BUENA NOTICIA, MALA NOTICIA

La semana pasada recibimos con agrado una buena noticia y con preocupación dos malas noticias.  Permítanme comenzar con las malas noticias.  Primero, la Corporación de la Cuenta del Desafío del Milenio decidió que no merecemos, en este momento, una segunda donación.  Segundo, el Congreso decidió elevar a sesenta dólares la tasa que pagamos por salir del país por vía aérea, una cifra sin precedentes y que se debe a la decisión, equivocada a mi juicio, de trasladar el aeropuerto de Tegucigalpa a Palmerola.  Ahora la buena noticia.  El Congreso aprobó las reformas a la ley del INPREMA, con lo cual, suponiendo que se respetó el proyecto de ley que presentó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se podrá hacer frente a un serio problema que pudo haber dañado las finanzas nacionales e incrementado los impuestos que pagamos.  Permítanme explicar en más detalle.

Durante la Administración Maduro nuestro país logró obtener una donación de $215 millones de la Cuenta del Desafío del Milenio del gobierno de los Estados Unidos.  Fuimos el segundo país en obtener la donación, y el primero en completar las obras financiadas por ella.  De acuerdo a todos los informes elaborados, el desempeño hondureño fue extraordinario y ha sido presentado como modelo mundial.  Esto debe ser motivo de satisfacción y orgullo y debe llevarnos a felicitar a quienes dirigieron la unidad ejecutora.  Como señalan los diferentes informes, la trayectoria es particularmente impresionante si se recuerda que se dio en el contexto de cuatro Administraciones públicas en Honduras, desde la presidida por el Presidente Maduro hasta la rectorada por el Presidente Lobo.  La estructura que se diseñó para ejecutar el proyecto resultó ser tan sólida que pudo resistir los embates por manipularla y politizarla habidos durante la Administración Zelaya.  Sin embargo, en esa misma Administración comenzó el deterioro de los indicadores que la Corporación de la Cuenta del Milenio utiliza para decidir si un país califica o no para recibir una donación.  Ya en el segundo año de la gestión de esa Administración se había deteriorado el indicador que se refiere a la percepción de corrupción al grado que la donación casi fue cancelada.  En efecto, el indicador de percepción de corrupción debe ubicarse por arriba de la media del valor alcanzado por los países elegibles y lamentablemente ese indicador todavía no ha mejorado lo suficiente como para que califiquemos para una segunda donación.  Es una mala noticia, pero entiendo que la actual Administración está comprometida con el mejoramiento de los indicadores y eso podría permitir que el próximo año se revise nuestra situación y, con esfuerzo y dedicación, tal vez podamos entonces calificar y recibir una segunda donación.

El subir la tasa aeroportuaria a sesenta dólares es un golpe fuerte al bolsillo de los pasajeros y debo suponer que tiene su origen en la ampliación al contrato de concesión de nuestros aeropuertos, que ahora incluye la construcción de una terminal de pasajeros en Palmerola.  La pregunta, por supuesto, es ¿por qué Palmerola?  Tendremos un aeropuerto muy lejano de la ciudad que sirve.  Si no estoy equivocado, tendremos, con una sola excepción, la distancia más larga en todo el continente.  Ya las lectoras podrán imaginarse el gasto en combustible en el transporte por automóvil desde y hacia Palmerola.  Por otro lado, la decisión tomada llevará al cierre de Toncontín, convirtiendo a Tegucigalpa en la única capital sin aeropuerto y generando el desempleo de quienes laboran allí.  Lo peor es que esto no redundará en tarifas aéreas más bajas.  Será tan, o más, caro viajar de Palmerola que de Toncontín.  Si no estoy equivocado, los estudios hechos señalaban que lo lógico era convertir a San Pedro Sula en el principal aeropuerto del país.  Después de todo, hoy en día por ese aeropuerto viaja el doble del número de pasajeros que viajan por Tegucigalpa.  Por ello las tarifas son más bajas si se viaja por San Pedro Sula.  Si se hubiera optado por limitar el tamaño de las naves que viajan a Toncontín, manteniendo el aeropuerto abierto para cierto tipo de aeronaves, y estipulado que el resto debería utilizar el aeropuerto de San Pedro Sula, entonces las tarifas aplicables a San Pedro habrían bajado más al aumentar el número de viajeros.  Esa reducción hubiera permitido que quienes viajan desde Tegucigalpa por vía aérea, haciendo escala en San Pedro, pagaran aproximadamente lo mismo que pagan ahora.  El país se hubiera beneficiado, y además no hubiera sido necesaria otra contratación directa que, como reiteradamente hemos dicho afecta la percepción de corrupción y por ende impide nuestro acceso a donaciones y préstamos.

El traslado del aeropuerto a Palmerola no tiene lógica, ni sentido, salvo que sea el inicio del desplazamiento de Tegucigalpa hacia Comayagua.  Todos conocemos las dificultades que plantea el desarrollo de la infraestructura de Tegucigalpa, particularmente la dotación de agua potable.  Por esa razón, no deja de tener sentido promover la descentralización y el traslado de parte de las entidades del gobierno hacia otras ciudades y regiones, y en ese contexto, el traslado del aeropuerto podría ser el inicio del éxodo.  Cuando me tocó fungir como Secretario del Despacho de la Presidencia propuse a diputados amigos que trasladáramos el Congreso a Comayagua.  Estaba seguro que podríamos obtener apoyo para construir un centro legislativo de primer orden en Comayagua, de diseño colonial y con suficiente espacio para facilitar las labores legislativas, incluyendo oficinas para cada diputado y para sus asesores.  Lamentablemente, no hubo entusiasmo por la idea y tuve que abandonarla, pero tal vez ahora estemos presenciando una rectificación.  Si así fuera, el traslado del aeropuerto podría tener sentido; caso contrario, el balance neto será negativo para el país.

En cuanto a la buena noticia, la referente a la aprobación de las reformas a la ley del INPREMA, permítanme, por favor, analizarla la próxima semana.

DOLOR Y DUELO

El asesinato de Alfredo Landaverde ha dejado a nuestro país sumido en el dolor y el duelo.  La patria ha perdido a un buen hijo, y la sociedad ha perdido un paladín.  Alfredo luchó porque todos tuviéramos un mejor futuro, por librarnos del cáncer del narcotráfico, la corrupción y la violencia.  Su ausencia física deja un gran vacío, pero su ejemplo, su valentía y sus ideas quedan entre nosotros y deben alentarnos para seguir adelante con su lucha.  Su viuda ha decidido tomar la antorcha y continuar en su gesta.  A nosotros nos compete no dejarla sola y apoyarla en lo que esté a nuestro alcance.  Como decía hace unos días, es posible que se esté gestando un cambio que favorezca el imperio de las ideas de Alfredo, y la semana pasada vimos muestras adicionales de ese cambio.

Me refiero a las declaraciones del Alcalde de Tegucigalpa. Ricardo Álvarez, quien se ha sumado a quienes insistimos en el acompañamiento internacional de la depuración de la policía, y por la búsqueda del apoyo internacional para retomar el control de nuestro territorio.  Claramente que entre más personas clamemos y pidamos que involucremos a la comunidad internacional en la solución de nuestro problema, más probable será que nuestra propuesta sea exitosa.  Este no es el momento para llamarnos al silencio.  Entiendo perfectamente que el asesinato de Alfredo y de otras personas busca atemorizarnos y callarnos, pero no podemos permitir que las fuerzas del mal triunfen.  Nuestro silencio en efecto les estaría diciendo que nos han derrotado y que sumisamente aceptamos que impongan su reino del terror.

No podemos aceptar la derrota ya que equivale a la destrucción de nuestra nación, de nuestras familias y nuestros sueños.  No podemos  esperar ganar la batalla contra el mal convirtiéndonos en sus vasallos. Si abusan de nosotros y nos asesinan cuando todavía no controlan nuestro país, imagínese lectora lo que harían si llegan a controlar nuestra nación.

Este es el momento de reclamar entereza y valentía de nuestros políticos, incluyendo la aprobación de la reforma constitucional que permita la  extradición.  Nunca como ahora han sido más pertinentes las palabras de nuestro himno nacional, “serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor”.  Alfredo cayó con honor.  No permitamos que su muerte sea en vano y continuemos por la senda que el trazó.

ATISBOS

En mis últimas visitas a nuestro país he podido percibir un ambiente de pesimismo generalizado.  Al parecer muchas personas piensan que vivimos un mal momento y que, lo que es peor todavía, marchamos en la dirección equivocada y por tanto nuestra situación solo puede empeorar.  Me parece que hay, principalmente, dos causas que subyacen este pesimismo.  La violencia, la inseguridad y el narcotráfico que se han implantado en nuestra nación, y la falta de oportunidades y empleo, producto de nuestro lento crecimiento económico.  Sin embargo, me parece que recientemente hemos visto atisbos de un mejor mañana, de coraje y esperanza.  Permítanme explicar por qué.

Ya anteriormente me referí al liderazgo de la Rectora quien, a pesar de su profundo dolor, ha impulsado la depuración de la policía, con el acompañamiento de la comunidad internacional.  Adicionalmente, esta  pasada semana Proceso Digital nos informaba de las gestiones que la Secretaria del Despacho de la Presidencia, María Antonieta de Bográn, ha hecho con el Secretario General de la ONU para que esa organización asesore y acompañe la depuración de la policía.  Ambas iniciativas y ambas personas merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo.   Por supuesto que habrá quienes piensen y arguyan que no necesitamos apoyo externo; que nadie mejor que nosotros conoce nuestros problemas y que somos muy capaces de resolverlos.  Algunos de los proponentes de esta tesis actúan de buena fe, aunque hacen gala de la prepotencia que solo puede alimentar la ignorancia.  Después de todo, ninguno de ellos ha dirigido una policía que haya sido exitosa en la lucha contra el crimen y el narcotráfico.  Ninguno de ellos ha conducido una policía de reconocido prestigio internacional.  Simplemente hacen gala de un mal entendido patriotismo, a veces hasta de xenofobia, y de un temor a competir con quienes si conocen del tema.  Otros de los opositores son más peligrosos ya que se aprovechan de la corrupción en la policía para hacer sus negocios ilícitos.  Estos, por supuesto, no tienen interés alguno en que se depure la policía y usarán todas las artimañas a su alcance para obstaculizar el proceso.  Frente a esta situación, no podemos dejar solas a quienes han emprendido la lucha por la depuración con acompañamiento internacional.  Alcemos  nuestras voces en apoyo de quienes luchan por proteger el bien común.  Este no es el momento para ser actores pasivos, simples espectadores, en la lucha por rescatar nuestra policía.  Nuestro futuro, y el de nuestras familias, dependen de eso.

Por supuesto que la depuración de la policía es trascendental, pero es tan solo el comienzo.  A mi juicio, después de lograda la depuración se deberá lograr un acuerdo con un país amigo para que administren periódicamente la prueba del polígrafo a los mandos superior y medio de la policía y la legislación debe permitir la separación inmediata, y sin compensación monetaria, de quienes no aprueben dicha prueba.  Por otro lado, también se debe reestructurar la policía, fortaleciendo la policía municipal a fin de que los municipios puedan también participar en la lucha contra la delincuencia.  Los esfuerzos locales, basados en la policía comunitaria, son mucho más efectivos que los nacionales.  Puerto Cortés ha sido un pionero en este esfuerzo, y a pesar del escaso o nulo apoyo recibido de la policía nacional, su decisión, incluyendo la aprobación de una tasa de seguridad ciudadana en cabildo abierto, es un esfuerzo que debe replicarse, una vez que se amplíe el ámbito de la competencia de la policía municipal.

En cuanto a la cooperación internacional, se debería también solicitar a Naciones Unidades el envío de Cascos Azules para apoyar a nuestras fuerzas armadas en la recuperación del control de nuestro territorio nacional.  He leído que Estados Unidos está ahora dispuesto a apoyarnos para evitar que las drogas ingresen a nuestro país.  Este es un cambio positivo de política que, en ausencia de la voluntad para enfrentar la demanda por las drogas en Estados Unidos, al menos evita que el tráfico nos afecte y destruya.  Alfredo Landaverde valientemente nos ha advertido del grave daño que el narcotráfico ocasiona a nuestro país.  Alfredo merece nuestro reconocimiento por dar la alarma desde hace muchos años.  Lo que él vaticinó ahora es una realidad.  No le escuchamos oportunamente, pero al menos tomemos ahora medidas para combatir este mal.  Reformemos nuestra Constitución para permitir la extradición con base en normas internacionales y solicitemos el apoyo internacional para recuperar el control de nuestro territorio.  No permitamos que los señores de la droga y quienes se benefician de este malvado negocio manipulen nuestra xenofobia, utilicen nuestra arrogancia e ignorancia, o promuevan un falso concepto de soberanía para destruir nuestra sociedad y nuestras familias.

Como he dicho antes, este no es el momento para ser apáticos o jugar el papel de espectadores pasivos.  Se trata de nuestras vidas, de nuestro futuro y el de nuestros hijos.  No dejemos solos a quienes valientemente luchan por protegernos.  Alcemos nuestras voces y apoyémosles.  Si no lo hacemos, seguramente lo lamentaremos después.

GRACIAS, RECTORA

La Rectora, Julieta Castellanos, sacando fuerzas de su dolor, y utilizando el poder de convocatoria de la UNAH, ha logrado tocar la conciencia nacional.  Ha liderado en momentos en los que nuestra nación desesperadamente necesita que combatamos la delincuencia y recuperemos nuestro país.  Después de la podredumbre que hemos presenciado en la policía, no cabe duda que, como propone la Rectora, es imprescindible y urgente intervenir y depurar la policía y ponerla bajo el control de expertos de una organización internacional o de una nación amiga.  Solo así podremos recuperar la confianza perdida, y solo así podremos dar inicio a la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen.  La Rectora ha dicho pública y valientemente, lo que muchos pensamos y decimos, pero con su presencia continua en los medios de comunicación ha mantenido su dedo en la llaga y con ello nos brinda esperanzas a todos.  Por primera vez en muchos años pienso que es posible que se de un verdadero y notable cambio en la policía.  Por todo esto, la Rectora merece nuestro aplauso y agradecimiento.

Pero, no nos equivoquemos.  Una intervención y depuración “a la hondureña” no servirá para nada.  Si no ponemos a la policía bajo el mando y control de una organización internacional o de un país amigo, o al menos si sus altos mandos no son desempeñados por ciudadanos de otros países, con experiencia en estos temas, nos quedaremos cortos y no resolveremos el problema.  Después de unos años se podrá volver a control nacional, cuando estemos seguros de haber formado una nueva clase de policías nacionales, cuya conducta se ciña a las normas internacionalmente aceptadas y que les hayan inculcado sus mentores extranjeros.  Además, para entonces se deberá también haber logrado un acuerdo bilateral o internacional para contar con los servicios de una organización extranjera que periódicamente compruebe, por medios científicos modernos, la conducta de los mandos superiores y medios de la policía.  Solo así nos sentiremos seguros y solo así veremos disminuir los índices de violencia.

No obstante lo ambiciosa que pueda parecer esta propuesta, resulta insuficiente para hacer frente al grave deterioro que ha sufrido la seguridad de nuestro país.  Además de tomar control de nuestra policía, debemos también tomar control de nuestro territorio, y eso implica hacer frente, y derrotar, el narcotráfico.  Afortunadamente parece que Estados Unidos está ahora dispuesto a colaborar con nosotros para evitar que la droga ingrese a nuestro país, lo cual implica resguardar nuestras costas y nuestro espacio aéreo.  Ese es un primer, y muy importante paso.  Pero además de esto, debemos recurrir nuevamente al apoyo bilateral o internacional.  Necesitamos tropas que acompañen a las nuestras y que se instalen en las zonas que actualmente de facto están en control del narcotráfico.  Solo así recuperaremos el control de nuestro territorio y evitaremos convertirnos en un “estado fallido”, hacia dónde iremos irremisiblemente si no tomamos estas medidas u otras similares.

Por supuesto que para lograr el apoyo de la comunidad internacional y de los gobiernos amigos es necesario que hagamos evidente nuestro compromiso con esta lucha, particularmente en lo que se refiere al combate del narcotráfico.  Para esto es urgente reformar nuestra Constitución para permitir la extradición de nacionales cuando esto se justifique  y con base en los tratados internacionales.  Es inconcebible que haya oposición a esta propuesta en el Congreso, pero en todo caso, los ciudadanos debemos alzar nuestra voz para que nuestros representantes y servidores en el Congreso hagan nuestra voluntad.  La experiencia colombiana ha demostrado los claros beneficios de esta medida, y en todo caso, ningún estado que se precie de ser una nación de leyes puede ser refugio de delincuentes y criminales internacionales.  Si alguno de los diputados se opusiera a esta medida tendrá que explicarnos por qué ha sacrificado el bien común por sus intereses y beneficios personales.  Esa persona no merecería representarnos en el Congreso y debería recibir un merecido castigo en las próximas elecciones.

Me parece que estamos en un punto crítico en nuestra lucha contra la violencia, el narcotráfico y la delincuencia.  La Rectora ha abierto la puerta para que todos apoyemos la lucha por rescatar nuestro país.  Difícilmente encontraremos un ambiente más propicio después. No permitamos que las diferencias intranscendentes nos dividan y debiliten.  Luchemos por depurar y transformar la policía y por ponerla bajo el mando de personas extranjeras de reconocida experiencia y honestidad.  Reformemos la Constitución para permitir la extradición y logremos el apoyo del gobierno de Estados Unidos para impedir el ingreso de la droga en nuestro país.  Finalmente, recuperemos el control de nuestro territorio, instalando bases militares en las zonas controladas por el narcotráfico y complementemos nuestros soldados y oficiales con tropas y oficiales extranjeros, por medio de la cooperación bilateral o internacional.   Todavía estamos a tiempo, pero no demoremos.  La Rectora nos ha dado el ejemplo.  Este es el momento de hacer oír nuestras voces.

DESENCUENTRO

Impresiona, y preocupa, el desencuentro entre la clase política y los ciudadanos de nuestro país.  Más que un desencuentro, parece que se ha llegado a un divorcio.  En tanto los ciudadanos claman por seguridad y empleo, los políticos se empecinan en discutir temas que solo a ellos les interesa.  Enfrascados en sus luchas por el poder, el control y los beneficios atinentes a ambos, ignoran el reclamo popular.  Lo irónico del caso resulta ser que si persisten en su tozudez, el divorcio se oficializará y perderán todo el poder y las prebendas que tanto ansían.  Pero permítanme explicarme en más detalle.

Como decía inicialmente, mientras la delincuencia nos baña en sangre y mientras el desempleo campea entre nosotros, los políticos se afanan en discutir temas que, en este momento, son poco menos que irrelevantes para nuestra población.  Entre estos cabe citar la convocatoria a una asamblea constituyente, la creación de un tribunal constitucional y la integración del Consejo de la Judicatura.  Afortunadamente, parece que la convocatoria a la asamblea constituyente quedó en el olvido, al percatarse los políticos del poco interés que la población le asigna al tema.  Sin embargo, luego surgió la idea de crear un tribunal constitucional, cosa que para la población es absolutamente irrelevante.

En realidad, la Corte Suprema ya cuenta con una Sala Constitucional y por tanto este nuevo órgano luce totalmente innecesario.  Si la razón para crearlo es evitar que en las disputas entre poderes la Corte se convierta en juez y parte, entonces, ¿cómo se evitará esto cuando el Tribunal Constitucional entre en pugna con los otros poderes del Estado?  ¿Habrá que crear otra instancia?  Si uno ve los modelos más prestigiados y probados a lo largo del tiempo, verá que otras democracias maduras, como la de Estados Unidos, no ha tenido que crear estos órganos.  En efecto, la Corte Suprema de Estados Unidos fundamentalmente se dedica a resolver temas ligados a la constitucionalidad de los actos de otros.  En este orden de cosas, una opción sencilla y clara sería convertir a la actual Corte Suprema en una Corte Constitucional, lo cual también volvería más expedito el sistema judicial al no llegar a la Corte Suprema algunos de los casos que debe atender actualmente.  Al final, me parece que lo que se ha pretendido es volver al pasado, retroceder a los peores momentos de nuestra historia, en los cuales los políticos controlaban el poder judicial.  No puedo olvidar el cinismo de un político y banquero cuando declaró que su movimiento controlaba la Corte Suprema (y por su medio el poder judicial), y que eso era normal, ya que nuestro país no era Suiza.  Si estoy equivocado en mi opinión, ¿por qué no se propuso que los magistrados del nuevo Tribunal fueran propuestos por la Comisión Nominadora de la Sociedad Civil?

El mismo defecto encuentro en el Consejo de la Judicatura.  Acepto la necesidad de contar con este Consejo, pero, ¿por qué no dejar que la sociedad civil proponga los integrantes a la Corte Suprema?  ¿Por qué involucrar al Congreso en un tema que es de la total competencia del Poder Judicial?  Otra vez, no puedo dejar de pensar que se trata de recuperar espacios perdidos por los políticos.  En lugar de abrir más espacios para que la sociedad participe y se sienta dueña de su democracia, los políticos tradicionales siguen empeñados en volver al pasado, en controlar el poder judicial para su ventaja personal.  Sus actos anacrónicos resultan difíciles de entender en el contexto mundial en el cual vivimos.

Mientras nos ahogamos, mientras la casa arde, los políticos tradicionales tocan el violín y disfrutan la fiesta, procurando degustar los menús más finos.  Como decía mi madre, no hay peor ciego que quien no quiere ver.  Al final, la población les pasará la factura.  Me atrevo a decir que en las próximas elecciones ambos partidos tradicionales perderán terreno frente a las nuevas fuerzas.  Será una pena porque nuestros partidos centenarios podrían tener mucho que ofrecer y podrían ser instrumentos valiosos para la transformación nacional.  Sin embargo, como han caído en manos de políticos tradicionales y reaccionarios, han despilfarrado sus oportunidades y ahora verán su caudal político reducido.  Todavía hay tiempo para evitar el colapso de nuestros partidos tradicionales, pero desafortunadamente, no hay peor ciego …

VENTAJA PARA EL SALVADOR

La semana recién pasada El Salvador y Estados Unidos firmaron un pacto, un asocio, para fomentar el desarrollo de la economía salvadoreña.  Los temas fundamentales son la mejora en la seguridad de las personas y sus bienes, y en la competitividad y productividad del país.  El Presidente Funes, la cabeza del gobierno del FMLN, una vez más ha hecho gala de su pragmatismo y liderazgo y con sus decisiones ha logrado una importante ventaja para El Salvador.  Gracias a ello, nuestros vecinos, que ya cuentan con un ingreso per cápita que es el doble del nuestro, verán a su país separarse más del resto de sus vecinos.

Para poder entender el alcance del pacto, veamos las medidas listadas en la edición de El Diario de Hoy correspondiente al 3 de noviembre.  Esas medidas son:

· “Integración de un consejo de crecimiento para analizar los asuntos relativos a la competitividad, que busque las soluciones a las barreras del crecimiento y haga que El Salvador sea más atractivo para la inversión.”

· “Un entorno regulatorio favorable para los negocios, mejorará la infraestructura y atraerá nuevas inversiones en la educación.”

·  “Apoyo a las asociaciones público-privadas e iniciativas como buscar un operador del sector privado para operar el puerto de La Unión.”

·  “Contribuirán al despliegue de unidades policiales especializadas para combatir la delincuencia y el establecimiento de  la policía comunitaria.”

·  “Promoverán la ampliación de oportunidades de educación y empleo para jóvenes en riesgo y apoyo al desarrollo de una nueva generación de empresarios.”

·  “Aumento de los esfuerzos por reducir la demanda de drogas ilegales en los Estados Unidos a través de la educación, prevención y tratamiento, y para cortar el flujo de armas y fondos ilícitos de los Estados Unidos a la región.”

En una entrevista que El Diario de Hoy lograra con el Presidente Obama, este decía que “Bajo el Asocio para el Crecimiento, en los próximos cinco años, vamos a trabajar juntos para combatir la inseguridad a través de programas para fortalecer las instituciones del Estado de Derecho y prevenir violencia.  Vamos a colaborar con el despliegue de unidades policiales especializadas para combatir la delincuencia y vamos a apoyar al nivel nacional el establecimiento de la policía comunitaria.  Trabajando en conjunto con el sector privado y la sociedad civil de El Salvador, vamos a ampliar las oportunidades de educación y empleo para jóvenes en riesgo y apoyar el desarrollo de una generación de empresarios.”

De lo anterior se puede concluir que habrá mejoras sustantivas en el clima de seguridad de El Salvador, lo cual fomentará la inversión y la generación de empleo.  La adopción del modelo de policía comunitaria, que probablemente se base en el paradigma de una policía municipal (ya que este es el modelo que emplea, y por tanto conoce, Estados Unidos), producirá beneficios tangibles en el corto plazo.  Para asegurar el éxito, también se contará con unidades policiales especializadas.

Por otro lado, y para fomentar la inversión, se mejorará el marco regulador, la educación y la infraestructura, se fortalecerá el estado de derecho, y se privilegiará las asociaciones público-privadas, incluyendo la contratación de una empresa privada para que opere el puerto en La Unión.  Todo esto se da en el contexto de un gobierno del FMLN.  Ya podrán imaginarse las lectoras la reacción de la izquierda hondureña si un modelo similar se propusiera para el desarrollo nacional.

Finalmente, llama poderosamente la atención el último punto del Asocio y que se refiere a las medidas a tomar por Estados Unidos para reducir la demanda de drogas y el tráfico de armas y de capitales.  Es la primera vez, que yo sepa, que Estados Unidos asume un compromiso como este en un tratado bilateral, y debemos todos agradecerle a El Salvador por lograr su inclusión en el Asocio.  Como lo he manifestado reiteradamente, el narcotráfico no podrá ser combatido si Estados Unidos se niega a atender el problema de la demanda y el tráfico de armas.

Mientras felicito a El Salvador, me veo obligado a preguntar ¿y nosotros?  Lamentablemente seguimos secuestrados por la discusión de temas que no son prioritarios para la población, como el Tribunal Constitucional.  Seguimos recurriendo a contrataciones directas que solo generan una sensación de opacidad y fomentan la percepción de la corrupción.  Ojalá que despertemos pronto para que nuestro país retome la ruta del crecimiento económico y el desarrollo.  Solo tenemos que ver el ejemplo que nos brinda nuestro vecino, que cada día nos saca ventaja.

DE MAL EN PEOR

Por diversas razones no he podido escribir mis artículos semanales, pero lo que he visto y leído recientemente me han motivado para retomar esta tarea.   Me refiero a diferentes publicaciones que nos describen como el país más violento del continente, o en el mejor de los casos, como el segundo país más violento, así como a otras publicaciones que nos presentan como una nación poco amigable a la inversión, y por tanto a la generación de empleo.  En ambos temas, en efecto vamos de mal en peor.

En cuanto a la violencia y la delincuencia, cada día nos trae noticias espeluznantes y desesperantes. El asesinato del hijo de la Rectora ha golpeado la conciencia nacional, y el impacto sobre la colectividad será aún peor si en efecto se prueba que hay elementos de la policía nacional involucrados en ese execrable acto.  La combinación del narcotráfico, las maras y la delincuencia común se han convertido en un peso insoportable sobre la sociedad.  Los impuestos de guerra, que antes afectaban solamente a las colonias marginales, ahora han ampliado su radio de influencia hasta llegar al centro de la ciudad.  La impresión de la ciudadanía es que el sistema de seguridad nacional ha colapsado.  El incremento de la delincuencia ha sido tan grande que han rebasado con creces la capacidad de las fuerzas de seguridad.  Como resultado, impera un clima de impunidad del delito que invita a que más personas delincan, con la seguridad de que no serán atrapados, o que si lo son, quedarán en libertad rápidamente.

A mi juicio, el problema se agravó con el recrudecimiento de las actividades del narcotráfico.  Sus actos delictivos, horribles e impactantes, han servido para poner en evidencia la incapacidad de nuestras fuerzas de seguridad, y esto a la vez, ha envalentonado a los pandilleros y a los delincuentes comunes.  A mi entender, el problema del narcotráfico no tendrá solución a menos que Estados Unidos decida que el problema no solo es de suministro y tráfico, y que también se debe enfrentar la demanda en los países consumidores.  Sin embargo, no veo la voluntad política en Estados Unidos para hacer esto, por lo que lo único que podemos hacer es exigir que Estados Unidos asigne suficiente recursos para impedir que la droga ingrese a nuestro país.  Que en efecto les resulte mejor a los narcotraficantes enviar la droga por otra ruta.  Paralelo a esto, debemos retomar el control del territorio nacional, procurando, si fuera necesario, la ayuda internacional.  Si no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, entonces busquemos cascos azules o lo que se necesite, para retomar el control de nuestro territorio.  Que no se me diga que eso vulneraría nuestra soberanía.  Hay formas de manejar ese aspecto.  En todo caso, si perdemos el control de nuestro territorio, si no podemos proteger la vida y los derechos de nuestros ciudadanos, ¿podemos realmente hablar de ser un país soberano?  ¿Podemos siquiera pretender ser un país?

El torbellino de la violencia obviamente acarrea la violación de los derechos humanos.  En nuestro caso preocupa sobremanera el asesinato de periodistas.  Nuevamente las noticias son patéticas.  Leía esta mañana que ahora somos uno de los países más peligrosos, en todo el mundo, para el ejercicio del periodismo.  Lo peor en este caso, además de las muertes, por supuesto, es el temor que genera entre los periodistas, y la tendencia a la autocensura para evitar ser víctima.  En otras palabras, se limita o se pierde la libertad de expresión e información, ambos pilares la para existencia de una nación soberana y democrática.

Al final, me parece que debemos repensar nuestro enfoque en cuanto a la lucha contra la delincuencia y el crimen.  A mi juicio, el problema no se resolverá simplemente asignándole más presupuesto a la Secretaría de Seguridad.  Hay que reconsiderar el enfoque, ya que el concepto de una policía nacional ha ya agotado todas sus posibilidades.  Siento que se necesita una policía comunitaria, cercana y ligada a su comunidad, y eso implica municipalizar la policía, conservando una policía nacional dedicada únicamente a la investigación de ciertos delitos, como el narcotráfico y el secuestro.  Todo lo demás debería dejarse en manos de las municipalidades.  De hecho, algunas de ellas, como la de Puerto Cortés, decidieron desde hace algún tiempo, tomar cartas en el asunto, pero sus esfuerzos se han visto limitados y coartados por las limitaciones que nuestra legislación le impone a la policía municipal.  Me parece que ese es el modelo que debemos seguir y que es la única manera de generar la confianza en las personas y la comunidad.  Caso contrario, seguiremos inmersos en una situación en la cual los ciudadanos desconfían de la policía, y más que un aliado, ven un enemigo potencial en ella.  En este mismo orden de cosas, me parece que la policía de investigación nacional debería estar bajo el mando del Ministerio Público.

Entiendo que algunas de estas decisiones no son fáciles de tomar.  Hay muchos beneficiarios del sistema imperante y ellos serían los perdedores, en caso de optar por una reforma profunda de nuestro sistema de seguridad.  Seguramente que las lectoras podrán identificar fácilmente a los actuales beneficiarios.  Por supuesto que una reforma exitosa haría que la gran mayoría de los hondureños ganemos.  Por esa razón me parece urgente que comencemos un diálogo nacional sobre este tema, y que igualmente de manera urgente implantemos las decisiones que resulten de nuestro diálogo.  En cuanto al tema de la pérdida de terreno para atraer la inversión y generar empleo, me referiré a ello la próxima semana.  Suficiente preocupación tenemos ya con el tema de la inseguridad.

RETOS

El reto principal que enfrentamos los hondureños es la creación de más oportunidades de trabajo en el sector formal.  Eso reducirá la pobreza y mejorará el nivel de vida de muchos de nuestros compatriotas.  Si logramos eso, nuestra población verá que el sistema político que hemos adoptado merece su respaldo y apoyo y así nuestra frágil democracia podrá consolidarse, madurar y rendir todos sus frutos.  La pregunta obligada, por supuesto, es que debemos hacer para facilitar la generación de empleo, y la experiencia nos dice que se requiere que las personas, nacionales y extranjeras, se decidan a arriesgar su dinero y crear nuevos negocios, grandes, medianos y pequeños, que briden las oportunidades de empleo que demanda nuestra gente.  Hasta acá, me parece, estaremos todos de acuerdo, pero todavía resta por preguntar qué se precisa para que las personas se decidan a arriesgar sus ahorros en la apertura de nuevos negocios.  Este es un tema un poco más complicado, pero algunas condiciones repetidamente son mencionadas por los expertos.  Veamos de qué se trata esto.

En primer lugar cabe recordar que en nuestro mundo globalizado, los inversionistas grandes pueden escoger donde colocar sus ahorros.  Esto es particularmente cierto en Centro América, donde nuestros inversionistas han invertido en varios, si no todos los países del área.  Esto es menos cierto para los inversionistas medianos y pequeños, pero en cualquier caso, no debemos olvidar que en efecto estamos involucrados en una competencia regional, cuando menos.  Siendo esto así, los inversionistas analizarán varios factores antes de decidirse por un país, y a mi juicio, el primer factor que considerarán es el referente a l nivel de violencia.  Ningún inversionista verá con entusiasmo una inversión en un país en el cual él, su familia, o sus empleados, estén continuamente sometidos a hostigamiento, violencia o muerte.  Además del impacto que esto tiene sobre la tranquilidad y el estado de ánimo del personal, se vuelve necesario dedicar sumas cada vez más importantes en empresas y equipo de seguridad que tornan los negocios menos productivos y rentables.  En pocas palabras, cetres paribus, un inversionista siempre invertirá donde reine la calma y la paz y evitará invertir en ambientes violentos e impredecibles.

El inversionista considerará también la calidad de la infraestructura y los servicios públicos.  El estado de las carreteras, los puertos, el suministro de agua y de energía eléctrica, y de los servicios de telecomunicaciones.  La estabilidad del gobierno y la fortaleza de las instituciones nacionales también figurarán en su análisis.

Además de lo anterior, un inversionista analizará otros factores.  Preguntará, por ejemplo, que tan fácil o difícil resulta establecer un nuevo negocio.  ¿Es muy costoso y dilatado?  ¿Hay muchos pasos burocráticos que cumplir?  ¿Cuánto tiempo toma y con cuánto corrupción deberá lidiar?  Si además requiere construir instalaciones nuevas para sus negocios, entonces también deberá preguntarse qué tan complicado será obtener los permisos de construcción.  ¿Qué tan caro resultará esto y, nuevamente, con cuánta corrupción se enfrentará en el proceso?  ¿Cuánto tiempo deberá esperar para obtener los permisos?  Las mismas preguntas le asaltarán al pensar que también deberá inscribir sus negocios y sus propiedades en los registros correspondientes.  ¿Cuánto costará, qué tan complicado será, cuánto tiempo tomará y cuánto exigirán los corruptos?

Posteriormente le tocará analizar la disponibilidad de crédito, o si se trata de abrir una nueva institución financiera deberá también preguntarse sobre la vigencia y aplicación de los derechos legales de los acreedores, sobre la disponibilidad de información crediticia y del cubrimiento de los registros públicos y privados.  En cualquier caso, también deberá considerar los impuestos aplicables, la tasa marginal, la facilidad o dificultad del pago, el tiempo que debe dedicar a pagar impuestos.  También deberá considerar el nivel de educación de la mano de obra, la rigidez de los contratos de trabajo y la dificultad y el costo de despedir al personal, si eso fuera necesario. 

Igualmente deberá informarse en cuanto a la rapidez y facilidad con que se hace valer los contratos firmados por las partes, los procedimientos aplicables, el tiempo que puede tomar el proceso y su costo, incluyendo los pagos generados por la corrupción.  Finalmente, deberá estudiar el procedimiento y los costos necesarios para cerrar el negocio si no funciona.  Nuevamente acá el tema son los costos, el tiempo y los procedimientos aplicables, y el costo de la corrupción.

Si se trata de una empresa dedicada a la exportación, entonces deberá también pensar en las dificultades para importar y exportar, incluyendo el tiempo, el costo y los pasos para ello.  Al final, resulta una larga lista de temas a considerar que, hasta hace poco, resultaba difícil por la escasez de información comparable y confiable.

Sin embargo, hace unos años el Banco Mundial comenzó a publicar un informe llamado (recurriendo a una traducción literal) Haciendo Negocios (Doing Business) en el cual analiza todos esos aspectos, desde la perspectiva del inversionista, para 183 países.  Lamentablemente, Honduras resulta muy mal calificada en dicho informe.  Recientemente ocupamos la posición 131 entre los 183 países analizados.  Recibimos la peor calificación de Centro América, y solamente unos pocos países del continente, entre ellos Haití y Venezuela, resultan peor evaluados que nosotros.

Esos son nuestros retos.  Mientras no tomemos medidas para mejorar nuestro clima de negocios no lograremos atraer la inversión que permita generar los empleos que demanda nuestra gente.  Estos temas, y no los políticos, deben ser nuestras prioridades.  Ojalá que lo entiendan los políticos.  Caso contario, terminaremos siendo consumidos por nuestra propia pobreza, tanto física, como mental y espiritual.

PRIORIDADES

Latinobarómetro es una empresa chilena que anualmente conduce una encuesta en varias regiones del mundo, incluyendo a América Latina y la última encuesta, por primera vez, nos dice que en todo nuestro continente el tema que más preocupa a la gente es el crimen y la violencia.  Por primera vez el alto costo de la vida y el desempleo han pasado a segundo lugar.  En cuanto a nuestra Honduras me atrevo a aseverar, sin temor equivocarme, que el tema más importante es también el crimen y la violencia, seguido del desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza.  Igualmente me atrevo a predecir que la necesidad de una asamblea nacional constituyente no aparecería en las prioridades de nuestros compatriotas, y si aparece sería en los últimos lugares, reflejando ser una preocupación de un minúsculo grupo.  Sin embargo, para la clase política las prioridades parecen estar invertidas.  Para ellos, lo más importante es la constituyente, y lo demás es secundario, o irrelevante.  ¿Cómo explicar esta paradoja y a quién beneficia esta inversión en las prioridades nacionales?  Permítanme compartir algunas ideas con ustedes para que luego puedan llegar a sus propias conclusiones.

En primera instancia, me parece que la clase política no entiende, ni sabe cómo resolver, los problemas de la violencia y la delincuencia, ni los temas de desarrollo económico, generación de empleo y reducción de la pobreza.  Por el contrario, entienden muy bien el tema de una constituyente y la ven como el medio para conquistar el poder, o para continuar en el.  Por supuesto que esto obliga a preguntar cuál es el propósito de conquistar el poder, es decir, que harán para resolver los problemas del pueblo una vez que controlen el poder, y a esto me atrevo a asegurar que no tendrán más que respuestas vagas y demagógicas.  Para ellos, lo importante es alcanzar el poder; el resto piensan que podrán definirlo sobre la marcha.  Esto explica por qué los políticos se sienten muy cómodos hablando de constituyentes e incómodos hablando de los verdaderos problemas del pueblo.  Como es natural, prefieren hablar de lo que entienden y evitar polemizar sobre lo que no entienden, por muy importante que esto sea para la población.

Por supuesto que el retorno del histrión y de algunos de sus cofrades exacerbará esta situación.   El beneficiario de la magnanimidad chavista no entiende los problemas del pueblo, ni le interesa solucionarlos, pero si comprende muy bien el tema de la constituyente y sacará ventaja de él.  En la ciudad en la que crecí había dos teatros, el Miramar y el Hispano, y ambos en sus espectáculos ofrecían, en algunas de sus funciones, dos películas, siendo la segunda el plato fuerte.   Igual debemos suponer que piensa el histrión, y por tanto debemos esperar que pronto iniciará la segunda tanda del circo, esta vez con más energía y con saber caribeño y a ritmo de merengue.  Es fácil predecir que el tema conductor del espectáculo circense será la asamblea nacional constituyente.  El drama de esta trágica telenovela consumirá a la clase política y seguramente arrastrará a un porcentaje significativo de nuestros periodistas, particularmente a aquellos que no se percatan de que son utilizados por los políticos, y aquellos que más que periodistas son activistas políticos o ideológicos.

Además de la clase política, esta situación será vista con mucho agrado por los generadores de la violencia, particularmente por los narcotraficantes y los secuestradores.  Para ellos cualquier distracción del gobierno y sus organizaciones es beneficiosa ya que les brinda espacio para continuar con sus fechorías.  Entre más tiempo le dediquemos a lo secundario, entre menos atendamos las necesidades del pueblo, menos problemas tendrán ellos para conducir sus nefastos negocios.  Es irónico, y hasta trágico y ridículo que mientras nuestra casa arde, que mientras perdemos el control de nuestro territorio, que mientras muchísimas familias se visten de luto diariamente, nuestra clase política esté dedicada a debatir temas que son decididamente secundarios, por no decir irrelevantes, para resolver nuestros verdaderos problemas y para atender las prioridades del pueblo.

Pero, lamentablemente, así es nuestra clase política.  Vea sino la condecoración que recientemente otorgó el Congreso al Embajador de Estados Unidos.  Yo me pregunto, si se hubiera hecho una encuesta, ¿qué porcentaje del pueblo hubiera estado de acuerdo con ese otorgamiento?  Es cierto que este Embajador obtuvo un logro algo que nunca alcanzaron sus antecesores.  Logró el rechazo de la izquierda, la derecha y el centro de nuestra población, y aunque reconozco que esto no es fácil, me parece a la vez que, a pesar de la dificultad que pudo haber implicado, no justifica una condecoración.

Me parece que pasamos por un momento muy difícil y que debido a la violencia y el narcotráfico podríamos estar comenzando a recorrer la senda de un país fallido.  Ojalá que yo esté equivocado, o que si no lo estoy, nuestra clase política recapacite y se dedique a atender las prioridades del pueblo.  Todavía estamos a tiempo, pero no tenemos tiempo que perder.

AUTORIDAD MORAL

Durante la última semana varias noticias acapararon la atención mundial, entre ellas la acusación de abuso sexual presentada en contra de Dominique Strauss Kahn, el entonces Director Gerente del Fondo Monetario Internacional.  Hasta ese momento Strauss Kahn era considerado un excelente economista y político.  De lo primero ha dado fe el Ministro de Hacienda de Brasil quien ha manifestado que el Fondo tuvo un renacimiento durante la dirección de Strauss Kahn, en parte por la forma como apoyó a varios países para remontar la crisis financiera que nos afectó a partir del 2009.  De lo segundo daban fe los politólogos que lo consideraban el virtual portaestandarte del partido Socialista en las próximas elecciones francesas y el casi seguro vencedor en esa contienda.  Pocas veces se ha visto un cambio tan radical de fortuna.  En efecto, Strauss Kahn pasó, de un día para otro, de ser una persona ampliamente admirada y respetada, el símbolo del éxito secular, a ser un acusado de un delito de abuso sexual, mostrado a la prensa esposado, lúgubre y apagado.

Las reacciones a su acusación y arresto han sido variadas, aunque tal vez predecibles.  Para los socialistas franceses, quienes ya se consideraban el partido en el poder, el golpe ha sido fulminante.  Independientemente de lo que suceda en el juicio que se le seguirá en Nueva York, ya no podrá aspirar a la candidatura del partido.  En su frustración han inventado conspiraciones y criticado a la justicia de Estados Unidos por la forma como, según ellos, ha humillado y maltratado a Strauss Kahn. Por supuesto que convenientemente ignoran que así trata la justicia de New York a todos los acusados de ese delito, así que no puede alegarse que ha recibido tratamiento discriminatorio.  En efecto, allá se trata igual a todos, independientemente de su posición económica y social, lo cual lleva a preguntar si en Francia habría ocurrido lo mismo o se hubiera buscado la forma de proteger la “privacidad” del personaje.  Al final, y siendo optimista, esta experiencia podría servir para que los franceses reflexionen y adopten las medidas que otros han tomado para asegurar que la justicia sea realmente ciega.

No deja también de ser interesante ver como los socialistas habían fijado todas sus esperanzas en un candidato muy rico y que vivía espléndidamente.  De hecho, la habitación que alquilaba en el Hotel Sofitel costaba tres mil dólares diarios.  ¿Será tal la bancarrota moral de los socialistas?  Solo nos recuerda a nuestra América donde los líderes “socialistas”, incluido nuestro ex Presidente, viven muy bien a expensas de otros.  Debe ser agradable para algunos vivir como reyes mientras promueven que los bienes de otros sean tomados para beneficiar a “las grandes mayorías”.  Esas son las contradicciones de la “izquierda” de nuestros días.

En nuestra Honduras, la noticia también tuvo repercusiones y un segmento de nuestra prensa, los chabacanos, se dedicaron a cuestionar la “autoridad moral” del Fondo para proponer “recetas” a la luz del comportamiento de Strauss Kahn.  La “autoridad” del Fondo, que no es “moral”, proviene de la calidad de sus “recetas” y no del comportamiento de su personal o su Director Gerente.  Si sus análisis convincentemente demuestran que las políticas empleadas por un país inexorablemente conducen a la hiperinflación y a la quiebra de la nación, poco o nada agrega a esto la conducta personal de su personal o sus Directivos.  Solo a parte de nuestra prensa, empeñada, por ignorancia o pereza mental, en discutir el mensajero y no el mensaje se le ocurre que en nuestras discusiones con el Fondo puede recurrirse a cuestionar su “autoridad moral”.  No dudo que el ex Presidente Zelaya y algunos de sus funcionarios hubieran enarbolado esa misma bandera, pero eso solo confirma que la chabacanería reinó en esa Administración.

Para sacar algún provecho de la lamentable caída de Strauss Kahn  cabe recordar que el Fondo fue creado después del final de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de  reconstruir las economías dañadas, para lo cual se le encargó la supervisión del sistema monetario internacional.  Estos e hizo con el  fin de asegurar la estabilidad del sistema cambiario y promover eliminación de las restricciones al comercio internacional.  Posteriormente  el Fondo a poyó a los países para hacer frente al alza en los precios del petróleo que se dieron a mediados y finales de la década de los setenta, y que culminó con una crisis de deuda internacional.  Subsecuentemente facilitó la conversión de las economías que anteriormente formaban parte del imperio soviético y últimamente ha estado dedicado a apoyar en el diseño para controlar los flujos financieros internacionales y en las medidas diseñadas para que la economía global pueda recuperarse del impacto de la crisis financiera.  En otras palabras, el Fondo no fue creado para combatir la pobreza, esa es tarea del Banco Mundial, sino que para asegurar la estabilidad de la economía mundial. 

Claramente que hay economías que son sistémicamente importantes, es decir, su estado afecta clara y directamente el estado de la economía global.  La nuestra no es una de esas economías.  Por el contrario, la nuestra, al igual que en el caso de muchas otras economías pequeñas, es irrelevante para los propósitos de la economía y el comercio global.  En ese sentido, la economía global, y el Fondo Monetario, no nos necesitan tanto como nosotros los necesitamos a ellos.  Sin el sello de “buena administración” que implica contar con un acuerdo con el Fondo es mucho más difícil lograr los niveles de inversión y de generación de empleo que necesitamos para superar nuestra pobreza.  En realidad, lo que siempre ha estado en juego es nuestra “autoridad moral” para cuestionar análisis serios sobre el estado de nuestra economía y el impacto que sobre ella tienen las medidas demagógicas y populistas que suelen tomar los políticos.

ALIMENTOS Y DEMAGOGIA

Recientemente se ha dado un significativo aumento en los precios de los alimentos.  En efecto, han llegado a precios históricamente altos.  Se dice que esto es consecuencia de malas cosechas producto de problemas climáticos; otros aseguran que se trata de especuladores que utilizan las bolsas de valores para obtener pingües ganancias, mientras que otros culpan a la producción de biocombustibles.  Cualquiera que sea la razón, lo que es cierto es que los gobiernos se sienten obligados a actuar en estos casos para, supuestamente, proteger a los pobres.  Después de todo, para los pobres se trata de un tema de hambre, en el mejor de los casos, o de muerte en el peor de los casos.  En su afán por proteger a los pobres, algunos gobiernos prohíben la exportación de alimentos y otros además congelan el precio de los mismos en sus mercados internos.  Con esto, piensan, se resolverá el problema y se protegerá a los pobres.  Pero, ¿será esto realmente así, o se trata simplemente de demagogia y de quimeras?  Me temo que se trate de esto último.  Veamos por qué.

El reto en realidad es como proteger a los pobres sin desincentivar la producción agrícola, ya que todos deseamos que nuestro país pueda producir los alimentos que necesitamos para consumo interno, e incluso para exportar.  En este contexto resulta evidente que la política de prohibir la exportación y congelar precios no genera confianza, y perjudica económicamente a los productores.  En efecto, cuando los precios son bajos no protegemos, ni apoyamos, a nuestros productores, y cuando los precios son altos les impedimos que se resarzan de los años y las cosechas malas.  En estas condiciones, es difícil, por no decir imposible, pensar que nuestros agricultores invertirán lo necesario para producir lo que nuestro país requiere para alimentarse o para exportar.  Más aún, se siente engañados y maltratados por sus gobiernos y la desconfianza no genera inversión y producción.  En resumen, el prohibir la exportación y controlar los precios a los agricultores seguramente generará escasez en el futuro.  Nunca se podrá hablar de suficiencia alimentaria cuando se recurre a esas políticas demagógicas que solo daño causan a los productores y al país.

Por otro lado, cuando se aplica esas políticas, los beneficiados no son solo los pobres, sino que todos aquellos que compramos alimentos, independientemente de nuestro nivel económico.  Es decir, se trata de un subsidio indiscriminado, un subsidio al producto, que beneficia a ricos y pobres.  Es evidente que no tiene sentido subsidiar a los ricos a expensas de los agricultores, pero eso es lo que produce esta política demagógica.  En efecto, se trata de una injusticia que además asegura que el país no producirá los alimentos que necesita.

Por supuesto que es absolutamente válido proteger a los pobres y los desvalidos, pero el reto es como hacerlo sin afectar a los productores y sin subsidiar a los ricos, y la respuesta reside en financiar a las personas, y no al producto.  Es decir, en lugar de prohibir la exportación, y controlar los precios, se procede a otorgar un subsidio a los pobres para que puedan hacer frente al alza en los precios de los alimentos.  Se trata pues de universalizar el Bono Diez Mil de tal forma que lo reciban los pobres rurales y los urbanos, y en el caso de los pobres urbanos es muy fácil hacerlo basándose en su consumo eléctrico, es decir, recurriendo a una nueva versión de lo que fue el Bono Ochenta.

Si adoptamos esta senda entonces subsidiaremos a los pobres, y solo a los pobres, y no afectaremos a los productores agrícolas, quienes viendo su trabajo bien remunerado procederán a producir más, con lo que los precios bajarán y se abastecerá el mercado nacional.  Es decir, ganamos todos.  En efecto, pasamos de un juego suma cero, donde para que ganaran los consumidores pobres era necesario que perdieran los productores agrícolas, a un juego donde ambos ganan.  Los únicos que pierden son los ricos, quienes no serán subsidiados, pero la justicia y la moral nos dice que no se justifica subsidiarlos.

Ojalá que en nuestro país impere la lógica y la moral y que no sucumbamos a la demagogia y la injusticia.  La situación es clara.  Si queremos proteger a los pobres y asegurar el abastecimiento de alimentos, entonces debemos optar por una solución que beneficie a todos, excepto a los ricos, quienes en todo caso no necesitan de un subsidio.