la batalla es mucho más dura y el resultado incierto.  Sin embargo, es difícil generar esa confianza cuando la evidencia ha demostrado que algunos de los policías son en efecto delincuentes.  Por esto la depuración de la policía es urgente, pero para que sea creíble debe ponerse en manos de organizaciones de gobiernos amigos y las pruebas de confianza deben ser administradas rutinariamente por estas mismas organizaciones.  Si es necesario reformar la Constitución para poder usar las pruebas de confianza para depurar la policía, hagámoslo.  La lucha contra la delincuencia no debe basarse en procedimientos inconstitucionales.  Nada cuesta tomar las medidas del caso para actuar conforme manda la Constitución.

La lucha contra el narcotráfico también exige que el estado retome el control del territorio nacional.  La definición misma de estado involucra el control de un territorio.  En nuestro caso, hemos perdido el control de parte del territorio nacional y urge recuperarlo.  Para ello debemos establecer bases del ejército en las áreas que deseamos reclamar.  En Olancho, Gracias a Dios, Atlántida, el valle del Aguán, Islas de la Bahía y la frontera de Guatemala.  De nada sirve tener tropas acuarteladas en las cercanías de Tegucigalpa o San Pedro Sula, mientras en el ámbito rural los narcotraficantes siembran el reino del terror.  Para lograr resultados más rápidamente, cada base debería contar con un pequeño número de elementos de países amigos que han tenido experiencia en la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, es urgente y necesario que el gobierno brinde protección efectiva a las cabezas de la lucha contra el narcotráfico.  Si es necesario acudir a gobiernos amigos para contar con guardaespaldas calificados, que así sea.  Es inaceptable que estas personas puedan ser asesinadas fácilmente y que sus asesinos gocen de impunidad.  Contraste usted, estimada lectora, la reacción en Estados Unidos a raíz del atentado en la maratón de Boston.  Todos los recursos se volcaron hasta arrestar a los supuestos responsables, para lo cual fue clave el apoyo de la ciudadanía.  Compare usted lo ocurrido en el caso del Fiscal Chávez, o en los casos de Alfredo Landaverde y Arístides González, con lo acontecido en Boston.  Pregúntese qué mensaje ha sido transmitido a los delincuentes en ambos casos y verá la gravedad de nuestra situación.

Para colmo de males nuestros políticos parecen seguir dando palos de ciegos, nombrando comisiones interventoras y sustituyendo ministros.  Me pregunto si habrá alguien que piense que con estas medidas se logrará reducir la delincuencia y abatir la violencia.  Lamentablemente continuamos empeñados en discusiones bizantinas, promoviendo la reforma de la ley de CONATEL, proponiendo comisiones de censura como si estuviéramos en la edad media, y en general desgastándonos en asuntos que no son prioridad para la población.  Mientras caemos en la trivialidad y en batallas pírricas, los narcotraficantes y los delincuentes se dedican a su macabra labor.  ¿Despertarán nuestros políticos antes de que colapsemos, antes de que nos convirtamos en un estado fallido?  Dios quiera que así sea y que todos sepamos usar nuestro voto en las próximas elecciones.