RETROCESO Y DESESPERANZA

Nuestro país está efectivamente de luto y es hora de colgar los listones negros.  El Congreso, en un acto inconstitucional, ilegal, infundado e injustificado decidió destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.  Con ello ha violentado nuestra forma de gobierno basada, según nuestra Constitución, en tres poderes complementarios e iguales.  Como ningún poder está supeditado a los otros, y debido a que los funcionarios públicos no tienen más atribuciones que las que explícitamente les confiere la ley, la destitución de los magistrados es nula y no debe acatarse.  Se trata de un acto ilegal e inválido que los magistrados supuestamente destituidos no deben acatar.  Deben continuar asistiendo a sus labores y desempañándolas como si nada hubiera ocurrido.  No deben aceptar que se violente y destruya el estado de derecho.  De otra forma nuestra institucionalidad sufriría un grave retroceso.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS Y SU IMPACTO EN AMÉRICA LATINA

El Presidente Obama logró su relección gracias al voto de los latinos.  Ahora que la euforia ha menguado cabe preguntar que implica la relección para nuestra América Latina.  Durante la campaña y a pesar de la importancia del voto latino, el Presidente Obama nunca mencionó a América Latina y Romney la mencionó tan solo una vez.  Esto no augura bien, particularmente si recordamos que durante los primeros cuatro años de la Administración Obama nuestro continente ha sido relegado al olvido.  Salvo que algo extraordinario ocurra, me temo que lo mismo sucederá en su segundo período.  Veamos por qué.

Estancados

Los expertos nos dicen que para que la economía crezca, y un país pueda desarrollarse, es necesario invertir.  Si bien la inversión no es suficiente para el desarrollo, es necesaria, ya que sin ella no se generarán los empleos requeridos para que la población salga de la pobreza.  Dicho esto, es evidente que para un inversionista, particularmente un extranjero, la globalización le ofrece la oportunidad de invertir en prácticamente cualquier país del mundo.  Es cierto que la cercanía a los grandes mercados es importante, pero lo es cada vez menos debido a los avances, y la consecuente disminución de costos, en el transporte y las comunicaciones.  Siendo esto así, resulta fácil entender que el clima de negocios que priva en los diferentes países, es decir la facilidad con que una nueva empresa pueda operar en ellos, es un factor casi determinante en el cálculo del inversionista.  El clima de negocios en un país es cada vez más importante y en nuestra Honduras habíamos comenzado a mejorarlo, pero últimamente nos hemos estancado.  Veamos por qué.

TRANSFORMANDO LA DEI

Históricamente la DEI ha sido una constante preocupación.  Simplemente no recauda lo que a juicio de los expertos debería recaudar, lo cual significa que el estado no cuenta con todos los recursos para financiar el presupuesto.  Es evidente que el presupuesto se ha vuelto totalmente inflexible, con el gasto corriente alcanzando niveles insostenibles, pero por ahora permítanme concentrarme en los ingresos.  En otra ocasión examinaremos el gasto y el aparentemente apetitito insaciable de los políticos en lo referente al gasto.  Volviendo al tema de los ingresos, las deficiencias de la DEI continúan a pesar de las múltiples transformaciones que ha sufrido, a pesar de incontables proyectos de asistencia técnica brindada por varias organizaciones multilaterales y de la constante asistencia que presta  el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.  A pesar de todo esto, repito, la DEI continúa cojeando y aún cuando ocasionalmente ha dado muestras de eficiencia, eso solo resulta ser la excepción insostenible.  ¿Qué podemos hacer para transformar la DEI de tal forma que logremos una mejora permanente y sostenible?  Permítanme compartir mis ideas con ustedes.

REGIONES ESPECIALES DE DESARROLLO

Recientemente el proyecto para implantar las regiones especiales de desarrollo, otrora conocido como Ciudades Modelo, Ciudades con Fuero Especial, Zonas Económicas de Desarrollo, sufrió un duro revés.  El grupo de personalidades extranjeras que habían aceptado vigilar y asegurar la transparencia del proceso envió una carta al Presidente de la República desligándose del proyecto.  Al parecer, el grupo nunca fue convocado a reuniones y por tanto no han tenido participación alguna en el proyecto.  La gota que derramó el vaso fue la reciente adjudicación de un contrato a una empresa que desarrollaría la infraestructura de la primera región especial de desarrollo en una zona aledaña a Omoa.  Si, como dice el grupo, no se les ha tomado en cuenta, pero a la vez se ha ya adjudicado un contrato, pareciera razonable que busquen desligarse del proyecto, ya que de otra forma alguien podría pensar que ellos han avalado lo hasta ahora actuado.  El golpe ha sido duro, y si a eso se agrega otros acontecimientos, uno tendría que concluir que el proyecto tiene un futuro muy incierto, o que se encamina al fracaso.  Veamos por qué.

Descentralización de los servicios de salud

El diario El Heraldo informa que el 24 de julio el alcalde de Teupasenti, Nery Cerrato, presidió una reunión de la sociedad de ese municipio para socializar la descentralización de los servicios de salud del municipio.  Al parecer, el alcalde ha sido inspirado por un proyecto similar emprendido por la municipalidad de San José de Colinas con el apoyo de la UNAH.  Según el Vice Rector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la UNAH, Áyax Irías, la estrategia que han adoptado se basa en la creación de “equipos de atención con un radio de cobertura de 2,500 a 3,000 personas” y tiene un enfoque preventivo para así reducir las necesidades de la atención curativa.  Mis felicitaciones a los alcaldes de Colinas y Teupasenti y para la UNAH. 

¡NO HAY MARCHA ATRÁS!

La semana recién pasada el Presidente Lobo tomó la decisión de traspasar la administración del Hospital Escuela a la UNAH.  Una decisión valiente que me hace recordar el espíritu reformador que el Presidente desplegó cuando fue Presidente del Congreso en la Administración Maduro.  Me parece que ha sido una decisión muy acertada y quiero pensar que esto es tan solo un preludio de otras reformas que el Presidente ha decidido impulsar.  Por supuesto que ya surgieron los conservadores de siempre, los guardianes del status quo, y ya pusieron el grito al cielo.  Pareciera que son ciegos y no han visto lo que ocurre en el mundo.  Esa misma semana en España el gobierno eliminó el aguinaldo para los empleados públicos, sin consultarles y sin consensuar la medida.  ¿En qué mundo viven nuestros líderes sindicales? Afortunadamente el Presidente ha sido categórico,  ¡No hay marcha atrás!

Uno de los críticos de la medida piensa que si la Secretaría de Salud no opera hospitales, entonces no tendría razón de ser, lo cual pone de manifiesto su ignorancia.  Para muestra un botón.  La Secretaría de Salud de Estados Unidos, y sus homólogas de otros países desarrollados, no operan un solo hospital.  El papel fundamental de la Secretaría de Salud es normar, es decir regular, el sector, cosa que no hace en nuestro país precisamente por estar distraída en otras labores.  La Secretaría debe autorizar la operación de los hospitales y vigilar porque cumplan con normas mínimas que garanticen el buen cuidado de los pacientes.  Además, debe implantar medidas de salud preventivas que eviten que las personas se enfermen y tengan que acudir a los hospitales.  Sin embargo, los sindicalistas del sector piensan que los hospitales son para generarles empleo y otorgarles sus conquistas.  Los intereses de los pacientes son secundarios, o irrelevantes.

Cuando me tocó fungir como Ministro de la Presidencia en la Administración Maduro tuve el honor de participar en un acto para la entrega de la personalidad jurídica del Comité de Apoyo al hospital de Puerto Cortés.  Me parecía que había que reconocer y apoyar el interés de un grupo de buenos ciudadanos que habían decidido donar su tiempo y esfuerzo por apoyar el hospital.  Cuando llegó el momento de dirigirme a la concurrencia, me pareció que como gobierno deberíamos tomar medidas para multiplicar el impacto que el Comité podría tener y me atreví a ofrecerles que gestionaría la descentralización del presupuesto del hospital para que lo administraran ellos.  De esa manera ellos podrían decidir sus prioridades y hacer sus compras con agilidad, sin depender de la burocracia de la Secretaría en Tegucigalpa.  Imagínese usted, estimada lectora, cuál fue mi sorpresa cuando el representante de los trabajadores y el del Bloque Popular rechazaron airadamente mi propuesta, insinuando que eso era equivalente a privatizar el hospital.  Al final entendí que lo que les preocupa es que los ciudadanos se empoderen y comiencen a supervisar a quienes trabajan en los hospitales para que en efecto presten un buen servicio.  Por razones obvias, prefieren ser supervisados desde Tegucigalpa y prefieren negociar sus conquistas con Tegucigalpa que con quienes padecen las consecuencias de los servicios que prestan.  Esa, y no otra, es la causa de su reacción frente a la decisión del Presidente.

En el caso que nos ocupa les preocupa además porque les tocará negociar con la rectora de la UNAH, quien ha demostrado un valor y coraje extraordinario.  Puso orden en la Universidad y metió en cintura a un sindicato que se consideraba intocable.  Por tanto, les preocupa tratar con ella, y haciendo gala de malos modales y desplegando una actitud pueril, procedieron a abuchearla cuando se hizo presente a conversar con los trabajadores del hospital escuela.

La suerte está echada y resta ahora ver los resultados de la gestión por parte de la UNAH.  Para comenzar, la Rectora, correctamente, ha señalado que el Director del Hospital no necesariamente debe ser un médico.  Los médicos son formados para cuidar de la salud de las personas, y no para administrar empresas, sean estas con fines de lucro o no.  Cuando se nombra a un médico director de un hospital, o Ministro de Salud, se causa un doble daño.  Se prescinde de los servicios curativos de un experto, con lo cual sufren sus pacientes,  y sufre el hospital, o la Secretaría de Salud, cuando son dirigidas y administradas por alguien que no fue formado para ello.  En los países desarrollados los hospitales no son dirigidos por galenos, sino por personas especializadas en la administración de esos centros (quienes típicamente no son médicos). Solo en los países subdesarrollados se piensa que un hospital, o la Secretaría de Salud, deben ser dirigidos por un médico. Esperemos por tanto que la UNAH seleccione a la persona idónea para dirigir el Hospital Escuela.

Para continuar con el proceso de reforma me permito sugerirle al Presidente que traslade todos los hospitales públicos al Instituto de Seguro Social, ya que esa institución, a pesar de sus debilidades, ha demostrado mejores resultados en la gestión hospitalaria.  El traslado se haría con el compromiso de prestar servicios a asegurados y no asegurados, y el estado le compensaría por los servicios prestados a los no asegurados.  En la Administración Maduro decidimos emprender esta reforma, pero ya era muy tarde en el período presidencial y por tanto no pudimos concretarla.  Ahora el Presidente Lobo tiene la oportunidad de tomar otra medida reformista que prestigie a su gobierno.  De esta forma, la Secretaría de Salud podría dedicarse a su verdadera labor, sin ser juez y parte en el tema de la prestación de servicios hospitalarios.  Ojalá que, como dije antes, esta acertada medida tomada por el Presidente sea tan solo un anuncio de lo que vendrá.  Esperemos y veamos.

DUEÑOS DE LA VERDAD

En las últimas elecciones presidenciales celebradas en Paraguay resultó triunfador el ex obispo católico Fernando Lugo.  Inmediatamente después de tomar posesión se supo que su verdadero talento no residía en el ámbito político, sino que en el procreativo.  En efecto, se conoció de su extraordinaria fecundidad cuando una plétora de damas paraguayas reclamó que el ahora Presidente reconociera ser el padre de sus criaturas.  Lamentablemente, desde el inicio de su gestión hizo gala de una incapacidad política extraordinaria, y eso sometió a presión el sistema político paraguayo.  Pensándolo bien, no es extraño que eso sucediera.  Después de todo, el seminario no ofrece la mejor preparación para la participación en la política.  Como bien dijo nuestro Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.  Al final, de tanto ir el cántaro al agua se quebró y don Fernando fue destituido por el Congreso paraguayo y sustituido por su Vicepresidente.  En los tiempos antiguos y románticos las cosas hubieran quedado allí.  Después de todo, la costumbre imperante dictaba que no era permisible, ni aceptable, la intromisión en los asuntos internos de los países.  En nuestros ámbitos, México elevó esa costumbre a doctrina, proclamando la “doctrina Estrada”, y justamente basándose en esa doctrina se rehusó a expulsar a Cuba de la OEA, alegando que solo competía a los cubanos decidir el tipo de gobierno que deseaban tener.  ¡Cuánto han cambiado las cosas!   Veamos lo que ha sucedido ahora.

¿QUO VADIS?

A partir de la Administración Zelaya nuestro país parece encaminarse a la desintegración, hacia lo que se denomina un “estado fallido”.  Hemos presenciado la pérdida del control de nuestro territorio y del monopolio en el uso de la fuerza por parte del Estado.  Hemos sido testigos de las luchas entre los poderes del Estado, de la intromisión de un poder del Estado en el área de competencia de otro poder y hasta de intentos de desacato por parte de altos funcionarios del poder Ejecutivo.  Todos recordamos cuando el histrión, en su obsesión por la tristemente célebre cuarta urna, declaró que no acataría un fallo de un tribunal de justicia, y la semana recién pasada un secretario de estado manifestó que no cumpliría con un fallo de la Corte Suprema de Justicia.  ¿Hacia dónde vamos?  ¿Qué podemos esperar?  ¿Habrán decidido nuestros gobernantes que nuestro país no tiene futuro y que por tanto no hay razón para siquiera aparentar que somos un estado de derecho?

MAL PAGA EL DIABLO

En la recientemente celebrada asamblea de la OEA algunos países miembros, Venezuela, Ecuador y Bolivia particularmente, han criticado la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Molestos por las decisiones y recomendaciones  que  para proteger los derechos de las personas en el continente han tomado y ofrecido esos dos entes de la OEA, reclaman su reforma y amenazan con abandonar la OEA si no se les complace en sus pretensiones.  La lectora seguramente recordará que estos son los mismos países con quienes la OEA, y en particular su Secretario General, han tratado de congraciarse.  Todos recordamos como el Secretario General, azuzado por estos mismos países y otros, corrió proponer la suspensión de Honduras después de la salida del entonces Presidente Zelaya.  También está fresca la memoria de su marcado interés por reintegrar a Cuba al seno de la OEA a pesar de que claramente no cumple, ni se propone cumplir, con la Carta Democrática de la OEA.  Pues bien, esos mismos países, acompañados por Brasil, ahora se manifiestan molestos con las dos organizaciones insignes de la OEA y demandan su reforma a su gusto y antojo.  Caso contrario, se retirarán de la OEA.  Como señala el viejo refrán, “mal paga el diablo a quien bien le sirve”.

ANGUSTIA Y DESESPERANZA

El asesinato de Ángel Alfredo Villatoro ha conmovido a la nación.  Hemos perdido parte de nuestra conciencia colectiva.  Alfredo fue un paladín de la verdad y un modelo para todos.  Quienes tuvimos el honor de conocerle sabemos de sus virtudes, de su honestidad y franqueza, de su compromiso con nuestra patria y con la verdad.  Ahora solo podemos, tristes y acongojados, agradecerle su amistad y su ejemplo.  Solo podemos recordar que libró una buena batalla y que supo vivir en paz con su conciencia y predicando con el ejemplo.  Gracias, Alfredo.  Te recordaremos siempre con mucho cariño y agradecimiento.  Sabemos que Dios te tiene con Él, y pedimos resignación cristiana para tu familia. 

Quienes asesinaron a Alfredo saben que han asestado un duro golpe a la libertad de expresión y han debilitado la esperanza que abrigamos y que nos permite creer que podremos ganarle la batalla al mal y al crimen organizado.  La lista de periodistas y comunicadores sociales asesinados en nuestro país crece cotidianamente y transmite un mensaje de vulnerabilidad y fragilidad al gremio.  Saben que el estado es incapaz de protegerles y que por tanto están expuestos continuamente al crimen organizado, al narcotráfico y a quienes se sienten afectados por sus investigaciones y críticas.  En otros países, donde se da o se ha dado una situación similar, muchos periodistas han optado por la autocensura, suprimiendo ciertas noticias y no involucrándose en investigaciones que pueden resultar incómodas para algunos.  De esta forma la libertad de expresión y el derecho a la información menguan y eventualmente se extinguen, y en el proceso la sociedad se empobrece espiritual y moralmente.  Todos resultamos perdedores.  Es fácil denunciar a quienes optan por la autocensura, pero ¿actuaríamos de manera diferente si nos tocara personalmente el problema?  ¿Tendríamos el valor y el coraje de Alfredo, o buscaríamos una senda menos arriesgada?  Cada quien podrá contestar estas preguntas en la intimidad de su conciencia, pero a la vez resulta evidente cual debería ser la respuesta si deseamos honrar la memoria de Alfredo.

La angustia y el dolor que genera la pérdida de Alfredo deben también movernos a pensar en los familiares de las múltiples víctimas de la violencia y el crimen.  La pasmosa y horrorosa situación que vive nuestro país nos asegura que diariamente lloran y sufren decenas de personas por la muerte trágica de un familiar o amigo.  Muchas de las víctimas pasan casi desapercibidas; no fueron actores o actrices reconocidos en el escenario nacional, pero no por eso dejan de ser preciosas vidas consumidas por la vorágine del crimen y la violencia que nos azota inmisericordemente.  Como he dicho en otras oportunidades, siento que marchamos hacia un estado fallido, un estado que no controla su territorio y que no puede proteger la vida y los derechos de sus ciudadanos.  Hacia un estado que pierde legitimidad y carece de razón de ser.

Para colmo de males, los políticos y los grupos de presión parecen no enterarse de la gravedad del problema, o si lo hacen, parece que su única preocupación es su ganancia personal.  Pareciera que sienten que el caos facilita la consecución de sus metas.  Los dirigentes magisteriales siguen presionando por aumentar sus privilegios.  Los transportistas se oponen a un proyecto de reconocido beneficio social por preservar o mejorar su posición.  Los políticos usan a los transportistas para sacar ventaja a sus contrincantes.  Todos estos grupos están obsesionados con arrebatar una tajada grande de un magro pastel.  En lugar de forjar un compromiso por hacer crecer el pastel y luego obtener un pedazo de una torta mucho más grande se empecinan en definir un juego suma cero, donde lo que gana uno es igual a lo que pierde el otro y con sus nefastas acciones aseguran que la vianda que apetecen continuará siendo escuálida.

Así es como estamos.  Angustiados por la pérdida de valiosos y apreciados miembros de nuestra familia o de nuestra sociedad.  Acongojados porque sentimos que la situación desmejora día a día, sin perfilarse ninguna acción que nos brinde un hálito de esperanza.  Desesperanzados porque no vemos, en el ámbito internacional o nacional, que se perfile el tipo de liderazgo que nos permita atrevernos a ser optimistas.  Desde el cielo, Alfredo Villatoro y Alfredo Landaverde verán la tragedia que abate a nuestra nación y sufrirán con empatía nuestro padecer.   Seguramente que pedirán a Dios que ablande nuestros corazones para que antepongamos el bien común al interés personal, pero la libertad que Dios nos concedió al crearnos implica que al final la decisión es nuestra.  Ellos y muchos otros rogaremos porque Dios nos ilumine y porque abramos nuestros corazones a sus palabras.  Solo así lograremos salir de estas honduras.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La semana recién pasada los periódicos resaltaban que en el 2011 la inversión extranjera directa alcanzó su más alto nivel histórico en América Latina.  En Centro América, donde esa inversión es fija, es decir en fábricas y no en instrumentos financieros, Honduras logró un poco más de mil millones de dólares, menos que la mitad de la inversión recibida por Panamá y Costa Rica.  La inversión en Honduras, si bien pudo haber sido más alta en condiciones normales, es impresionante si se recuerda la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo.  Si se tiene en cuenta las noticias negativas que surgen cotidianamente de nuestro país, referentes a narcotráfico, violencia, delincuencia, incendios en cárceles, corrupción, etc., el nivel alcanzado por la inversión extranjera directa es poco menos que extraordinario.  Esta inversión genera empleos en el sector formal y así produce riqueza y bienestar.  Siendo esto así, resulta evidente que nuestros gobernantes deberían hacer lo que esté a su alcance para que nuestro país pueda captar montos cada vez más importantes de inversión extranjera.  Pero, ¿qué debemos hacer para lograr esto?

ELECCIONES ESTUDIANTILES EN LA UNAH

Recientemente se ha dado un problema en la UNAH, ya que algunos dirigentes estudiantiles estiman que los estudiantes que participan en el Consejo Universitario deben ser electos.  Sin embargo, la Ley no lo estipula así.  Por el contrario, define los requisitos académicos a satisfacer y deja la selección de los estudiantes que integrarán el Consejo en manos de las autoridades universitarias.  Al parecer, la confusión surge debido a que el Reglamento de la Ley habla de elecciones, pero claramente que la Ley prevalece sobre el Reglamento.  Lo que procede ahora es que la UNAH reforme el Reglamento para que refleje fielmente el espíritu de la ley y así terminar con la controversia.  Sin embargo, y viendo más allá de los aspectos legales y formales, cabe preguntar si tiene o no sentido establecer como requisito la elección de los candidatos estudiantiles, y más aún, si tiene o no sentido la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la UNAH.  Veamos que nos dice la experiencia y el sentido común al respecto.

OTRA CUMBRE

El recién pasado fin de semana n se reunieron  los presidentes de los países de nuestro continente  en Cartagena, Colombia, en otra cumbre más.  En esta ocasión, y aunque no está en la “agenda oficial” de la cumbre, discutirán la fallida lucha contra las drogas que por años ha impulsado Estados Unidos, y la propuesta para despenalizar las drogas.  Nadie espera cambios radicales en la política vigente, pero al menos, gracias a los presidentes Santos y Pérez Molina, se comenzará un nuevo diálogo y eso permite alimentar las esperanzas.  Como ha sido demostrado reiteradamente, en el Oriente Medio y otros lugares, la Administración Obama ha abdicado el liderazgo y se caracteriza por seguir, en lugar de encabezar, la lucha por el cambio.  Por tal razón, y porque la actual estrategia para combatir las drogas desangra solo a nuestros países, no debemos esperar cambios inmediatos.  Sin embargo, debemos continuar en la lucha para que se adopte una política racional y que tenga visos de éxitos.  Para nosotros se trata, literalmente, de un asunto de vida o muerte, de sobrevivir como estado de derecho, o de convertirnos en un estado fallido, en un narco estado.

DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS

El Presidente de Guatemala, don Otto Pérez Molina, ha planteado la despenalización de las drogas, y, según las encuestas, esa propuesta goza  de mucho respaldo popular en Guatemala.  Pero, ¿será que don Otto ha encontrado una solución a nuestro más grave problema, o estamos frente a una ilusión?  Me parece que se trata de lo segundo, aunque reconozco que es difícil juzgar la propuesta debido a la falta de información en cuanto a los detalles de la misma.  Permítanme explicar mi posición.

En primer lugar la despenalización podría darse en toda la región, abarcando a todos los países, ya sean estos productores, consumidores o traficantes de drogas, o podría darse solamente en la región centroamericana.  Supongamos, para comenzar, que se restringe y se aplica solamente a Centroamérica.  En ese caso, caben dos alternativas.  Se despenaliza solamente el consumo de las drogas, o se despenaliza también el tráfico de drogas.  Si se hace solo lo primero, entonces el tráfico continuará siendo ilegal y la violencia por el control del nefasto negocio continuaría igual, ya que la situación en Estados Unidos no habría cambiado y la actividad criminal e ilícita continuaría siendo muy lucrativa.  En otras palabras, lo que lograríamos al despenalizar solo el consumo sería que se incremente el número de personas adictas en la región y que la violencia mantenga, o aumente, su nivel en nuestros países.  Al no disponer de los medios para brindar rehabilitación y servicios médicos para los adictos solo habremos agravado nuestra triste situación sin haber logrado ningún beneficio.

Supongamos ahora que se despenaliza no solo el consumo, sino que también el tráfico de drogas y que eso solo ocurre en nuestra región.  Nuevamente, el tráfico seguiría siendo muy rentable ya que en el mercado de los consumidores no se procedería a despenalizar.  Por tanto la lucha por el control del tráfico continuaría igual, generando la misma violencia que ahora.  La única diferencia sería que los traficantes, salvo que se les compruebe la participación en otros delitos penados por la ley, como el homicidio, por ejemplo, pasarían a ser respetables miembros de nuestra sociedad.  Eso implicaría que pueden colocar sus grandes fortunas en nuestros bancos, invertir en bienes y servicios, y participar como cualquier otro en nuestra economía.  Si bien algunos pensarán que eso vendría a mejorar nuestra maltrecha economía, también implica que podrían participar abiertamente, y contribuir sin tapujos, en nuestras campañas electorales, hasta eventualmente apoderarse  del gobierno.  Algunos nuevamente dirán que eso ya ocurre y posiblemente tengan razón.  No obstante, en estos momentos su participación en nuestra política es ilegal y rechazada por la población.  Si se despenalizara el tráfico de drogas la participación de los capos en la política sería legal y no habría razón para que la sociedad la rechazara.  La aprobación, o el rechazo, por parte de la sociedad es un valioso instrumento que no debe ser entregado o alienado sin una poderosa razón.  Es el último bastión de defensa con que contamos.

Cabe, por supuesto, que la despenalización del consumo y el tráfico sea adoptada en todo el continente, y en ese caso la idea tendría mérito.  En efecto, si los países consumidores, particularmente Estados Unidos, decidieran despenalizar tanto el consumo como el tráfico, y trataran el tema como uno de sanidad nacional, entonces el precio de la droga colapsaría y dejaría de ser un negocio sumamente rentable.  Sucedería algo similar a lo que ocurre con el tabaco y el alcohol, donde consorcios internacionales manejan esos negocios sin recurrir a la violencia.  Me parece que en ese caso, y solamente en ese caso, la despenalización tendría sentido.

Lamentablemente, parece poco probable que Estados Unidos adopte esa decisión.  De hecho, ellos no ven un problema en el consumo y el tráfico de drogas.  Ni siquiera es un tema que se mencione en la campaña presidencial y congresional en curso.  No es un asunto al que le concedan prioridad, al igual que ocurre con todos los temas de interés para América Latina.  En estos momentos se da una total desconexión entre nuestras prioridades y las de Estados Unidos.  Siendo esto así, lo único que nos queda es que nos apoyen para que los traficantes encuentren otras rutas más baratas y menos difíciles para llevar su mortífero cargamento a Estados Unidos.  Que nos apoyen para dificultar el ingreso de las drogas a nuestro país y que el problema afecte a otras naciones y no a nosotros.  Por supuesto que esas otras naciones luego presionarán para que se les ayude a evitar que las drogas ingresen a sus países, lo cual eventualmente lleva a que el precio de la droga aumente y a que los capos encuentren el eslabón más débil en la ruta al mercado de Estados Unidos.  Esto también implica que nosotros seguiremos poniendo los muertos, mientras Estados Unidos pone los dólares.  Triste situación para todos nuestros países.

Al final, debemos agradecer a don Otto porque su propuesta puede, y debe, servir para que todos nuestros países presenten una posición unida frente a Estados Unidos exigiendo que tomen medidas para enfrentar el consumo en su país.  Solamente así lograremos resolver esta maldición.  Si eso se hace, si mantenemos una posición conjunta y congruente, tendremos alguna esperanza que el problema se resuelva, y si eso se da, mucho tendremos que agradecer al señor Presidente de Guatemala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La idea de crear un Tribunal Constitucional ha retornado al diálogo de los políticos, demostrando, una vez más, que sus prioridades están totalmente divorciadas de las prioridades de la población.  Mientras la nación se desangra, mientras la ciudadanía vive atemorizada y amenazada por la violencia y delincuencia, y mientras el pueblo siente el impacto del desempleo y del alza en el costo de la vida, los políticos se enfrascan en discusiones bizantinas.  Pero, además de ser este tema absolutamente irrelevante desde la perspectiva del ciudadano, me parece que percibo una seria amenaza a nuestra institucionalidad, a nuestro “contrato social”, como diría Rousseau.  Permítanme explicar por qué.

Nuestro sistema de gobierno, desde el momento de nuestra independencia, es presidencial y republicano.  Nuestros próceres decidieron replicar el sistema que pusieron en vigencia, por primera vez en la historia, los líderes de la independencia de Estados Unidos.  Ese sistema, además de presidencial y republicano, se basa en la independencia de los tres poderes del Estado y en un mecanismo de pesos y contrapesos que busca evitar que un poder del Estado subordine a los otros.  Nuestras diferentes constituciones siempre han optado por tres poderes, independientes, pero complementarios, y sin sometimiento del uno a los otros.  Esos tres poderes son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, cada uno con su área de competencia según la define la constitución.

El Poder Legislativo promulga las leyes y al Poder Judicial le compete aplicarlas a cada caso en particular.  A diferencia del sistema anglo-sajón, nuestro Poder Judicial no crea nueva legislación, sino que tan solo aplica la que promulga el Legislativo.  Entre otras tareas le compete al Poder Judicial decidir si las leyes promulgadas por el Legislativo, y los acuerdos y decisiones del Ejecutivo, son compatibles con la constitución, es decir, si son o no constitucionales.  Claramente que en el sistema de pesos y contrapesos esto debe ser así, ya que si la decisión fuera del Legislativo, entonces, por definición,  ninguna ley por ellos promulgada podría ser inconstitucional, y lo mismo puede decirse del Ejecutivo cuando juzga sus propios actos.  En términos más claros, no se puede o debe ser juez y parte.

Cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, nuestro contrato social implícitamente confiere a los Magistrados el don de la infalibilidad, no porque sean infalibles, sino por razones puramente prácticas.  Si no fuera así, las decisiones de la Corte tendrían que ser apelables ante otra instancia, pero las decisiones de esa otra instancia tampoco tendrían que ser infalibles e inapelables.  La única forma de evitar que este proceso se repita ad infinitum radica en acordar, como lo hemos hecho en nuestro contrato social, que en lo secular y en los asuntos del Estado, las decisiones de la  Corte Suprema, u otra institución, serán consideradas infalibles e inapelables.

Eso no quiere decir que en efecto los Magistrados adquieren el don de la infalibilidad cuando son nombrados.  Seguramente que sus decisiones serán frecuentemente criticadas y muchos pensarán que hasta son equivocadas, pero nuevamente, lo que hemos acordado, lo que hemos pactado, lo que sustenta nuestra forma de gobierno es que, nuevamente en temas seculares, la opinión de la Corte es la última palabra.  Es inapelable y definitiva.  Sostener lo contrario es simplemente promover el cambio de nuestra forma de gobierno, sometiendo un poder a los otros.

Habrá quienes arguyan que la Corte es juez y parte cuando juzga temas de constitucionalidad, lo cual me parece difícil de probar, y en todo caso lo mismo podría decirse del Tribunal Constitucional.  De hecho, en lo referente a los recientes fallos de la Corte, o en lo concerniente a los recursos que se le han planteado, ninguno cae en este ámbito.  En ninguno de ellos puede decirse que la Corte es juez y parte.  Es, por supuesto, posible, o probable, que algunas decisiones de la Corte no sean del agrado de los otros Poderes del Estado, pero esa no es razón para criticar la Corte.  En general, en cada fallo de un tribunal de justicia, una parte pensará que la decisión fue correcta y alabará al tribunal, pero la otra parte dirá que el fallo fue incorrecto y criticará al tribunal.  Sin embargo, esa es la naturaleza de la labor del Poder Judicial.  Les resulta imposible quedar bien con ambas partes litigantes, y no por eso deja su labor de ser válida, legítima y necesaria para la vida republicana.

A mi juicio, lo que ocurre es que a nuestros políticos no les termina de agradar la independencia de la Corte.  Después de todo, a partir de la participación de la Junta Nominadora, todas las Administraciones, incluyendo la Administración Flores y excluyendo a la Administración Maduro, han tenido enfrentamientos con la Corte.  El propuesto Tribunal Constitucional tan solo representa una medida por recuperar el poder del Sistema Judicial por parte de los políticos.  Tan es así que me atrevo a pensar que en la propuesta que consideran en el Poder Legislativo los magistrados de ese Tribunal serían nombrados directamente por el Poder Legislativo, sin participación alguna de la sociedad o de una Junta Nominadora.   De esa manera se aseguran el control del Tribunal.

Ojalá que yo esté equivocado y no se trate de un esfuerzo de los políticos por volver a tomar el control del Poder Judicial, ya que eso significaría un gran y peligroso retroceso en nuestro desarrollo institucional.  Ya no solo habríamos abandonado el espíritu innovador y reformista que imperó cuando el ahora Presidente Lobo presidió el Congreso Nacional, sino que estaríamos frente a la contra-reforma.  Ojalá que esté equivocado, que las aguas retornen a sus cauces, y que los políticos se dediquen a resolver los problemas que agobian a la población.

Conquistas

En nuestro país la dirigencia sindical cree firmemente en el concepto de “conquistas”, término que usan para defender los beneficios extraordinarios, y muchas veces injustificables, que obtienen frecuentemente.  Según su teoría, las “conquistas” son irrenunciables y permanentes.  Además, sirven para establecer el piso de las relaciones a futuro, ya que, según ellos nuevamente, sus negociaciones solo pueden resultar en mejorar lo que ya tienen.  Pero, ¿será esto razonable?  ¿Será cierto que la magnanimidad extraordinaria, por no decir irresponsable, de algunos políticos, no puede ser revertida si las circunstancias así lo demandan? 

Para comenzar, cabe preguntarse de donde proviene esta idea de “conquistas”.  Ciertamente no del mundo anglosajón, donde reina supremo el pragmatismo y el realismo.  Ellos entienden muy bien que lo que se obtiene en buenos tiempos puede perderse en los malos tiempos.  A nadie, incluidos los trabajadores, sorprende eso.  Hay quienes dicen que el concepto de “conquistas” proviene de las economías europeas, más bondadosas y humanas, y donde impera el “estado benefactor”.  ¿Pero será que la realidad se impone aún en esos países?  Veamos que sucede actualmente.

Refiriéndose a la situación por la que atraviesa Grecia, el editorial de La Nación (Costa Rica) decía lo siguiente el pasado 27 de febrero: “¿Por qué llegó Grecia a una situación tan precaria?  Para responder hay que remontarse décadas atrás.  Las reivindicaciones de los trabajadores y los servidores públicos nunca se correspondieron con su baja productividad ni con los ingresos reales; la economía privada no podía competir con semejantes cargas sociales ni desenvolverse con las rígidas regulaciones del mercado laboral (era demasiado oneroso contratar y despedir empleados).  Tampoco podía generar suficientes fuentes de empleo para acomodar la demanda de trabajo ni enfrentar la competencia extranjera.  Entonces el sector público se convirtió en el gran empleador, absorbiendo casi el 50% de la fuerza laboral y otorgando generosas condiciones de trabajo y pensiones.  Y ahí, de nuevo, la clase política fue históricamente incapaz de contener las causas del desastre.”

Como resultado de la tragedia griega, las autoridades se ven ahora obligadas a corregir los excesos populistas e insostenibles del pasado.  En efecto, han reducido los salarios de los trabajadores y sus pensiones, han incrementado la edad de retiro, y han bajado el salario mínimo en más del 20%.  Es obvio que han decidido que las “conquistas” en el mejor de los casos son perdurables, o efímeras, y que lo que hoy se da, puede retirarse mañana.  Se endeudaron hasta la coronilla para financiar un nivel de vida irreal e insostenible, y ahora, aunque sus acreedores les condonen la mitad de la deuda, tienen que revertir las soñadas “conquistas”.  Al final del camino, la realidad se impone, por mucho que duela.  Y el dolor griego es profundo.  Además de la desaparición de las conquistas, el desempleo crece rápidamente y el nivel de vida bajará súbitamente a niveles más congruentes con la realidad de la competitividad y la economía griega.

España igualmente ha tenido que adoptar medidas draconianas que también implican revertir “conquistas”.  Después de todo, el desempleo total ya ronda el 20%, y el desempleo de las personas menores de 25 años llega al 50%.  En efecto, las nuevas generaciones enfrentan un futuro sin futuro.  Afortunadamente la situación española no es tan grave como la griega, pero aún así tendrán que tomar decisiones muy difíciles que producirán mucho dolor.

Y de nosotros, ¿qué puede decirse?  De todos es sabido que recientemente hemos tenido que endeudarnos para pagar los gastos corrientes del gobierno, que principalmente reflejan el peso de los salarios.  

Lamentablemente dos gobiernos liberales le causaron un grave daño a la economía del país al haber aprobado sendos estatutos para médicos y maestros.  A nadie debe sorprender que endeudarnos para pagar gasto corriente no sea sostenible, y por tanto tarde o temprano también se impondrá la realidad, por muy dolorosa o desagradable que sea.  La única forma de evitar esto será que nuestra economía sea más competitiva y vuelva a crecer al seis o siete por ciento anual, cosa que por ahora parece muy poco probable.

En resumen, el concepto de “conquistas” irreversibles es más una manifestación de cómo deseamos que sea el mundo, y no un reflejo de la realidad.  Lo que ocurre en Europa,  y particularmente en Grecia, pone de manifiesto que dichas “conquistas” son clara y totalmente reversibles.  Ojalá que entendamos eso y comencemos a tomar las medidas pertinentes para que nuestros gastos sean congruentes con nuestra realidad, incluyendo la revisión, o derogación de los estatutos.  Si no lo hacemos así, tarde o temprano (y probablemente temprano) tendremos que hacer ajustas más profundos y dolorosos.  La decisión es nuestra. 

REFORMAS ELECTORALES

Cada cuatro años, cuando se aproxima el ciclo electoral se debate la conveniencia de adoptar ciertas reformas políticas, supuestamente para volver más incluyente y legítimo el proceso electoral.  A mi entender, las reformas pueden ser clasificadas en dos grupos, las reformas políticas, es decir aquellas que responden a las aspiraciones de la ciudadanía, y las reformas politiqueras, es decir, aquellas que responden exclusivamente a los intereses de los políticos.  Es evidente que las importantes son las reformas del primer grupo, pero lamentablemente las que típicamente se debaten son las del segundo grupo.  Permítanme explicar en más detalle.

Comencemos por establecer cuál debe ser el propósito de una reforma política.  En general, el propósito debe ser el mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de parte de los actores políticos.  Esto implica impulsar reformas que fortalezcan los lazos entre el representante y los representados, y por ende debilitar los vínculos entre el representante y los jefes políticos de los partidos.  En pocas palabras, que el representante, sea diputado o alcalde o regidor, se sienta más obligado con quienes votamos por él o ella, que con los jefes políticos de los partidos.  Esto, por supuesto, implica a su vez debilitar el poder de los políticos y fortalecer el del elector, de la sociedad y del pueblo.  Por esta razón, este tipo de reforma es adversado por los políticos profesionales y solo se da cuando el pueblo las reclama e impulsa, o cuando llega al poder un estadista visionario, cosa que solo ocurre excepcionalmente.

Algunas de las reformas que han sido enarboladas en Honduras, como la elección  de diputados o alcaldes de tal forma que no coincidan con las elecciones presidenciales, no contribuyen en absoluto a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.  Esta, por tanto, merece ser clasificada como una reforma politiquera que tan solo responde al interés de algunos políticos.  Es una copia del sistema estadounidense que ignora que en ese sistema la transparencia y rendición de cuentas se da mediante el uso de distritos electorales uninominales.  Una vez tomada la decisión de establecer distritos uninominales, que es la verdadera reforma política, entonces podría considerarse celebrar elecciones cada dos años (que a mi juicio solo contribuiría a exacerbar el gasto en propaganda electoral y a sumirnos en un clima continuo de propaganda y efervescencia politiquera).

Las verdaderas reformas políticas por tanto son aquellas que fortalecen el poder de la ciudadanía y debilitan el poder de los políticos profesionales.  Estas incluyen la elección por distritos electorales uninominales para los diputados y para los regidores, la prohibición a que el Presidente del Congreso pueda, mientras ocupa ese cargo, aspirar a la Presidencia de la República, y a la reforma del Tribunal Supremo Electoral para que sea dirigido por magistrados propuestos por una comisión nominadora de la sociedad civil.  Estas tres reformas cambiarían radicalmente el sistema político hondureño y permitirían que florezca un verdadero sistema democrático.

Por supuesto que el proceso de reforma no termina allí.  Habría que además modificar el Reglamento Interno del Congreso para eliminar el poder irrestricto que tiene su presidente y así democratizar ese organismo.  Es irónico que el Congreso, supuestamente la máxima expresión de nuestra democracia, sea una tiranía, sin transparencia y sin rendición de cuentas.  Es el único órgano del Estado que no desglosa su presupuesto, que no rinde cuentas sobre su uso y que nunca ha sido auditado.

Finalmente, habría que involucrar a la sociedad en las decisiones más importantes del país, por medio de juntas nominadoras, por ejemplo, en la selección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de la Comisión de Fomento a la Competencia, de la Comisión de Acceso a la Información, del Banco Central, Comisión Supervisora de Bancos, CONATEL, Comisión de Energía, y otras tantas organizaciones que hemos creado.  Además de fomentar la transparencia y rendición de cuentas, esto reduciría la corrupción y eliminaría el nombramiento de personas ineptas en cargos públicos simplemente por politiquería.

Entiendo que nada de esto será fácil porque implica reducir el poder de los políticos profesionales, pero en cualquier caso debemos entender cuáles son las reformas políticas y cuáles las politiqueras.  De otra manera, nos arriesgamos a que nos den atol con el dedo.  Todos recordamos las reformas positivas que lideró el Presidente Lobo cuando fue Presidente del Congreso.  El sistema abierto con fotografía para la elección de diputados se lo debemos a él.  Por esa razón cabe abrigar la esperanza que el continuará propiciando las reformas políticas y no las politiqueras.  Si lo hace, la historia se lo reconocerá.  Caso contrario, habremos dilapidado otra oportunidad para democratizar y modernizar nuestra nación.

CELEBRACIÓN

La semana pasada comenzó mal, pero terminó bien.  De hecho, debemos celebrar y felicitar a los diputados y al Ejecutivo.  La salida del Cuerpo de Paz de Honduras fue una muy mala noticia que se dio a inicios de la semana y que confirma, ante el resto del mundo, que Estados Unidos nos ve como un país muy peligroso para la visita o permanencia de sus ciudadanos.  No cuesta mucho imaginar el impacto que esta decisión tendrá sobre el turismo y la inversión extranjera.  Esa noticia fue un duro golpe al país, pero tal vez haya servido para que los políticos despertaran y comenzaran a tomar las medidas que el pueblo reclama.  Es difícil no pensar que esa decisión motivó, al menos parcialmente, la reforma constitucional que permitirá la extradición de los narcotraficantes y de quienes financien el terrorismo.

Esa reforma constitucional marca un hito muy importante y debemos felicitar a los diputados por haberla tomado.  Sin embargo, hubiera sido preferible una reforma que también permita la extradición por otras razones.  Por ejemplo, resultará difícil que el país se niegue a extraditar a una persona acusada de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional para que sea juzgada en dicha Corte.  Es evidente que no habría defensa posible frente a la comunidad internacional y que, al igual que ahora, la presión nos hará capitular.  De cualquier forma, la reforma recién aprobada, y que deberá ser ratificada en la siguiente legislatura, es un buen paso en la dirección correcta, que permitirá avanzar en la lucha contra el narcotráfico.  Seguramente que Alfredo Landaverde aprobaría esta reforma, y de hecho la reforma puede verse como un homenaje póstumo a Alfredo.

Igualmente resulta alentador saber que se ha decidido no ampliar el contrato de SEMEH.  Cuando nació ese tristemente célebre contrato en la Administración Flores, escribí un artículo criticándolo por innecesario, costoso y por haberse otorgado sin que mediara una licitación pública internacional.  El tiempo ha demostrado que tenía razón.  El contrato se venció hacia el final de la Administración Maduro, pero infortunadamente el Congreso decidió, unilateralmente, prorrogarlo por seis años más.  Ahora llega a su fin, y al parecer, no habrá ampliación.  Muy buena noticia, aunque lamentablemente llega tarde.  Después de diez años de vigencia el contrato no ha producido beneficios para la ENEE, ni para los consumidores, pero si cuantiosas ganancias para los dueños del contrato.  En efecto, se ha dado una importante transferencia de recursos de los clientes de la ENEE a los accionistas de la empresa.  Al final, y como diría mi madre, es mejor tarde que nunca.

Ahora habrá que encontrar al sustituto de SEMEH, para lo cual se ha propuesto que los empleados de la ENEE constituyan una cooperativa y que se les otorgue el contrato a ellos, lo cual es una buena idea, excepto que deberían competir con otros en una licitación pública internacional.  De otra forma, ¿cómo se puede establecer un precio razonable por los servicios prestados?  Si se usa el contrato de SEMEH como referencia, ¿qué garantía tenemos de que lo que se cobraba en ese contrato es razonable?  Después de todo, y como he mencionado antes, ese contrato no nació de una licitación pública.

De cualquier forma, y antes de tomar esa decisión, se debe analizar si en realidad el servicio que prestaba SEMEH es necesario.  La telefonía celular nos ha demostrado el éxito del prepago y el mismo sistema puede usarse en el sector eléctrico.  Si se contara con medidores de prepago, la lectura y facturación serían actividades innecesarias.  Su eliminación redundaría en ahorros a la ENEE que podrían reflejarse en la tarifa.  Además, se volvería innecesario exigir un depósito a los clientes y de hecho la ENEE debería devolver los depósitos que tiene de sus clientes.  Finalmente, cesarían los reclamos por lecturas erróneas, lo cual también redundaría en ahorro para la ENEE.  Claramente que en este caso sería fundamental contar con medidores bien calibrados, lo cual debería ser responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía, con participación de representantes de los consumidores.  En el caso de los usuarios grandes, estos deberían contar con telemedición, y de hecho algunos ya la tienen.  En resumen, la tecnología indica que la lectura tradicional de medidores, así como la facturación, tienen una vida útil limitada y que luego pasarán a ser actividades obsoletas.  Medidores de prepago y la telemedición para los clientes grandes debería ser la meta para la ENEE, y la contratación de una empresa para sustituir a SEMEH debería ser tan solo un paso temporal y de corta vida para implantar la solución definitiva.

En resumen, la semana recién pasada fue una buena semana para los hondureños.  Celebremos y demos a César el mérito que le corresponde.  Resta, por supuesto, que se depure la policía con participación de instituciones internacionales (y no solo de personajes internacionales) y que se amplíe el ámbito de competencia de la policía municipal.  Sigamos insistiendo.  Lo acontecido la semana pasada debe alentarnos para continuar en la lucha.

SALARIO MÍNIMO

Anualmente presenciamos el espectáculo que rodea la fijación del salario mínimo.  Es una de las pocas oportunidades que tienen los dirigentes sindicales para mostrar su peso y justificar su existencia.  Por tanto, esos dirigentes se oponen a una fijación automática del salario mínimo, ya que eso les restaría protagonismo y hasta cuestionaría su necesidad.  Este año al menos se ha logrado fijar el alza por varios años, lo cual es un avance importante que debemos aplaudir.  Sin embargo, cabe preguntar: ¿es la fijación del salario mínimo una prioridad para Honduras?  ¿Produce solo beneficios u ocasiona daños?  Si ocasionara daños, ¿estamos seguros que los beneficios superan los daños?  Las respuestas a estas interrogantes no son tan claras y contundentes como las lectoras podrían suponer.  Permítanme explicar por qué.

En primer lugar, parece razonable suponer que la medida, es decir, al alza del salario mínimo, sería positiva si los beneficiados fueran más que los afectados negativamente.  A algunos lectores les podrá parecer extraño que un alza al salario mínimo afecte negativamente a algunas personas, pero en efecto así es.  Esto ocurre porque el alza hace menos atractiva la creación de empleos formales, ya que la operación de una nueva empresa resulta ser más cara.  Los inversionistas optan por invertir en otro país, o deciden automatizar más sus operaciones, lo cual genera menos puestos de trabajo.  Si en Honduras no hemos logrado emplear a todas las personas que año a año se suman a la fuerza laboral, entonces cualquier medida que afecte la generación de empleo tiene un impacto negativo.

Sin embargo, el impacto negativo sobre la generación de empleo se da también por otra vía.  Aquellas empresas que pueden reubicar sus operaciones, tarde o temprano lo harán para reducir sus costos.  Si no me equivoco, en estos momentos el salario mínimo hondureño es casi el doble del nicaragüense, sin que la productividad de nuestra mano de obra sea el doble de la nicaragüense.  Resulta entonces evidente que más y más empresas se reubicarán a Nicaragua, ya que las ventajas de permanecer en Honduras (básicamente la cercanía a Puerto Cortés) no compensarán la diferencia en el costo de la mano de obra.  En resumen, el alza en el salario mínimo reducirá la generación de nuevos puestos de trabajo y además llevará al cierre de algunas empresas.  Ambos factores impactarán negativamente a los hondureños.

Por otro lado, si el sector informal es grande, como ocurre en nuestro caso, la situación se complica aún más.  Recordemos que en dicho sector los trabajadores no reciben el salario mínimo, ni el pago de vacaciones, horas extras, auxilio de cesantía, seguro social, etc.  Nuestros desempleados, y quienes faenan en el sector informal, son quienes más necesitan de nuestro apoyo y atención y a la vez son los olvidados e ignorados, particularmente en la fijación del salario mínimo.  Pareciera por tanto razonable suponer que la batalla contra el desempleo y la informalidad debería ser nuestra primera prioridad, y que la fijación del salario mínimo debería hacerse considerando el impacto que tendrá en ambos.  En el párrafo anterior nos referimos al impacto negativo que el alza en el salario mínimo tiene sobre el desempleo, y resulta que lo aumenta.  Lo mismo ocurre con el sector informal.  Cada vez que sube el salario mínimo se vuelve más difícil que quienes laboran en el sector informal puedan lograr un puesto de trabajo en el sector formal.

No cabe duda que quienes trabajan en el sector formal disfrutan de mejores condiciones de trabajo que quienes están desempleados o sobreviven en el sector informal. Siendo esto así, pareciera que quienes están en peor situación debieran ser nuestra prioridad.  Esto no quiere decir que no debe aumentarse el salario mínimo; sin embargo, previo a tomar una decisión se debería contar con una medición del impacto que dicho aumento tendrá sobre la generación de empleo y sobre el crecimiento del sector informal.

No perdamos de vista que, al menos en el pasado reciente, la falta de empleo (a la cual contribuye el alza en el salario mínimo) ha propiciado la migración de nuestros compatriotas a otros países, especialmente hacia Estados Unidos.  La migración se ha convertido en la variable de ajuste, en la válvula de escape a nuestras políticas equivocadas.  Sin embargo, cada día es más difícil migrar y eso implica que habrá más jóvenes desempleados en nuestro país, con el consecuente deterioro del clima social y de la seguridad ciudadana.

Al final, como en muchos otros casos, hemos optado por sacrificar los intereses de los más pobres y desprotegidos por privilegiar a otros que disfrutan de mejores condiciones simplemente por razones políticas.  Después de todo, los grupos organizados presionan y hacen ruido.  La pena es que sucumbamos ante la presión de esos grupos sin siquiera debatir los temas racional e inteligentemente.  Lo más irónico del caso es que el llamado “salario mínimo” no es el salario mínimo que se paga en el país.  Si lo duda, pregunte a los desempleados o a quienes tienen que laborar en el sector informal.

INPREMA

En mi última columna del año pasado ofrecí referirme al tema del INPREMA, y ahora cumplo con lo prometido.  En resumen, los estudios actuariales demuestran que la situación del INPREMA es insostenible, y que, peor aún, si todas las personas que cumplen con los requisitos para acogerse a una pensión optaran por hacerlo, el INPREMA caería en la insolvencia.  En pocas palabras, no contaría con los recursos necesarios para pagar las pensiones de todos los pensionados.  Se trata, por tanto, no de un tema académico y cuyas consecuencias podrían afectarnos dentro de varias décadas, si no de un problema urgente que puede afectarnos negativamente a todos.  Al final, la pregunta es si las consecuencias de este desastre administrativos deben asumirlas los beneficiarios del sistema, o si el resto de nosotros, los hondureños que nada tenemos que ver en este descalabro, debemos pagar los platos rotos.  De más está decir que los dirigentes magisteriales, acostumbrados a pasarle la factura al pueblo, una vez más quieren que el gobierno, es decir, el resto de nosotros, carguemos con esta cuenta, y si no alzamos nuestra voz, seguramente que así será.  Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto?  Permítame, estimada lectora, tratar de explicar la génesis y la evolución del problema.

Los sistemas de pensión tradicionales (a diferencia de los nuevos sistemas originados en el modelo adoptado por Chile en los últimos 20 o 30 años) se basan en que las pensiones de los retirados se pagan con las contribuciones de quienes todavía están empleados y contribuyen al sistema.  Hay cinco variables fundamentales que determinan la viabilidad del sistema.  La relación entre el número de pensionados y el número de empleados (contribuyentes activos), el monto de las contribuciones de los empleados, el monto de las pensiones, la edad de retiro y la longevidad de los retirados.  Resulta evidente que entre más alta sea la relación entre retirados y contribuyentes activos, menos viable será el sistema.  Para ilustrar, si se supone que la aportación de cada contribuyente es igual a mitad de la pensión que recibe cada retirado, entonces claramente que el sistema caerá en la insolvencia si el número de retirados es más que la mitad del número de contribuyentes.  Esta situación se complica aún más si el monto de las contribuciones es bajo y el monto de las pensiones es alto.  Igualmente, el problema se agrava si la edad de retiro es baja (ya que más personas pueden acogerse al retiro) y si la longevidad de los pensionados se incrementa.  Todas estas variables son tomadas en cuenta para determinar los montos de las contribuciones, los montos de las pensiones y la edad de retiro.  Los cálculos se basan en premisas empleadas en cuanto a la relación entre contribuyentes y pensionados y en cuanto a la longevidad de los pensionados.  Como se trata de supuestos y premisas, resulta evidente que los cálculos de las contribuciones, de las pensiones y de la edad de retiro deben ser revisados periódicamente para asegurar la viabilidad del sistema.  Esto es precisamente lo que ha ocurrido en varios países europeos, donde el principal impulsor de la revisión ha sido el notable incremento habido en la longevidad de las personas.  Claramente que las contribuciones y las pensiones serán diferentes si los pensionados viven, en promedio, cinco años más después de su retiro, que si viven diez o quince años más.

El caso del INPREMA es afectado por todos estos factores.  La expectativa de vida de los hondureños ha venido creciendo con el paso del tiempo.  Este factor haría necesaria la revisión de las contribuciones, las pensiones y la edad de retiro.  Sin embargo, en el caso nuestro la situación se ve agravada por la incompetencia en la administración del INPREMA.  Con las excepciones del caso, los políticos y los dirigentes magisteriales han acelerado el deterioro del INPREMA.  En realidad, la responsabilidad recae casi exclusivamente en los dirigentes magisteriales ya que los políticos no pueden actuar sin la aquiescencia de dichos dirigentes.  Se ha tratado de un contubernio maligno que ha redundado en el debilitamiento del INPREMA, y por esa razón, entre otras, resulta justo que el problema sea resuelto sin afectar a los hondureños que no tenemos participación en el tema.  Sería una tremenda injusticia que quienes ni siquiera tienen acceso a un plan de retiro, es decir, la mayoría de nuestra población, vea que los impuestos que pagan son usados para beneficiar a los privilegiados maestros y para solucionar un problema generado por la dirigencia magisterial.

Para concluir, cabe enfatizar que el propósito de un plan de pensiones es precisamente financiar las pensiones de los participantes.  Su propósito no es financiar planes de vivienda, ni préstamos personales.  De hecho, en otros países se restringe el tipo de inversiones que puede hacer un fondo de pensiones y solo se permite que hagan las inversiones más seguras, las cuales no incluyen proyectos de vivienda, ni préstamos personales.  En nuestro país, los dirigentes magisteriales y algunos políticos han favorecido ese tipo de actividades porque, según ellos, eso les genera simpatía entre sus agremiados, particularmente cuando los contribuyentes numéricamente son más que los pensionados.  Según ellos, esos proyectos tienen tasas de retorno más altas que las inversiones más seguras, pero olvidan que el retorno tiene una relación directa con el riesgo.  Cuando los préstamos para vivienda o los préstamos personales caen en mora, los sacrificados, por supuesto, son los pensionados.  No resulta difícil ver como estas actividades populistas terminan sepultando el plan de pensiones.

Todavía resta por ver si la legislación aprobada por el Congreso se ciñe a lo que fue propuesto por la Comisión Interventora.  A mi juicio, las nuevas autoridades del INPREMA deberían resultar de un concurso de méritos que promueva una Junta Nominadora de la Sociedad Civil.  Si la selección de las autoridades se deja en manos de políticos y dirigentes magisteriales habremos ganado una batalla, más no la guerra.  Ojalá que por lo menos en esta ocasión el Congreso haya hecho bien su trabajo.