DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS

El Presidente de Guatemala, don Otto Pérez Molina, ha planteado la despenalización de las drogas, y, según las encuestas, esa propuesta goza  de mucho respaldo popular en Guatemala.  Pero, ¿será que don Otto ha encontrado una solución a nuestro más grave problema, o estamos frente a una ilusión?  Me parece que se trata de lo segundo, aunque reconozco que es difícil juzgar la propuesta debido a la falta de información en cuanto a los detalles de la misma.  Permítanme explicar mi posición.

En primer lugar la despenalización podría darse en toda la región, abarcando a todos los países, ya sean estos productores, consumidores o traficantes de drogas, o podría darse solamente en la región centroamericana.  Supongamos, para comenzar, que se restringe y se aplica solamente a Centroamérica.  En ese caso, caben dos alternativas.  Se despenaliza solamente el consumo de las drogas, o se despenaliza también el tráfico de drogas.  Si se hace solo lo primero, entonces el tráfico continuará siendo ilegal y la violencia por el control del nefasto negocio continuaría igual, ya que la situación en Estados Unidos no habría cambiado y la actividad criminal e ilícita continuaría siendo muy lucrativa.  En otras palabras, lo que lograríamos al despenalizar solo el consumo sería que se incremente el número de personas adictas en la región y que la violencia mantenga, o aumente, su nivel en nuestros países.  Al no disponer de los medios para brindar rehabilitación y servicios médicos para los adictos solo habremos agravado nuestra triste situación sin haber logrado ningún beneficio.

Supongamos ahora que se despenaliza no solo el consumo, sino que también el tráfico de drogas y que eso solo ocurre en nuestra región.  Nuevamente, el tráfico seguiría siendo muy rentable ya que en el mercado de los consumidores no se procedería a despenalizar.  Por tanto la lucha por el control del tráfico continuaría igual, generando la misma violencia que ahora.  La única diferencia sería que los traficantes, salvo que se les compruebe la participación en otros delitos penados por la ley, como el homicidio, por ejemplo, pasarían a ser respetables miembros de nuestra sociedad.  Eso implicaría que pueden colocar sus grandes fortunas en nuestros bancos, invertir en bienes y servicios, y participar como cualquier otro en nuestra economía.  Si bien algunos pensarán que eso vendría a mejorar nuestra maltrecha economía, también implica que podrían participar abiertamente, y contribuir sin tapujos, en nuestras campañas electorales, hasta eventualmente apoderarse  del gobierno.  Algunos nuevamente dirán que eso ya ocurre y posiblemente tengan razón.  No obstante, en estos momentos su participación en nuestra política es ilegal y rechazada por la población.  Si se despenalizara el tráfico de drogas la participación de los capos en la política sería legal y no habría razón para que la sociedad la rechazara.  La aprobación, o el rechazo, por parte de la sociedad es un valioso instrumento que no debe ser entregado o alienado sin una poderosa razón.  Es el último bastión de defensa con que contamos.

Cabe, por supuesto, que la despenalización del consumo y el tráfico sea adoptada en todo el continente, y en ese caso la idea tendría mérito.  En efecto, si los países consumidores, particularmente Estados Unidos, decidieran despenalizar tanto el consumo como el tráfico, y trataran el tema como uno de sanidad nacional, entonces el precio de la droga colapsaría y dejaría de ser un negocio sumamente rentable.  Sucedería algo similar a lo que ocurre con el tabaco y el alcohol, donde consorcios internacionales manejan esos negocios sin recurrir a la violencia.  Me parece que en ese caso, y solamente en ese caso, la despenalización tendría sentido.

Lamentablemente, parece poco probable que Estados Unidos adopte esa decisión.  De hecho, ellos no ven un problema en el consumo y el tráfico de drogas.  Ni siquiera es un tema que se mencione en la campaña presidencial y congresional en curso.  No es un asunto al que le concedan prioridad, al igual que ocurre con todos los temas de interés para América Latina.  En estos momentos se da una total desconexión entre nuestras prioridades y las de Estados Unidos.  Siendo esto así, lo único que nos queda es que nos apoyen para que los traficantes encuentren otras rutas más baratas y menos difíciles para llevar su mortífero cargamento a Estados Unidos.  Que nos apoyen para dificultar el ingreso de las drogas a nuestro país y que el problema afecte a otras naciones y no a nosotros.  Por supuesto que esas otras naciones luego presionarán para que se les ayude a evitar que las drogas ingresen a sus países, lo cual eventualmente lleva a que el precio de la droga aumente y a que los capos encuentren el eslabón más débil en la ruta al mercado de Estados Unidos.  Esto también implica que nosotros seguiremos poniendo los muertos, mientras Estados Unidos pone los dólares.  Triste situación para todos nuestros países.

Al final, debemos agradecer a don Otto porque su propuesta puede, y debe, servir para que todos nuestros países presenten una posición unida frente a Estados Unidos exigiendo que tomen medidas para enfrentar el consumo en su país.  Solamente así lograremos resolver esta maldición.  Si eso se hace, si mantenemos una posición conjunta y congruente, tendremos alguna esperanza que el problema se resuelva, y si eso se da, mucho tendremos que agradecer al señor Presidente de Guatemala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La idea de crear un Tribunal Constitucional ha retornado al diálogo de los políticos, demostrando, una vez más, que sus prioridades están totalmente divorciadas de las prioridades de la población.  Mientras la nación se desangra, mientras la ciudadanía vive atemorizada y amenazada por la violencia y delincuencia, y mientras el pueblo siente el impacto del desempleo y del alza en el costo de la vida, los políticos se enfrascan en discusiones bizantinas.  Pero, además de ser este tema absolutamente irrelevante desde la perspectiva del ciudadano, me parece que percibo una seria amenaza a nuestra institucionalidad, a nuestro “contrato social”, como diría Rousseau.  Permítanme explicar por qué.

Nuestro sistema de gobierno, desde el momento de nuestra independencia, es presidencial y republicano.  Nuestros próceres decidieron replicar el sistema que pusieron en vigencia, por primera vez en la historia, los líderes de la independencia de Estados Unidos.  Ese sistema, además de presidencial y republicano, se basa en la independencia de los tres poderes del Estado y en un mecanismo de pesos y contrapesos que busca evitar que un poder del Estado subordine a los otros.  Nuestras diferentes constituciones siempre han optado por tres poderes, independientes, pero complementarios, y sin sometimiento del uno a los otros.  Esos tres poderes son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, cada uno con su área de competencia según la define la constitución.

El Poder Legislativo promulga las leyes y al Poder Judicial le compete aplicarlas a cada caso en particular.  A diferencia del sistema anglo-sajón, nuestro Poder Judicial no crea nueva legislación, sino que tan solo aplica la que promulga el Legislativo.  Entre otras tareas le compete al Poder Judicial decidir si las leyes promulgadas por el Legislativo, y los acuerdos y decisiones del Ejecutivo, son compatibles con la constitución, es decir, si son o no constitucionales.  Claramente que en el sistema de pesos y contrapesos esto debe ser así, ya que si la decisión fuera del Legislativo, entonces, por definición,  ninguna ley por ellos promulgada podría ser inconstitucional, y lo mismo puede decirse del Ejecutivo cuando juzga sus propios actos.  En términos más claros, no se puede o debe ser juez y parte.

Cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, nuestro contrato social implícitamente confiere a los Magistrados el don de la infalibilidad, no porque sean infalibles, sino por razones puramente prácticas.  Si no fuera así, las decisiones de la Corte tendrían que ser apelables ante otra instancia, pero las decisiones de esa otra instancia tampoco tendrían que ser infalibles e inapelables.  La única forma de evitar que este proceso se repita ad infinitum radica en acordar, como lo hemos hecho en nuestro contrato social, que en lo secular y en los asuntos del Estado, las decisiones de la  Corte Suprema, u otra institución, serán consideradas infalibles e inapelables.

Eso no quiere decir que en efecto los Magistrados adquieren el don de la infalibilidad cuando son nombrados.  Seguramente que sus decisiones serán frecuentemente criticadas y muchos pensarán que hasta son equivocadas, pero nuevamente, lo que hemos acordado, lo que hemos pactado, lo que sustenta nuestra forma de gobierno es que, nuevamente en temas seculares, la opinión de la Corte es la última palabra.  Es inapelable y definitiva.  Sostener lo contrario es simplemente promover el cambio de nuestra forma de gobierno, sometiendo un poder a los otros.

Habrá quienes arguyan que la Corte es juez y parte cuando juzga temas de constitucionalidad, lo cual me parece difícil de probar, y en todo caso lo mismo podría decirse del Tribunal Constitucional.  De hecho, en lo referente a los recientes fallos de la Corte, o en lo concerniente a los recursos que se le han planteado, ninguno cae en este ámbito.  En ninguno de ellos puede decirse que la Corte es juez y parte.  Es, por supuesto, posible, o probable, que algunas decisiones de la Corte no sean del agrado de los otros Poderes del Estado, pero esa no es razón para criticar la Corte.  En general, en cada fallo de un tribunal de justicia, una parte pensará que la decisión fue correcta y alabará al tribunal, pero la otra parte dirá que el fallo fue incorrecto y criticará al tribunal.  Sin embargo, esa es la naturaleza de la labor del Poder Judicial.  Les resulta imposible quedar bien con ambas partes litigantes, y no por eso deja su labor de ser válida, legítima y necesaria para la vida republicana.

A mi juicio, lo que ocurre es que a nuestros políticos no les termina de agradar la independencia de la Corte.  Después de todo, a partir de la participación de la Junta Nominadora, todas las Administraciones, incluyendo la Administración Flores y excluyendo a la Administración Maduro, han tenido enfrentamientos con la Corte.  El propuesto Tribunal Constitucional tan solo representa una medida por recuperar el poder del Sistema Judicial por parte de los políticos.  Tan es así que me atrevo a pensar que en la propuesta que consideran en el Poder Legislativo los magistrados de ese Tribunal serían nombrados directamente por el Poder Legislativo, sin participación alguna de la sociedad o de una Junta Nominadora.   De esa manera se aseguran el control del Tribunal.

Ojalá que yo esté equivocado y no se trate de un esfuerzo de los políticos por volver a tomar el control del Poder Judicial, ya que eso significaría un gran y peligroso retroceso en nuestro desarrollo institucional.  Ya no solo habríamos abandonado el espíritu innovador y reformista que imperó cuando el ahora Presidente Lobo presidió el Congreso Nacional, sino que estaríamos frente a la contra-reforma.  Ojalá que esté equivocado, que las aguas retornen a sus cauces, y que los políticos se dediquen a resolver los problemas que agobian a la población.