En la
recientemente celebrada asamblea de la OEA algunos países miembros, Venezuela,
Ecuador y Bolivia particularmente, han criticado la labor de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Molestos por las decisiones y
recomendaciones que para proteger los derechos de las personas en
el continente han tomado y ofrecido esos dos entes de la OEA, reclaman su
reforma y amenazan con abandonar la OEA si no se les complace en sus
pretensiones. La lectora seguramente
recordará que estos son los mismos países con quienes la OEA, y en particular
su Secretario General, han tratado de congraciarse. Todos recordamos como el Secretario General,
azuzado por estos mismos países y otros, corrió proponer la suspensión de
Honduras después de la salida del entonces Presidente Zelaya. También está fresca la memoria de su marcado
interés por reintegrar a Cuba al seno de la OEA a pesar de que claramente no
cumple, ni se propone cumplir, con la Carta Democrática de la OEA. Pues bien, esos mismos países, acompañados por
Brasil, ahora se manifiestan molestos con las dos organizaciones insignes de la
OEA y demandan su reforma a su gusto y antojo.
Caso contrario, se retirarán de la OEA.
Como señala el viejo refrán, “mal paga el diablo a quien bien le sirve”.
Tanto la
Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han prestado un
invaluable servicio a muchas personas y organizaciones del continente que de
otra forma no hubieran podido reclamar el respeto a sus derechos u obtener una
condena para el estado que violentó sus derechos. Ambos entes en efecto se han erigido como la
más alta instancia continental para la defensa de los derechos humanos. En el caso específico de Honduras puede
decirse que en ausencia de estos entes no hubiera habido justicia en muchos
casos. Simplemente se hubiera cerrado el
expediente al haberse agotado las instancias nacionales. Honduras correctamente ha aceptado la
jurisdicción de ambos entes y aún en aquellos casos en los que no compartía la
opinión de uno u otro de esas organizaciones, siempre procedió a cumplir las
sentencias dictadas por ellas. Nuestro
país en efecto ha cedido un poco de su soberanía a fin de elevar el grado de
respeto de los derechos humanos y a fin de mejorar su desempeño en esta crítica
área. A mi juicio son estos dos entes
los que le dan alguna razón de ser a la OEA.
Si desaparecieran o fueran emasculados la OEA se convertiría en un
simple club social integrado por aspirantes a oradores. Perdería toda legitimidad y, en ese caso,
merecería desaparecer.
Algunos
gobernantes son alérgicos a la crítica, y más aún a la condena de alguna
instancia internacional. Creyéndose
iluminados por los dioses, poseedores únicos y absolutos de la verdad e
incapaces de equivocarse, montan en cólera cuando una institución de prestigio
señala un yerro en su actuar.
Simplemente les resulta imposible aceptar que pueden equivocarse ya que
eso revelaría que son humanos. Sin
embargo, como no pueden demostrar que no han violado los derechos de las
personas recurren a ataques ad hominem,
es decir, se dedican a atacar al mensajero ya que no pueden rebatir el mensaje. En el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia se
trata de violaciones al derecho de libre expresión e información, así como a los
derechos políticos. En el caso de Brasil
se trata de la violación del derecho que tienen las comunidades indígenas a la
información, consulta y consentimiento previo a la construcción de embalses en
sus territorios. En el caso de Brasil, al
serle adverso el fallo, han reaccionado retirando a su embajador de la OEA,
evidenciando una actitud pueril e indigna de una nación que pretende en
convertirse en el líder latinoamericano.
Todo indica que la pujanza económica no necesariamente produce
simultáneamente madurez política.
Ante el
embate de los ofendidos la OEA ha reaccionado nombrando un comité para que
estudie el tema y le presente una propuesta para satisfacer el reclamo
planteado. Es posible que para apaciguar
a quienes buscan violar los derechos humanos sin incurrir en una condena o
sanción de la Comisión o la Corte, la OEA ceda y acepte socavar estos entes,
volviéndolos irrelevantes en el proceso.
Esperemos que aquellos países que buscan respetar los derechos humanos
no permitan que esto ocurra. Confiemos
en que nuestro país dará una batalla por mantener vigente estos entes y así
fortalecer el respeto a los derechos humanos en el continente. Caso contrario,
todos habremos perdido, particularmente los pobres y vulnerables. En ese caso la OEA carecería de razón de ser
y debería pasar a mejor vida. Tal vez
sea este el resultado que algunos países buscan. Como señalaba antes, “mal paga el diablo a
quien bien le sirve”.
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